El concurso, que lleva casi cuatro meses de trabajo, busca cubrir un cargo de defensor o defensora principal y dos adjuntos, de manera que el organismo tenga presencia en las tres ciudades de la provincia. Según explicó Vuoto en diálogo con el programa Periodismo (Radio Provincia), la primera etapa de admisibilidad generó cuestionamientos que “evidentemente a lo largo del tiempo se fueron acomodando y fueron evidenciando que respondían más a intereses políticos que a intereses realmente genuinos en torno a cómo mejorar el procedimiento de concurso”, en referencia directa a los planteos de la legisladora Natalia Gracianía.
La funcionaria remarcó que el reglamento del concurso fue votado por unanimidad en la Legislatura, “incluso por la legisladora Gracianía, que ha sido la voz pública que ha atacado permanentemente el concurso”. Explicó que esa misma norma, votada por ella, establece en su artículo 11 que las presentaciones que no cumplan con los requisitos formales deben ser “rechazadas in límine”, es decir, sin análisis. “No hay otra respuesta para nosotros que declarar no admisible la propuesta”, sostuvo.
Vuoto también respondió a una nota publicada en Infobae sobre supuestas irregularidades en el concurso, escrita por Débora Ranieri, quien —según señaló la legisladora— “vino a la audiencia pública, que estaba acompañando a la legisladora Natalia Gracianía”. Calificó la publicación como “esos pagos que tiene la gente en estos medios nacionales” y no una nota periodística, y sostuvo que Ranieri planteó “un debate en torno a cómo transcurrió el concurso de la defensoría a nivel nacional, que nada tiene que ver con lo que está pasando en Tierra del Fuego”. Según relató Vuoto, la periodista incluso llegó a decir, apenas arribada a la provincia: “me acabo de bajar del avión y me acabo de enterar que los chicos no tienen clase”. Recordó además que el concurso incluyó evaluación de antecedentes, examen escrito anónimo, presentación de planes de trabajo públicos y una audiencia de participación ciudadana, y sostuvo: “mayor garantía de transparencia en un concurso que el propio control de la ciudadanía de Tierra del Fuego, creo que no hay”.
La legisladora cuestionó en particular que, durante la audiencia, Ranieri “tuvo el tupé de decirle a todos los concursantes que estaban presentes que ella había visto sus planes de trabajo y que eran un copie y pegue de todos los planes de trabajo de Buenos Aires”, algo que calificó como “una falta de respeto a los profesionales covinos” hacia los 12 postulantes que llegaron a esa instancia del concurso, entre ellos licenciadas en educación, trabajadoras sociales, psicólogas y abogados. Aclaró que la comisión evaluadora había verificado previamente que no hubiera uso de inteligencia artificial o herramientas de copia en los planes, “porque si no, no hubieran sido sometidos a evaluación por nosotros”.
Respecto del contenido de la audiencia, Vuoto contrapuso la agenda de quienes vinieron de Buenos Aires con la de los propios adolescentes fueguinos. Sobre las visitantes, señaló: “preguntaban qué pasaba con la hormonización de los niños y niñas, qué pasaba con la interrupción de los voluntarios, interrupción voluntaria de los embarazos en la provincia” y “planteaban cómo la Defensoría iba a frenar la ESI”, algo que —remarcó Vuoto— “es una ley, la educación sexual integral es una ley”. Además, según relató, esas visitantes “plantearon que quieren decidir, no quieren más que se los convoque solo hablar, quieren ser parte de las decisiones”, en referencia a su propio rol, no al de los adolescentes.
En contraste, sostuvo que los adolescentes y jóvenes fueguinos que participaron de la audiencia plantearon “cuatro cosas centrales”: la sensación de soledad, resumida en la frase “estamos solos”; la falta de escucha por parte del Estado en cualquiera de sus niveles; la necesidad de políticas de salud mental; y la garantía de la ESI. A esto se sumó, señaló Vuoto, el pedido de participar activamente en las decisiones de la futura Defensoría a través de consejos participativos con carácter vinculante, y no ser convocados únicamente para opinar.
Sobre los próximos pasos, Vuoto explicó que la comisión definirá el orden de mérito final el miércoles, plazo máximo previsto por el reglamento, y que luego la nómina será elevada a la Legislatura, que es en definitiva quien designa a los defensores. Estimó que la designación podría tratarse en la sesión de septiembre, lo que permitiría a los elegidos participar del debate del presupuesto provincial. Aclaró que la Legislatura podría apartarse del orden de mérito solo de manera fundada, por ejemplo ante hechos sobrevinientes o antecedentes sensibles no declarados por algún postulante.
De cumplirse el cronograma, los tres defensores quedarían designados este año, con la Defensoría en pleno funcionamiento a partir de enero de 2027, aunque Vuoto no descartó que el Ejecutivo destine personal de otras áreas para ir poniendo en marcha el organismo de manera gradual en lo que resta del año.
Finalmente, la legisladora aprovechó la entrevista para pedir mayor difusión de la situación de la niñez en la provincia: según indicó, hay actualmente 20 chicos y chicas esperando en residencias o familias de acogimiento, y otros cuatro en situación de espera de adopción, en las distintas ciudades fueguinas.





