“Como trabajadoras del Servicio de Obstetricia queremos manifestar nuestra profunda preocupación por las situaciones que venimos atravesando en nuestro ámbito laboral desde el mes de marzo del corriente año.”
Con estas palabras arranca el comunicado que el equipo de Obstetricia del Hospital Regional Río Grande hizo circular públicamente, en un texto sobrio pero contundente que no deja lugar a dudas sobre la gravedad de lo que describen: hechos que ellas mismas califican como “maltrato, violencia, hostigamiento y amenazas” que interfieren en el normal desarrollo de sus funciones.
El señalamiento tiene un destinatario concreto, aunque sin nombre propio: un profesional médico contratado que, según remarcan con evidente ironía, “promueve públicamente siempre el respeto y cuidado de la mujer”. El contraste entre ese discurso público y la conducta denunciada puertas adentro del servicio es, para las trabajadoras, parte central de lo que buscan visibilizar.
Las obstétricas aclaran que no se trata de una denuncia hecha a la ligera ni de un conflicto improvisado: ya realizaron las presentaciones correspondientes ante las autoridades de la institución, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, “donde fueron admitidas”. Es decir, el reclamo público llega después de agotar —o al menos iniciar— la vía institucional, no en lugar de ella.
Su pedido es concreto: que las autoridades investiguen los hechos denunciados “con celeridad, imparcialidad y transparencia”, y que se adopten las medidas necesarias para garantizar un ambiente de trabajo seguro. No solo para ellas, aclaran, sino también para las pacientes y para el resto del personal que pueda verse indirectamente involucrado.
Un servicio que nació para llenar un vacío legal
El Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Río Grande cuenta actualmente con nueve profesionales y funciona desde 2011. Su creación no fue casual: respondió a la ausencia, hasta ese momento, de una figura profesional específica para la atención de partos normales en la estructura del hospital.
Esa figura tiene hoy un marco legal preciso. La Ley Provincial N° 1056 de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur regula el ejercicio profesional de Licenciados en Obstetricia, Licenciados Obstétricos, Obstétricas y Obstétricos en la provincia. La norma establece que estos profesionales están facultados para diagnosticar, monitorear, dar tratamiento y asistencia profesional obstétrica a gestantes y parturientas, y que su inscripción y habilitación se tramita ante el propio Ministerio de Salud provincial.
En otras palabras: por ley, la atención de los partos normales es competencia propia y autónoma de las obstétricas, no una tarea subordinada o de mera colaboración con la medicina. Este dato no es menor para entender el conflicto actual, porque sugiere que lo que está en juego no es únicamente un problema de convivencia laboral, sino también una disputa de incumbencias profesionales con respaldo normativo específico a favor del equipo denunciante.
A nivel nacional, el trasfondo es aún más elocuente. La norma de base que regula la profesión en gran parte del país sigue siendo la Ley 17.132, sancionada en 1967 en plena dictadura militar, que define el ejercicio de la obstetricia como una “actividad de colaboración” de la medicina. Por eso, desde hace más de una década, distintas organizaciones de obstétricas de todo el país vienen reclamando al Congreso una ley nacional que jerarquice su formación universitaria —de cuatro a cinco años— y reconozca su autonomía profesional, en lugar de dejarla librada a una regulación fragmentada y dispar entre provincias. En 2019 una de esas iniciativas llegó a obtener media sanción en Diputados, pero perdió estado parlamentario en el Senado.
Promesas que no se cumplieron
Según relatan las propias trabajadoras, el reclamo no comenzó en los medios ni en las redes sociales. Antes de hacerlo público, el equipo intentó agotar la vía institucional: mantuvieron contacto con la ministra de Salud de la provincia, Judith Di Giglio, quien —de acuerdo a lo que manifiesta el equipo— no les habría dado la atención esperada. Aunque prometió una reunión, este encuentro nunca se concretó.
Algo similar habría ocurrido con Fernanda De Girolmo, jefa del Servicio de Obstetricia, quien también expresó su intención de reunirse con el equipo para abordar la situación, sin que ese encuentro llegara a materializarse.
Frente a este silencio institucional, las trabajadoras avanzaron con las denuncias formales: se presentaron ante el Ministerio de Trabajo, la Dirección del Hospital Regional Río Grande, el área de Género y su gremio. Es recién después de este derrotero —reclamos informales sin respuesta, promesas incumplidas y denuncias formales admitidas pero sin resolución visible— que el equipo decidió hacer público el comunicado.
El costo invisible: la salud mental de trabajar bajo violencia laboral
Más allá del desenlace institucional que tenga esta denuncia puntual, hay un aspecto que suele quedar en segundo plano cuando se habla de conflictos laborales en el sistema de salud: el impacto psicológico que tiene sostener, durante meses, un clima de hostigamiento y amenazas en el propio lugar de trabajo.
La evidencia en salud ocupacional es consistente en un punto: la exposición prolongada a violencia laboral —ya sea en forma de maltrato verbal, amenazas, hostigamiento sistemático o descalificación— se asocia a cuadros de estrés crónico, ansiedad, alteraciones del sueño y agotamiento emocional en quienes la atraviesan. En el personal de salud, este desgaste se ve agravado por una particularidad: quienes denuncian violencia laboral en un hospital siguen, al mismo tiempo, atendiendo pacientes, sosteniendo guardias y tomando decisiones clínicas de alto riesgo, muchas veces en el mismo espacio físico donde se produce el conflicto.
A esto se suma un fenómeno bien documentado en la literatura sobre trabajo en salud: la tensión entre el compromiso profesional con el cuidado de las pacientes y las condiciones adversas en las que ese cuidado debe ejercerse puede generar un desgaste adicional, distinto del agotamiento físico, vinculado a la sensación de no poder ejercer la profesión en las condiciones dignas que se considera que las pacientes —y una misma— merecen.
El propio comunicado lo nombra explícitamente cuando habla de garantizar “un ambiente seguro, respetuoso y libre de violencia laboral”. No es una frase de estilo: la evidencia sostiene que un ambiente laboral hostil no solo afecta el bienestar de quienes lo sufren, sino que también puede repercutir en la calidad y seguridad de la atención que reciben las pacientes, algo que las propias trabajadoras señalan como parte de su preocupación.
Un reclamo que excede el caso puntual
Lo que describe este comunicado no es un hecho aislado dentro del sistema de salud fueguino. Distintos episodios de los últimos años —desde reclamos por falta de personal hasta el fallecimiento de una nena de cuatro años en Tolhuin en 2022, que derivó en promesas ministeriales de mejoras que tardaron en concretarse— muestran un patrón de demoras en la respuesta institucional frente a los reclamos del personal de salud en la provincia.
Con las denuncias ya admitidas en distintos organismos y una normativa provincial que respalda la autonomía profesional de las obstétricas, el reclamo del equipo de Obstetricia del Hospital Regional Río Grande vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que excede este caso puntual: qué mecanismos institucionales existen —y cuáles faltan— para proteger a los equipos de salud cuando la violencia laboral aparece puertas adentro de los propios hospitales.
