Entre los presentes estuvieron Carlos Alderete, Silvana Napoleone —abuela paterna, quien reclamó por su nieta junto a su hijo— y Sabrina Rolando. El pedido central del grupo es que la justicia acelere los tiempos de los expedientes, para resguardar lo que consideran el derecho de los menores a sostener el vínculo con sus afectos.
Rolando, madre de tres nenas, contó que no las ve desde febrero, cuando —según relató— “la jueza Marina Montero autorizó al personal policial de la Comisaría Primera, donde yo fui a resguardarme junto a mis hijas, a que usaran la fuerza bruta para que me las arrancaran de los brazos”. Aseguró haber demostrado ante la Justicia que sus hijas “son unas nenas totalmente sanas, que no han sido violentadas”, incluso relevando a su psicóloga del secreto profesional y presentando su historia clínica, informes escolares y libretas de salud. “Aún así ella te dice que como ya inició este proceso, ahora hay que seguirlo”, cuestionó. Sobre las restricciones que pesan sobre los padres involucrados en este tipo de causas, sostuvo: “la jueza se encarga de colocarnos bozales legales a los padres para que no hablemos del expediente, para que no hablemos de nuestros hijos, para que no hablemos de cómo se están vulnerando los derechos tanto de los niños como de nosotros”. Contó además que tuvo que explicarles a sus hijas, de cinco y siete años, que no las había abandonado, tras versiones que circularon en su contra. “A mí me han llegado multas y me voy a seguir haciendo cargo, porque esto se tiene que visibilizar y se tiene que cortar”, agregó.
Por su parte, Silvana Napoleone relató, junto a su hijo, las dificultades para lograr la revinculación con su nieta. Explicó que un primer informe realizado el año pasado no arrojó ningún problema, mientras que uno posterior, ocho meses después, sostuvo lo contrario: “mi hija me tiene miedo, que mi hija no me reconoce, que mi hija no sabe quién soy”, cuestionó, al remarcar la contradicción entre ambos documentos. Denunció además que se le exigió costear un tratamiento psicológico privado para la niña “sabiendo que yo hace un año no sé completamente nada” de ella, y resumió la dinámica del expediente con una frase: “la jueza pide informe, informe, informe”. Según relató, en el organismo de Territoriales le informaron que la revinculación con su hijo podría demorar hasta siete años, y cuestionó a los profesionales intervinientes, a quienes acusó de elaborar informes “sin conocernos, sin saber quiénes éramos nosotros”. “Ya se me está terminando el año, ya viene la feria judicial de vuelta (…) no quiero pasar de vuelta una fiesta, un cumpleaños, navidades, otras fechas, sin mi hija, sabiendo que corre peligro, sin saber nada”, expresó.
Personal policial intervino en el lugar para hacer cumplir las normas internas que prohíben manifestaciones dentro del edificio judicial. Según el protocolo vigente, la concentración debió trasladarse y permanecer en la vía pública, mientras que los efectivos registraron la identidad de quienes ingresaron al hall a presentar el reclamo. La aplicación de estas medidas generó momentos de malestar entre los familiares presentes.
No es la primera vez que este tipo de reclamos llega a la puerta del Juzgado de Familia y Minoridad N°2. En mayo de este año, un grupo de padres, madres, tías y abuelas ya se había manifestado frente al mismo tribunal por al menos cinco casos de revinculación pendientes, algunos con hasta ocho meses sin novedades sobre los chicos, y llegaron a pedir la renuncia de la jueza Montero. Semanas después, una nueva protesta volvió a reunir a familias con el mismo reclamo, en medio de un operativo policial reforzado y de denuncias sobre la falta de controles y evaluaciones previas en los expedientes.
Los reclamos de revinculación, sin embargo, no dependen de una resolución inmediata: al tratarse de causas donde hay menores de edad involucrados, los pedidos son sometidos a un proceso de análisis por parte de equipos interdisciplinarios, tanto del propio juzgado como de áreas de Gobierno vinculadas a la niñez y la familia. Según explican desde el ámbito judicial, ese resguardo responde al interés superior del niño, principio que exige evaluar cada situación antes de habilitar o restablecer un contacto.
En ese marco, cuando la jueza considera que existe un incumplimiento o un riesgo para los chicos, puede aplicar sanciones —como multas— o disponer restricciones que los propios familiares denominan “bozal legal”, medidas que desde el juzgado se justifican en la necesidad de evitar que se vulnere el derecho superior de las infancias.





