Tierra del Fuego y Tucumán permanecen como las únicas dos provincias de toda la República Argentina que carecen de una Ley de Paridad de Género para sus órganos legislativos. En pleno año 2026, el “Fin del Mundo” sigue anclado en la obsoleta Ley de Cupo del 30% (Ley N° 408), una reliquia de los años noventa que los legisladores supieron transformar, mediante artilugios reglamentarios, en un cómodo techo de cristal para la mitad de la población.
La frialdad de los números: Un reparto asimétrico
La trampa del sistema político fueguino salta a la vista en la composición de su cuerpo unicameral, compuesto por apenas 15 bancas:
* Composición actual: De los 15 legisladores que deciden el destino de la provincia, solo 4 son mujeres (María Laura Colazo, Natalia Gracianía, María Victoria Vuoto y Gisela Dos Santos).
* La brecha: Esto significa un 26.6% de representación femenina, frente a un 73.4% de hegemonía masculina. El piso del 30% fijado por la vieja ley ni siquiera se cumple de forma limpia en el reparto real de las fuerzas, porque las listas se diseñan para que ellas ocupen espacios secundarios de relleno.
Esta realidad no responde a una falta de propuestas, sino a un “efecto embudo” operado por las comisiones parlamentarias. El historial de expedientes es un cementerio de proyectos con perspectiva de género: el Asunto N° 066/21 (Partido Verde), que proponía una paridad integral en los tres poderes, caducó y fue enviado al archivo; la misma suerte corrió el Asunto N° 070/22 (UCR), que buscaba la alternancia secuencial un varón-una mujer en las boletas.
Hoy, el único faro activo es el Asunto N° 032/26, impulsado este año por el bloque Somos Fueguinos, que pretende reformar la Ley Electoral N° 201 para fijar el 50/50 y blindar los reemplazos ante vacantes por género. Sin embargo, el texto duerme plácidamente el “sueño de los justos” en la Comisión N° 1 de Legislación General.
El amargo recuerdo de 2022 y la trampa del municipalismo
El momento de mayor cinismo político se vivió a finales de 2022. Presionada por el colectivo de Paritaristas de Tierra del Fuego, la Legislatura simuló abrir el debate. Hubo audiencias masivas, fotos de consenso y encendidos discursos de apoyo de ministras, secretarias municipales y del propio gobernador Gustavo Melella. Pero las promesas se desvanecieron en la última sesión ordinaria de ese diciembre: a puertas cerradas, los bloques mayoritarios decidieron no firmar el dictamen. La corporación política masculina se abroqueló, con la complicidad de las mujeres funcionales a sus espacios políticos.
El mapa local exhibe una paradoja violenta. A falta de reglas provinciales, las ciudades se salvaron a sí mismas a través de la autonomía de sus Cartas Orgánicas: Ushuaia modificó sus reglas en 2022 implementando una paridad plena y real, aplicando un mecanismo de corrección automática si el voto de preferencia altera el 50/50; Río Grande y Tolhuin exigen paridad al armar las listas, pero el sistema de preferencias permite que los electores releguen a las mujeres, vaciando el Concejo real. Lo que las ciudades conquistan, la provincia lo congela.
El “Efecto Milei” como perfecta coartada
La persistente negativa a tratar la paridad en Tierra del Fuego encuentra ahora un confortable “viento de cola” ideológico en el plano nacional. La gestión del presidente Javier Milei ha llevado adelante un desmantelamiento institucional sin precedentes en materia de derechos políticos de las mujeres, eliminando el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y disolviendo dependencias clave de protección y capacitación.
Este escenario nacional opera en la isla como una perfecta coartada. En un contexto donde desde la cúspide del poder central se califica a la paridad de género y a la discriminación positiva como “privilegios que distorsionan el mérito”, los sectores más conservadores de la legislatura fueguina encuentran la validación discursiva que necesitaban. El debate por la equidad pasó de ser una urgencia democrática a ser etiquetado como una “agenda anacrónica” o “fuera de las prioridades reales”. La impunidad política para archivar estos derechos se ha nacionalizado.
El trasfondo de la resistencia: Una cuestión de supervivencia
¿Por qué los legisladores fueguinos le temen tanto a una ley que rige con normalidad en 22 provincias del país? La respuesta no es ideológica, es de pura supervivencia corporativa.
Al ser una provincia con una legislatura unicameral de apenas 15 miembros, las bancas son un bien escaso y carísimo en la negociación política. Imponer la paridad obligatoria significa, lisa y llanamente, obligar a que la mitad de los dirigentes varones actuales den un paso al costado en las próximas listas. Ninguno está dispuesto a ceder su espacio de poder en pos de la justicia representativa.
Además, temen perder el control de los armados electorales frente al cruce con el sistema de tachas y preferencias, donde figuras femeninas con fuerte tracción territorial podrían desplazarlos por completo.
De cara al año electoral que asoma en el horizonte, la rosca política tiende a cerrarse para blindar a los barones de la política local. Si el Asunto N° 032/26 no es dictaminado en el corto plazo, se encaminará a repetir la profecía de la caducidad parlamentaria.
Mientras tanto, las militantes por los derechos políticos de las mujeres seguirán batallando en los espacios necesarios, inclusive en las calles, recordándole a la dirigencia que una democracia con un 73% de varones en el recinto no es una democracia plena, sino un club de caballeros que legisla de espaldas a su propio pueblo.





