El legislador de FORJA, Federico Greve, dejó una frase que resonó fuerte en el recinto: “El que tiene la caja ayuda a los amigos… ¿No sé si está mal, es cuestionable jurídicamente?, no sé”. Con esas palabras, puso en evidencia el manejo discrecional de los recursos provinciales, que en los últimos meses se tradujo en asistencia reiterada al Municipio de Ushuaia, mientras Tolhuin y Río Grande quedaron al margen.
Greve repasó el contexto histórico de la coparticipación y recordó que el último fallo judicial sobre la materia data de 2022. “Está bueno contar la modernización, pero hay que contar toda la historia y toda la foto”, señaló, al remarcar que los procedimientos contables impiden la automatización inmediata de las transferencias, aunque los saldos definitivos se respetan.
El legislador oficialista defendió la necesidad de discutir una nueva ley de coparticipación y de avanzar en una reforma constitucional que incorpore el mecanismo de goteo. “Queremos modificaciones estructurales de nuestra provincia, no queremos parches”, afirmó, en un discurso que buscó instalar la idea de cambios duraderos en la distribución de fondos.
Sin embargo, su reconocimiento de que Ushuaia fue “varias veces ayudada por la provincia” dejó expuesto el sesgo político en la administración de la caja. “Hoy nos toca trabajar para toda la provincia y para las tres ciudades, porque no hay ciudadanos de primera y de segunda”, dijo, aunque la práctica del oficialismo mostró lo contrario: un esquema que privilegió a la capital y relegó a las demás localidades.
La intervención de Greve abrió un debate incómodo dentro de la Legislatura: la necesidad de transparentar el manejo de los recursos y evitar que la caja se convierta en una herramienta de poder discrecional, utilizada para favorecer a unos y marginar a otros.





