Cabe destacar que en los fundamentos de la normativa, se indica que a través de los años, el Parlamento buscó proteger a las infancias y a las adolescencias de situaciones de riesgo. “Sin embargo, el abuso sexual en nuestra Provincia es preocupante”, resaltaron desde los fundamentos de la normativa sancionada en la última sesión de la gestión anterior.
Según los datos brindados por el Poder Judicial, las denuncias se incrementan año tras año, tanto en la zona norte como en distrito sur. En este sentido, la norma propone la elaboración de principios rectores de prevención y detección temprana en todas las intervenciones, las que se realizarán desde el concepto de corresponsabilidad para evitar superposiciones.
Además, reglamenta la elaboración de protocolos que deberán ser aplicados en todas las instituciones, organismos o establecimientos deportivos, sociales, recreativos, educativos, religiosos o de cualquier otra índole, sea público o privado y que tenga a su cargo niñas, niños y/o adolescentes.
En rigor, la Ley sancionada el 13 de diciembre del año pasado, posee seis capítulos en los que se abordan, a través de sus treinta y tres artículos temas como: ámbito de aplicación, protocolos obligatorios, autoridad de aplicación, principios rectores, definiciones, derechos, requisitos mínimos de intervención, entre otros.
Acerca de las “Obligaciones”, el artículo Nº 8 indica que el “Estado provincial debe garantizar a las víctimas un abordaje integral adecuado, antes, durante y posterior al proceso judicial, con: información y asesoramiento; patrocinio legal gratuito; facilitación y acompañamiento; tratamiento psicológico; asistencia económica y acompañamiento a personas que asistan a las niñas, niños y adolescentes.
