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Termas del Río Valdez: rejas en el bosque, una obra oculta y varios interrogantes

Tolhuin, 16 de noviembre del 2026.- A pocos días de que la Corte Suprema confirmara de manera definitiva que las 400 hectáreas de las Termas del Río Valdez pertenecen al Municipio de Tolhuin, un extenso cercado perimetral y una edificación sin identificar a ocho kilómetros del ingreso vuelven a poner bajo sospecha la transparencia de esos lares.

La recuperación de un bien natural tras más de dos décadas de litigio debería ser motivo de celebración colectiva y apertura ciudadana. Sin embargo, el escenario que hoy presenta el corredor del Río Valdez parece avanzar en sentido contrario. Mientras el complejo termal continúa con sus tranqueras cerradas al público, a unos ocho kilómetros del ingreso —en un sector rodeado de bosque nativo y señalizado como Reserva Provincial de Uso Múltiple— se levanta un predio absolutamente enrejado. Detrás de esa barrera metálica se divisa además una construcción en marcha cuyo destino y titularidad resultan imposibles de determinar desde el camino.
La escena interpela de lleno a las autoridades municipales y provinciales, porque ocurre en el más absoluto silencio oficial. No existe en el lugar un cartel de obra reglamentario que informe qué se está edificando, bajo qué expediente administrativo se autorizó la intervención, quién es el responsable técnico ni a qué empresa o dependencia pertenece. Cuando el Estado reclama durante veinticuatro años la restitución de tierras públicas bajo la bandera de la preservación y el acceso comunitario, la aparición de rejas y estructuras anónimas en medio de un entorno natural protegido resulta, como mínimo, contradictoria.
El hermetismo abre una serie de interrogantes urgentes que exceden la curiosidad periodística y hacen al control republicano de los actos de gobierno. En primer lugar, cabe preguntarse por la dimensión ambiental: ¿cuenta este cercado y la construcción oculta con una Evaluación de Impacto Ambiental aprobada previamente? En un corredor biológico habitado por fauna nativa como el zorro colorado, ¿quién midió el daño que provoca un enrejado de estas dimensiones sobre el libre tránsito de los animales y la fragmentación del paisaje? Más aún, si en la zona conviven la cartelería de la Reserva Provincial Río Valdez y la ampliación del ejido urbano municipal, ¿existe algún protocolo conjunto entre el Municipio y la Secretaría de Ambiente de la Provincia, o cada jurisdicción actúa por su cuenta?
La falta de información pública arrastra inevitablemente hacia la cuestión económica. Si el complejo termal permaneció cerrado desde junio bajo el argumento oficial de que no había fondos operativos para sostenerlo tras la caída de la ordenanza tarifaria, ¿de qué partida presupuestaria salió el dinero para financiar este extenso cerramiento y la obra interior? ¿Cuánto costó exactamente esta intervención y bajo qué modalidad de contratación se ejecutó? Resulta difícil explicar a los vecinos que no haya recursos para abrir las piletas al público, pero sí presupuesto disponible para levantar rejas y edificaciones silenciosas a ocho kilómetros de distancia.
Para comprender la gravedad de esta opacidad es necesario mirar el recorrido histórico de un predio que parece condenado a la conflictividad. El litigio comenzó en 2001, cuando el Gobierno provincial rescindió el contrato de concesión con la firma privada Transporte Roanmat S.R.L., que aun así resistió en el lugar durante más de veinte años mediante recursos judiciales. Recién en octubre de 2024 el Superior Tribunal de Justicia fueguino ordenó el desalojo, que se concretó en diciembre de ese año devolviendo las 400 hectáreas al dominio municipal. Tras obras básicas de acondicionamiento, el Ejecutivo local reabrió el predio en enero de 2026, pero en junio el Concejo Deliberante derogó la tarifa vigente denunciando justamente la falta de informes técnicos y económicos que respaldaran los números oficiales, lo que derivó en un nuevo cierre.
Recién el pasado 29 de octubre de 2026 la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el último planteo de la antigua concesionaria y dejó firme la titularidad del Municipio como cosa juzgada. Días después, a principios de noviembre, los concejales aprobaron por unanimidad una modificación a la Ordenanza N.º 523/20 para restablecer tarifas diferenciadas y obligar a que lo recaudado se destine al mantenimiento, la seguridad y los estudios de conservación del recurso geotérmico.
La paradoja es evidente. Mientras en el recinto legislativo se discuten ordenanzas que prometen estudios ambientales y transparencia financiera para una futura reapertura, en el territorio ya se levantaron rejas y paredes sin cartel, sin explicaciones y sin control ciudadano. El fallo de la Corte cerró para siempre la discusión sobre quién es el dueño legal de las tierras del Río Valdez; ahora falta que las autoridades de Tolhuin expliquen qué están construyendo allí, con qué permiso ambiental, con qué dinero y para quién.

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