Río Grande, 18 de agosto del 2026.- La Asociación de Esposas, Esposos, Pensionadas, Familiares e Hijos de Policías Provinciales que prestaron servicio en el ex Territorio Nacional difundió un nuevo documento público, esta vez con un relato irónico y contundente sobre la reunión que habían solicitado formalmente para el 14 de agosto con los tres directores de la Caja Policial con residencia en Río Grande —Rafael Debaz, Miguel Morinigo y Claudio Ramón Pérez— y con el jefe de la Policía Provincial, comisario general Jacinto Rolón.
Según el texto, el encuentro había sido pedido para las 11 horas en la propia Río Grande, sin necesidad de trasladarse a Ushuaia ni cruzar el paso Garibaldi. Sin embargo, ninguno de los convocados se presentó. “La nota fue presentada. La fecha llegó. La hora llegó. Los reclamantes llegamos. Los directores y el jefe de Policía, no”, relata el documento.
Frente a la ausencia, las familias debieron dejar constancia de lo ocurrido mediante una exposición policial en la Comisaría Primera de Río Grande, un trámite que la Asociación calificó como una “paradoja”: recurrir a la autoridad policial para dejar asentado que otra autoridad de la misma fuerza no dio respuestas.
Gastos de representación, en el centro de la crítica
El escrito apunta directamente contra los llamados “gastos de representación” que percibía el directorio hasta la sanción de una ley en junio de este año. Según la Asociación, la dificultad de traslado de los directores para reunirse “estaría relacionada” con que, al no cobrar más ese concepto, ya no pueden —o no quieren— afrontar sus responsabilidades. “A la vista está que nunca las asumieron”, ironiza el texto.
El documento también recuerda que, en mayo pasado, la propia Caja había publicado en su sitio oficial una referencia a supuestas agresiones y descalificaciones de parte de las reclamantes hacia los directivos, por lo que habían solicitado garantías de seguridad al Estado. Desde la Asociación remarcaron la contradicción de tener que buscar ellas mismas un ámbito “seguro” —la comisaría— para dialogar con quienes deberían dar explicaciones sobre sus aportes.
Un reclamo que lleva más de un año
La carta se suma a una serie de pronunciamientos públicos que la Asociación viene difundiendo desde comienzos de 2026, en los que denunció presuntas irregularidades en el funcionamiento de la Caja de Previsión policial y cuestionó que los cargos del directorio, pese a ser “ad honorem” en los papeles, en la práctica implicarían el pago de sueldos encubiertos. El grupo remarcó además que los aportantes nunca eligieron al directorio de la Caja, que es designado de manera discrecional por la Jefatura policial de turno y el Poder Ejecutivo.
En julio, la Asociación había reclamado el cumplimiento pleno de las leyes provinciales 1627 y 1628, sancionadas por la Legislatura, y en junio había llegado a presentar una denuncia en la Comisaría de Género de Río Grande contra directivos de la Caja por presunta violencia económica, psicológica y emocional vinculada a la demora en el pago de haberes y aguinaldos.
Según datos difundidos por la propia entidad, son 540 las familias que continúan esperando el pago de sus haberes previsionales. El nuevo texto cierra con una interpelación directa a las autoridades: “Los directivos de la Caja, el jefe de Policía y el Poder Ejecutivo tienen responsabilidades pendientes. Y nadie parece hacerse cargo”.






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