En la Casa de Gobierno de Ushuaia, el ministro de Educación, Pablo López Silva, el ministro de Economía y representantes del Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) firmaron este viernes 14 de agosto un acta de Mesa Técnica con una serie de propuestas del Poder Ejecutivo para intentar destrabar el conflicto docente, que ya lleva más de una semana de paro por tiempo indeterminado y mantiene sin clases a miles de estudiantes fueguinos tras el receso invernal.
El documento, al que accedió esta redacción, detalla siete puntos centrales de la propuesta oficial —salario, descuentos, desendeudamiento, infraestructura escolar, cese de medidas de fuerza, mesa de seguimiento y compromiso de diálogo— y también incluye, en su tramo final, la respuesta textual de los representantes gremiales, que calificaron la oferta económica como insuficiente y advirtieron que la Asamblea docente “no representa una medida de fuerza” sino una herramienta reconocida por leyes nacionales y tratados de la OIT.
La oferta salarial: FOID a $100.000 y deuda en cuotas hasta diciembre
El primer punto del acta plantea elevar el valor del ítem FOID a $100.000 para el mes de agosto de 2026, además de un cronograma de pago en cuotas de una deuda salarial que se extiende desde septiembre hasta diciembre de 2026. También se propone crear una Comisión Técnica, con representantes del Ejecutivo y de SUTEF, para hacer seguimiento de la participación del sector Educación en el Producto Bruto Geográfico provincial, y se fija que durante el primer semestre de 2027 ambas partes trabajarán sobre la grilla salarial docente.
Descuentos por los días de paro: la letra chica de la devolución
Uno de los puntos más sensibles del conflicto —los descuentos aplicados a los salarios docentes por los días de enero a agosto no trabajados por las medidas de fuerza— tiene un capítulo propio en el acta. El Ministerio de Educación propone crear una Mesa Técnica de Planificación Pedagógica, integrada por tres representantes de SUTEF y tres del Ministerio, para definir cómo se recuperarán los contenidos y jornadas de clase no dictadas, incluyendo un plan de recuperación en días sábados.
Recién una vez acordadas esas acciones pedagógicas, el Ministerio de Economía informaría el mecanismo y cronograma de devolución de lo descontado, que —según el acta— “no podrá exceder a la devolución mensual de las sumas mensualmente descontadas” y quedaría sujeto al cumplimiento de la cláusula 5, es decir, al cese efectivo de las medidas de fuerza.
Un plan de “alivio financiero” con el Banco de Tierra del Fuego
El tercer eje del acuerdo propone, junto al Banco de Tierra del Fuego (BTF), una batería de medidas para consolidar deudas de las familias fueguinas: unificar en una sola cuota préstamos y saldos de tarjetas de crédito, con tasas más bajas y plazos más extensos, y condiciones diferenciadas según el ingreso de los beneficiarios, en tres franjas: hasta $1.300.000, entre $1.300.000 y $2.000.000, y más de $2.000.000. Para quienes registren incumplimientos en los últimos dos meses, el BTF evaluaría un período de gracia total antes de comenzar a cobrar las nuevas líneas.
Infraestructura escolar y el pedido de cese de medidas de fuerza
El acta también compromete al Ministerio de Educación a presentar, en un plazo de quince días hábiles, un informe pormenorizado sobre el estado de los edificios escolares de la provincia, como paso previo a la conformación de una Mesa de Trabajo de Infraestructura Escolar con SUTEF, el área de mantenimiento, Obras Públicas y Economía.
En el punto 5, el Ejecutivo pidió expresamente a SUTEF “el cese de las medidas de fuerza directas, incluyendo paro, desobligaciones y asambleas que impliquen interrupción del normal dictado de clases”, a cambio de comprometerse a cumplir lo pactado a través de las mesas de trabajo previstas.
SUTEF respondió: “No representa las necesidades de la docencia”
Lejos de aceptar la propuesta como una solución al conflicto, los representantes de SUTEF dejaron asentada en la misma acta una respuesta dura. Sostuvieron que la oferta salarial del Ministerio de Economía “no da respuesta a las necesidades y los plazos solicitados” y que el deterioro del poder adquisitivo docente “no se recupera con este tipo de propuesta”. Exigieron una pauta salarial con previsibilidad hasta febrero de 2027, el camino hacia el Salario Mínimo Vital y Móvil, y que la recomposición alcance también a jubiladas y jubilados docentes.
