De acuerdo con el relato que recogió el Monitoreo de FOPEA, Carrari se desempeñaba desde 2020 y hasta el 13 de julio de este año como asesor del legislador, con tareas de comunicación institucional. Entre sus funciones estaban la administración de las redes sociales del legislador, de Forja Tierra del Fuego y del partido a nivel provincial, la producción de contenidos, la cobertura fotográfica de actividades y la redacción y distribución de gacetillas de prensa. Según indicó la entidad, durante todo ese período nunca recibió sanciones disciplinarias, llamados de atención ni cuestionamientos sobre su desempeño profesional.
En paralelo, desde comienzos de 2026 conducía junto con la colega Noelia Gauna un programa de radio en un medio digital, transmitido por streaming. FOPEA señaló que, antes de comenzar esa actividad, Carrari se lo informó personalmente al legislador Greve y no recibió objeciones ni se le indicó que pudiera resultar incompatible con su trabajo.
El conflicto se desató en julio, cuando Gauna describió al aire las dificultades por el mal estado de establecimientos educativos provinciales y las críticas que eso generaba en los sectores docente y de padres, a lo que Carrari asintió y expresó su deseo de que se resolviera cuanto antes. Para FOPEA, no hubo insultos, agravios ni acusaciones, solo un comentario sobre un tema de interés público. Según el comunicado, esa misma noche se le comunicó que no tenía más su trabajo porque el legislador y el gobernador Gustavo Melella estaban muy molestos por lo dicho en la radio. En un diálogo posterior, el propio Greve le reprochó que no hubiera defendido al aire la gestión provincial.
FOPEA consideró “lamentable y reprochable” que un dirigente político crea que contratar a un profesional del periodismo para una tarea específica implica someter por completo su libertad de opinión, de trabajo y de expresión, “como si dar un empleo fuera comprar a una persona en su integridad”. Advirtió además que el pluriempleo de periodistas es hoy una realidad insoslayable, derivada de lo exiguo de los salarios, que obliga a los colegas a desempeñarse en varios medios o a alternar el periodismo profesional con tareas de comunicación institucional o política, y que esa condición no puede convertirse en un método de presión, adoctrinamiento ni sometimiento.
La entidad sostuvo que ejercer la autoridad, en especial con dineros del Estado, para disciplinar, someter o condicionar la tarea de periodistas profesionales es una práctica reñida con los principios democráticos, que debe ser evitada, denunciada y sancionada por las autoridades. El Monitoreo intentó obtener la palabra del legislador Greve, pero sus consultas no fueron respondidas. FOPEA registró el hecho como un abuso del poder estatal en perjuicio del derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público sin condicionamientos y del derecho a ejercer el periodismo sin restricciones ni represalias.
Nota de la Redacción de Tarde pero Seguro: desde este espacio nos solidarizamos con los periodistas Abel Carrari y Noelia Gauna, y llamamos a la reflexión de los funcionarios electos, quienes deben garantizar que ninguna opinión vertida en el ejercicio del periodismo sea motivo de represalias laborales ni de condicionamientos a la libertad de expresión.





