La jueza electoral Mariel Zanini decidió no emitir el cronograma de elecciones constituyentes en Tierra del Fuego y derivó la cuestión al Ministerio Público Fiscal, en medio de una crisis política y jurídica que enfrenta al gobernador Gustavo Melella con la Legislatura. Constitucionalistas como Daniel Sabsay sostienen que el proceso “ya no puede ser interrumpido”, mientras sectores opositores insisten en que la derogación de la ley lo dejó sin sustento.
La jueza electoral Mariel Zanini fundamentó que publicar un cronograma en un escenario de inestabilidad “difícilmente contribuiría a dotar de certeza y seguridad jurídica al proceso” y que podría derivar en “frustración, suspensión o alteración del proceso electoral”. Por ello, remitió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que intervenga en defensa del orden público.
El llamado a reforma y la crisis política
El gobernador Gustavo Melella convocó a elecciones de convencionales constituyentes para el 9 de agosto de 2026, con el objetivo de reformar más de 70 artículos de la Constitución provincial. La iniciativa incluye límites a las reelecciones, eliminación de cargos vitalicios y digitalización administrativa.
Sin embargo, la Legislatura derogó la Ley 1529, que habilitaba la reforma, con apoyo de bloques opositores y parte del peronismo. Esto abrió una crisis institucional: mientras el Ejecutivo insiste en que el proceso está en marcha y vetará la derogación, la oposición afirma que la reforma quedó sin sustento jurídico.
Opiniones constitucionalistas
El constitucionalista Daniel Sabsay fue categórico: “El proceso de reforma ya no puede ser interrumpido y cualquier intento carece de validez”. Subrayó que la ley que habilita la reforma es de naturaleza especial, activa el poder constituyente y no puede ser vetada ni derogada como una norma común.
En contraste, el bloque Somos Fueguinos sostiene que la Legislatura actuó dentro de sus facultades y que, al no haberse elegido convencionales ni conformado la Convención Reformadora, el proceso nunca se concretó. “No hay reforma sin ley. No hay proceso sin legalidad”, remarcaron.
Rechazo social y político
El Partido Justicialista fueguino también rechazó la reforma, argumentando que “no es el momento” y que la prioridad debe ser atender la crisis económica y social. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, celebró la derogación en la Legislatura y cuestionó el gasto que implicaría el proceso.
Un estudio de opinión pública reveló que 8 de cada 10 fueguinos rechazan la reforma, vinculando la oposición al contexto de crisis económica y financiera de la provincia
Lo que está en juego
La disputa expone un choque de interpretaciones:
- El oficialismo defiende que el proceso es irreversible y que la reforma es necesaria para modernizar la provincia.
- La oposición y sectores sociales sostienen que la derogación fue válida y que la reforma desvía recursos en un momento crítico.
- La Justicia Electoral, con la decisión de Zanini, trasladó la responsabilidad al Ministerio Público Fiscal, dejando el proceso en un limbo jurídico.
