El eje principal del reclamo se centró en la época en la que Gallardo se desempeñó como director del Banco Tierra del Fuego (BTF). Según el legislador, el contador accedió a dicho cargo ejecutivo únicamente por el posicionamiento político de su suegra dentro del MPF. La crítica escaló rápidamente al terreno financiero y patrimonial, donde el funcionario denunció que Gallardo se autoentregó un crédito millonario mientras ejercía la dirección y que, al no cancelarlo, terminó catalogado como deudor en el Fondo Residual. Asimismo, afirmó que el banco tuvo que intimar al contador porque ni siquiera pagó su propia vivienda, y revivió la polémica en torno al financiamiento de los barcos RASEGAL I y RASEGAL II, asegurando que estas embarcaciones se pagaron con el dinero de los fueguinos pero nunca llegaron a tocar el agua.
Además del historial financiero en la banca pública, la acusación apuntó contra Gallardo, a quien el legislador calificó de obsecuente por actuar supuestamente como operador económico del gobierno de Javier Milei.
Desde la perspectiva del parlamentario del MPF, la actual gestión nacional destruye los recursos, la industria, el empleo y la soberanía de la provincia. En ese contexto, concluyó afirmando que Gallardo intenta simular un perfil de estadista con el único objetivo de posicionarse políticamente y ver qué nuevo cargo puede conseguir en la función pública.
