“Es necesario que la máxima autoridad del área aclare ciertos puntos, hasta el momento oscuros, acerca de la contratación y expedición de un permiso “precario” concedido a la empresa de capitales ingleses LeoLabs INC. para la instalación de un radar en una estación terrena cercana a la ciudad fueguina de Tolhuin”.
“Llama poderosamente la atención que una autorización de semejante tenor en términos geopolíticos haya sido extendida con la simple adjudicación de una frecuencia por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad dependiente de la Secretaría de Innovación Pública sin que se haya dado intervención ni al Ministerio de Defensa ni a nuestra Cancillería”.
“Cuesta mucho creer que el gobierno de Tierra del Fuego, a través de su Inspección General de Justicia, haya autorizado sin objeción alguna la inscripción en la provincia de la empresa LEOLABS ARGENTINA S.R.L, CUIT 30-71755969-6 (filial de la casa matriz con sede en Londres) a sabiendas de que se trata de una compañía perteneciente al país que usurpa nuestras Malvinas y que, además, podría transformarse en un enclave para vigilar nuestro espacio con posibilidades de observación que podrían ir más allá de las declaradas formalmente por la compañía”.
“Luego de haber investigado y mantenido una reunión con autoridades de la empresa pude constatar que lo que era un “permiso precario” dio pie a que ya esté concluida una instalación terrena con un radar en plenas condiciones para funcionar (y que estuvo funcionando en modo de prueba) en un predio correspondiente a la Estancia El Relincho cita en el Km 2946 de la ruta Ruta Nacional 3”.
“Asimismo, presenté un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional (Exp S-1470-23) solicitando precisiones acerca de la autorización precaria otorgada por el Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad a la empresa LeoLabs INC “para la instalación de una estación terrena de banda S para el seguimiento de objetos en órbita baja en la Provincia de Tierra del Fuego” y otras cuestiones técnicas. Pero lo que más llamó mi atención fue que, al parecer, tanto el Ministerio de Defensa como la Cancillería no estaban al tanto del tema o bien habrían sido salteados”.
“Esto es un escándalo sin precedentes. Resulta que, bajo una autorización precaria, otorgada por la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad en 2022 se instaló un radar que la misma Subsecretaría desautorizó cuando denuncié públicamente las irregularidades. Nada tengo que reprocharle a la empresa LeoLabs sino simplemente decir que funcionarios argentinos los han engañado haciéndoles cometer errores garrafales. Resulta grotesco ver cómo el gobierno de nuestro país abre la puerta a inversionistas y se la cierra meses después en la cara cuando se descubren irregularidades o malas prácticas. Ahora, seguramente, la empresa accionará judicialmente contra el Estado Argentino para recuperar lo invertido”, sostuvo Blanco.
“Personalmente –finalizó el senador- creo que un asunto de tamaño interés estratégico no puede ser construido ni operado por empresas privadas de ningún país, por el contrario me parece que este tipo de obras deberían ser llevadas adelante por empresas del estado y con capitales nacionales tales como el INVAP”.
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