El gremio también advirtió que el Gobierno “se abstenga de realizar cualquier tipo de descuento” y reclamó la devolución “total e inmediata” de lo ya descontado, sin condicionamientos. Y fue categórico respecto del punto 5: remarcaron que la Asamblea “no representa una medida de fuerza bajo ningún punto” sino una herramienta de organización del sector trabajador reconocida por leyes nacionales y tratados de la OIT.
En el cierre de su descargo, los representantes gremiales apuntaron directamente al gobernador: “Ahora es responsabilidad del Gobierno de Gustavo Melella tomar la decisión política necesaria para hacerlo posible con la celeridad que la situación amerita”. Solicitaron además una nueva mesa técnica, que las partes fijaron para el martes 18 de agosto a las 15:30 horas, con el compromiso de analizar la propuesta hasta entonces.
El acta quedó firmada por tres representantes de SUTEF —entre ellos Aquiles A. Gómez Fraústo, secretario general— y por el Ministerio de Educación, a través de Pablo López Silva, junto con otros funcionarios del Ejecutivo provincial.
Antecedentes: diez días de paro y un reclamo que arrancó en julio
El conflicto que buscó destrabar esta Mesa Técnica no es nuevo. El 3 de julio, en un Congreso Provincial del sindicato, delegadas y delegados de toda la provincia resolvieron por amplia mayoría no iniciar las clases tras el receso invernal e ir a un paro por tiempo indeterminado, en un contexto que el secretario general Horacio Catena describió como de “profundización de desigualdades sociales y económicas”.
La medida se hizo efectiva el lunes 3 de agosto, pese a que el Gobierno provincial había convocado formalmente a SUTEF a una reunión con el gobernador Gustavo Melella para esa misma tarde. La conducción gremial ratificó el paro igual, con acatamiento masivo en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, y con concentraciones frente a escuelas y al Ministerio de Educación.

El reclamo central del sindicato, sostenido desde el inicio, es alcanzar un salario docente equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil que —según SUTEF— debería rondar los $3.000.000, frente a un ingreso que a comienzos de agosto se ubicaba cerca de los $1.187.000. A eso se sumó el rechazo a los descuentos por los días de paro, a los que el gremio calificó de “persecutorios”, y el pedido de mayor inversión en educación pública y de sanción de una Ley de Financiamiento Educativo.
En medio del conflicto, el Ministerio de Capital Humano de la Nación hizo circular versiones sobre una eventual aplicación de la Ley 27.802 a la medida de fuerza, algo que la asesoría jurídica de SUTEF calificó como “absolutamente inaplicable e inoponible” en la provincia, por estar amparada en la Constitución Nacional, la Constitución provincial y los convenios de la OIT.
A los ocho días de paro, desde el sindicato remarcaron que “nuestros salarios cubren menos de la mitad del costo de vida en la provincia”, mientras el Gobierno convocaba a sucesivas reuniones paritarias que no lograron destrabar el conflicto: un primer encuentro no arrojó acuerdo, y de un segundo tampoco participó el gobernador Melella, sino los ministros de Educación y Economía junto al presidente del Banco de Tierra del Fuego. El único resultado de esa segunda ronda fue el compromiso de presentar una propuesta formal, la que finalmente tomó forma en el acta firmada este 14 de agosto.
Además del respaldo de organizaciones docentes locales, la medida recibió el acompañamiento del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU Federal), que calificó a la docencia fueguina como “un ejemplo a seguir por la valentía de haber decidido iniciar una huelga por tiempo indeterminado” y reclamó al Gobierno de Melella, a los intendentes y a los legisladores provinciales una respuesta concreta al reclamo salarial y a la Ley de Financiamiento Educativo.
Con el acta firmada pero sin el cese de las medidas de fuerza, el conflicto docente en Tierra del Fuego acumula, hasta este viernes 14 de agosto, diez jornadas escolares sin dictarse: el conteo corresponde únicamente a los días hábiles de lunes a viernes desde el inicio del paro, sin computar los fines de semana ni el feriado del lunes 17 de agosto por el Día del Paso a la Inmortalidad del General San Martín, en el que de todos modos no habría clases. Bajo ese criterio, la próxima jornada escolar afectada por la medida de fuerza sería el martes 18 de agosto, el mismo día fijado para la nueva mesa técnica, cuando SUTEF deberá comunicar si la propuesta oficial alcanza para destrabar el paro o si la docencia fueguina profundiza el reclamo.





