Mientras la legisladora Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) repite desde hace cuatro meses que su proyecto “Malvinas en las aulas” está “cerca de convertirse en ley”, la normativa vigente en Tierra del Fuego demuestra algo que pocas veces se dice en voz alta: la enseñanza de la Causa Malvinas ya es obligatoria en la provincia, desde hace décadas, en todos los niveles educativos.
La normativa que ya existe
No hace falta esperar ningún proyecto nuevo. Tierra del Fuego cuenta con un compendio normativo específico sobre el tema:
- Ley Territorial N° 441, que establece la obligatoriedad de implementar la materia “Islas Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, defensa de nuestra soberanía” en los establecimientos educativos.
- Ley Provincial N° 1018 (Ley de Educación, 2015), que entre sus fines fija fomentar el conocimiento socio-histórico y geográfico de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y propiciar el conocimiento sobre el afianzamiento de la presencia argentina en el territorio.
- Ley Nacional N° 26.206, cuyos artículos 3° y 92° incluyen la causa de la recuperación de Malvinas como contenido curricular común y obligatorio en todas las jurisdicciones del país, en todos los niveles.
A esto se suma un paquete de leyes complementarias —la 1050 y la 1057 (“Las Islas Malvinas son argentinas” y su cartelería vial), la 1020 (la leyenda en medios de transporte), la 1154 (la Marcha de Malvinas como canción oficial provincial), la 1317 (el nombre de la Escuela N° 48 de Ushuaia) y la 1479 (el Muro del Homenaje a los veteranos)— que refuerzan simbólicamente lo mismo.
En criollo: la obligación legal está. Lo que falta, en todo caso, es que se cumpla de manera sistemática en las aulas.
No es casual que este debate tenga a Tierra del Fuego como escenario central. Río Grande fue declarada en 2013 “Capital Nacional de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas” (Ley Nacional N° 26.846), en reconocimiento a la vigilia que sus vecinos y veteranos de guerra realizan cada 1° y 2 de abril desde 1995, en homenaje a quienes combatieron por la soberanía sobre un territorio que continúa usurpado por el Reino Unido.
El anuncio que se repite hace cuatro meses
Desde abril, Gracianía y los diputados nacionales fueguinos Miguel Rodríguez y Santiago Pauli vienen anunciando en paralelo —ella en la Legislatura provincial, ellos en el Congreso— que la incorporación de Malvinas como contenido obligatorio está a punto de concretarse. El recorrido de anuncios es elocuente:
- 15 de abril: Gracianía confirma la presentación de su proyecto y asegura que espera “convertirlo en ley prontamente”.
- 20 y 21 de abril: reuniones con veteranos de guerra en Río Grande y en el Congreso para “consolidar una agenda común”.
- 23 de abril: reconoce que aún falta que las comisiones “empiecen a trabajar” en el tema.
- 19 de junio: la Comisión N° 7 de la Legislatura recién arranca el análisis formal de dos proyectos —el de LLA y otro del Movimiento Popular Fueguino (MPF)— sin definir texto.
- 17 de agosto: cuatro meses después del primer anuncio, Gracianía vuelve a decir que el proyecto está “cerca” y estima su aprobación para fines de agosto o septiembre.
Es decir: el mismo anuncio, repetido con distintas palabras, durante cuatro meses, sin que el proyecto haya salido de comisión. Mañana 18 de agosto hay una nueva reunión conjunta de las comisiones de Educación y de Malvinas para “retomar” el tratamiento —lo que confirma que, pese al optimismo declarado, la discusión sigue en una etapa preliminar.
El diagnóstico de fondo es que, “Malvinas no puede ser solo una efeméride” y es válido, pero no requiere una ley nueva para resolverse. Alcanzaría con que el Ministerio de Educación reglamente y haga cumplir lo que ya la Ley 1018 y la Ley 441 establecen. Convertirlo en un proyecto de ley con nombre propio, anunciado mes tras mes como inminente, aporta más rédito político para el bloque que impulsa la agenda —tanto en la Legislatura provincial como en el Congreso— que una solución efectiva e inmediata para las aulas.
