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Trabajadores portuarios rechazan la prórroga de la intervención del Puerto de Ushuaia y advierten que “la paz social se ha roto”

Ushuaia, 19 de noviembre del 2026.- Los trabajadores del Puerto de Ushuaia anunciaron que redoblarán las medidas de protesta tras la Resolución 69/2026 de la ANPYN, que extendió la intervención nacional sin fijar fecha de devolución a la Provincia. Además, apuntaron contra los legisladores fueguinos de La Libertad Avanza.

Los trabajadores portuarios de Ushuaia manifestaron su “más enérgico rechazo” a la decisión del Gobierno nacional de prorrogar la intervención del Puerto, y anunciaron que intensificarán sus medidas de protesta, movilización y lucha. Lo hicieron a través de un comunicado difundido este jueves, en respuesta a la Resolución N.º 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), fechada el 18 de noviembre y firmada por su director ejecutivo, Iñaki Arreseygor.

La resolución extiende la intervención administrativa que la ANPYN dispuso en enero mediante la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial el 22 de ese mes, por un plazo de doce meses prorrogable, y que desplazó de la conducción efectiva a la Dirección Provincial de Puertos. La nueva norma condiciona el final de la intervención a un plan de obras que incluye reparaciones en los sitios 1, 3 y 5 del muelle comercial, el recambio de defensas, la renovación de redes eléctricas y de agua, la adecuación del sistema contra incendios y trabajos sobre el muelle de catamaranes, pero no establece una fecha para devolver la administración a Tierra del Fuego.

En su comunicado, los trabajadores sostienen que la medida “profundiza el conflicto institucional, laboral y social iniciado el 21 de enero de 2026”. Señalaron que la prórroga prolonga “una situación que afecta nuestros derechos laborales, la autonomía provincial y el control de uno de los recursos estratégicos más importantes de Tierra del Fuego”. También recordaron que desde el inicio de la intervención denunciaron el accionar de la ANPYN y la “complicidad de la Prefectura Naval Argentina y del gremio UPSF” en los hechos que, según afirman, permitieron el desplazamiento de trabajadores portuarios de sus puestos.

El texto remarca que durante estos meses sostuvieron su lucha “con firmeza, responsabilidad y convicción”, reclamando la restitución de sus puestos de trabajo, el respeto de sus derechos y la recuperación de la administración provincial del Puerto.

El reclamo a los legisladores de La Libertad Avanza

Uno de los ejes del comunicado es la responsabilidad política de los representantes fueguinos del oficialismo nacional. Los trabajadores afirman que la decisión “no tiene únicamente responsables en el Gobierno Nacional” y que también exige respuestas de los senadores nacionales Agustín Coto y Belén Monte de Oca, los diputados nacionales Santiago Pauli y Miguel Rodríguez, y los legisladores provinciales Luciano Selzer y Natalia Gracianía.

“Su pertenencia al oficialismo nacional no los exime de defender los intereses de Tierra del Fuego”, plantearon, y agregaron que la representación institucional implica actuar en defensa de los recursos provinciales “incluso cuando ello signifique cuestionar las decisiones de su propio espacio político”. En ese marco, exigieron que se pronuncien públicamente sobre la continuidad de la intervención, impulsen los mecanismos institucionales necesarios para recuperar la administración provincial, reclamen una rendición completa de los fondos portuarios y exijan un cronograma concreto para la restitución del Puerto. “La representación de los fueguinos debe estar por encima de cualquier obediencia partidaria”, concluyeron.

“La paz social se ha roto”

El comunicado califica la prórroga como “un punto de inflexión en este conflicto” y es contundente en su advertencia: “Que quede absolutamente claro: con esta nueva prórroga, la paz social se ha roto”. Los trabajadores declararon “agotada la etapa de espera” y anunciaron que redoblarán e intensificarán sus medidas “mediante todas las herramientas sindicales, institucionales y legales a nuestro alcance”.

Además, responsabilizaron políticamente al Gobierno nacional y a las autoridades de la ANPYN. “No vamos a aceptar que se naturalice el desplazamiento de los trabajadores, que se desconozca nuestra trayectoria laboral ni que se avance sobre los recursos que pertenecen a todos los fueguinos”, sostuvieron. Y definieron su postura sobre el Puerto: “No pertenece a un gobierno de turno, a una organización sindical ni a los funcionarios designados desde Buenos Aires. Es patrimonio de Tierra del Fuego”.

Finalmente, convocaron a las organizaciones sindicales, a los trabajadores y a toda la comunidad fueguina a acompañar la lucha “en defensa de nuestros derechos, nuestros puestos laborales y la soberanía provincial”. El comunicado cierra con las consignas “No a la prórroga de la intervención nacional” y “El Puerto es de Tierra del Fuego y lo vamos a defender”, y está firmado por los Trabajadores Portuarios de Ushuaia.

Otros rechazos y un conflicto abierto

La prórroga ya generó otras reacciones políticas. El intendente de Río Grande, Martín Pérez, la rechazó y cuestionó que la resolución no fije un plazo concreto para devolver la administración a la Provincia, mientras que la senadora nacional Cristina López reclamó al Gobierno nacional que precise cuándo devolverá la gestión del Puerto a Tierra del Fuego y pidió explicaciones públicas sobre las obras que fundamentan la continuidad de la intervención.

La intervención fue dispuesta en enero por la ANPYN, que argumentó presuntas irregularidades administrativas y financieras, entre ellas el uso de recursos del Puerto para fines ajenos a la actividad portuaria, y deficiencias de infraestructura. La Provincia respondió con una demanda en la Justicia Federal contra la medida y una cautelar para suspender sus efectos. A casi diez meses del inicio, el Tribunal de Cuentas provincial presentó un amparo por mora para acceder a documentación sobre ingresos, gastos, transferencias y contrataciones de la administración nacional del Puerto, y la Justicia Federal hizo lugar a un amparo que reclama información económica y administrativa de la intervención.

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