La causa investiga 22 hechos de estafa, en los que afiliados y particulares realizaron pagos para ser incluidos en listados confeccionados por ATE Ushuaia con la promesa de acceder a viviendas. El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) sólo verificaba requisitos, mientras que la operatoria quedaba en manos del sindicato, en un esquema heredado del gobierno de Rosana Bertone que delegaba la política habitacional en asociaciones sindicales y sociales.
El fiscal sostiene que Córdoba no podía desconocer la maniobra, ya que incluso realizó gestiones administrativas ante el IPV y recibió reclamos de afiliados que habían abonado sumas importantes. La investigación calculó un perjuicio de $8.145.000 y cerca de 52 mil dólares, montos percibidos antes de 2018, cuando comenzaron las denuncias.
Además de las estafas, los imputados enfrentan cargos por defraudación mediante administración fraudulenta y falsificación ideológica de documentos. En paralelo, Moscoso Panozo será juzgado por lavado de activos, dado que parte del dinero defraudado se destinó a la compra ilegítima de maquinaria para montar una empresa.
Un capítulo polémico de la instrucción fue la desvinculación de Arana y su esposa de la acusación por lavado, tras acordar con el Gobierno una “reparación integral del daño” mediante la entrega de una retroexcavadora. Esa decisión, avalada por el fiscal Daniel Curtale y el juzgado interviniente, dejó al IPV sin participación en esa parte del proceso, aunque sí actuará como querellante en el juicio principal.
El inicio del debate oral llega luego de que el Tribunal rechazara un pedido de omisión de debate, confirmando así la realización del proceso. La expectativa es alta: se pondrá bajo la lupa el rol de las organizaciones sindicales en la administración de políticas públicas y la responsabilidad de sus dirigentes frente a maniobras que afectaron directamente el patrimonio de cientos de familias fueguinas.
Las disposiciones alcanzan tanto al personal judicial que cumple funciones en el lugar como a las personas que concurran a utilizar el servicio de justicia.
Durante la jornada del debate y los días subsiguientes estará restringido el acceso vehicular y la circulación en las calles que rodean el edificio judicial: 8 de Noviembre, Isla San Pedro, Manuel Garea y Congreso Nacional.
En ese marco, quienes deban asistir a Tribunales deberán tener en cuenta que no podrán utilizar los espacios de estacionamiento ubicados dentro del perímetro afectado por el operativo.
El control y cumplimiento de las medidas de seguridad estará a cargo de efectivos de la Policía Provincial.
