El Secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, Dr. Gastón Díaz, advirtió que si la Provincia continúa sin enviar a la ciudad los recursos de coparticipación que le corresponden, queda seriamente en riesgo el pago del SAC y del premio vacacional a los trabajadores municipales. Lo hizo en declaraciones a distintos medios, en las que además responsabilizó directamente al gobernador por lo que calificó como una decisión política de ahogar económicamente a Río Grande.
Según explicó, el Ejecutivo municipal decidió acompañar desde la Secretaría de Gobierno la presentación de la Secretaría de Finanzas ante el Concejo Deliberante, prevista para las 14.30, en el marco del debate del presupuesto. Díaz planteó que la situación económica y financiera del municipio no está atada solamente a una cuestión de envío de recursos, sino que se vincula con una decisión política del gobierno provincial de no remitir a Río Grande los fondos que le corresponden.
Una deuda que crece semana a semana
El funcionario recordó que el intendente Martín Pérez había hablado en su momento de 16 mil millones de pesos, que hace veinte días la cifra era de 17 mil millones y que hoy asciende a 18 mil millones. A eso sumó que el día anterior llegó al municipio el cronograma de envío de fondos de la semana en curso, elaborado por el Ministerio de Economía, y que nuevamente prevé un 25 por ciento menos de lo que corresponde a Río Grande. «¿Dónde están esos recursos que son de los riograndenses que ya llegaron al gobierno de la provincia?», se preguntó, y sostuvo que evidentemente la Provincia les ha dado otro destino.
Díaz cuestionó además que, pese a que desde el Gobierno se afirma que se da un trato igualitario a todos los municipios, para con Río Grande se observa una disminución de recursos. En ese marco, aseguró que hay una preferencia política electoral de cara a 2027 y evocó las palabras de Gustavo Melella cuando era intendente de la ciudad, quien hablaba de un acuerdo político entre el gobierno provincial y Ushuaia para perjudicar a Río Grande: «Creo que hoy está haciendo exactamente lo mismo», afirmó.
Sueldos pagados «con lo justo» y servicios en riesgo
Consultado sobre el estado de las cuentas, indicó que los sueldos se abonaron la semana pasada «con lo justo», algo que, dijo, los gremios conocen porque el municipio los fue manteniendo al tanto. Explicó que el intendente hizo todo el esfuerzo para garantizar los salarios, pero que eso obligó a dejar de cumplir con otros proveedores, lo que está generando un cuello de botella. Por ese motivo, afirmó, mal se puede hablar de una discusión salarial de recomposición.
Sobre el aguinaldo y el premio vacacional fue categórico: si la situación continúa, su pago se pone en riesgo, y la responsabilidad directa, remarcó, será del gobernador. Aclaró que, aunque el presupuesto que debaten los concejales autoriza el gasto, si el recurso presupuestado no ingresa a la caja sería una irresponsabilidad de parte de un funcionario firmar un incremento o asumir un compromiso, tal como había señalado minutos antes la secretaria de Finanzas. Y planteó la contracara: si el gobernador decide que lleguen a Río Grande los recursos que la Provincia ya recibió, el municipio podrá discutir salarios, abonar el aguinaldo y el premio vacacional y seguir brindando servicios de calidad.
El impacto, advirtió, no se limita a los sueldos. Díaz recordó que el municipio también tiene obligaciones que generan responsabilidades civiles, administrativas y penales para los funcionarios, como la potabilización del agua, y mencionó la tarifa subsidiada del transporte público, el relleno sanitario y la recolección de residuos, servicio que el mes pasado se abonó en un 50 por ciento. De continuar el ahogo, alertó, los servicios perderán calidad y se pondrá en riesgo la salubridad y el ambiente de los vecinos.
La carta documento al tesorero y al contador
El funcionario se refirió también a la carta documento enviada por Asesoría Letrada, cuyos destinatarios habrían generado molestia en el jefe de Gabinete provincial -Jorge Canals- , que cuestionó por qué se había intimado al tesorero y al contador. Díaz respondió que, en primer lugar, debería leer la Constitución provincial, que establece que la responsabilidad personal en la administración económica y financiera recae en el tesorero y el contador. Por eso la intimación, que los apercibe de realizar la denuncia penal. «Es una cuestión constitucional, nosotros no la podemos pasar por encima», señaló.
El coeficiente y el FAMP
Al ser consultado por el coeficiente, Díaz explicó que en 2025 el ministro de Economía dictó una resolución según la cual el coeficiente favorecía más a Ushuaia que a Río Grande, un índice atado a la cantidad de habitantes y al aporte que cada vecino hace al pagar sus impuestos. Ese coeficiente se utilizó para el presupuesto 2026, y desde Ushuaia se decía públicamente que recibía 600 millones de pesos más que Río Grande por haber hecho bien las cosas, cuando, según el funcionario, en realidad se había aplicado mal.
Río Grande presentó un recurso administrativo en 2025 y, ya en 2026, el gobernador les dio la razón y dispuso corregir el coeficiente. Sin embargo, cuando llegó el momento de transferir los recursos, Ushuaia hizo su planteo y el gobernador emitió un nuevo decreto que suspendió la aplicación del anterior. Para Díaz se trata de una cuestión netamente política, de presión por parte de Ushuaia y de acceso del gobernador a esas presiones, que terminan perjudicando a Río Grande. Son, precisó, aproximadamente 600 millones de pesos que corresponderían a la ciudad.
Respecto del FAMP, señaló que si bien se trata de un directorio que responde al gobierno nacional, son recursos de los vecinos de Río Grande, y que el municipio exige que bajen a la ciudad. Recordó que con esos fondos se realizan la obra de Vapor Amadeo, que permitirá dar lotes con servicio, y la infraestructura y pavimentación del parque industrial, y que se presentó un nuevo proyecto para mejorar el acceso sur de la ciudad. «Me preocupa muy poco a qué sector político responde el gobierno de la provincia o el gobierno nacional si eso va a traer soluciones a los vecinos de Río Grande», afirmó.
Reunión en Tolhuin y vía judicial
El próximo viernes 13 de noviembre habrá una nueva reunión en Tolhuin entre el ministro de Economía y los secretarios, y de lo que allí se defina dependerá la instancia legal. Díaz confirmó que, si se concreta el 25 por ciento menos proyectado para esta semana, el municipio no tendrá otra herramienta que una presentación judicial, que a su criterio no tiene que ver con la cuestión política. Será Asesoría Letrada la encargada de plantear por qué esos recursos son de los vecinos de Río Grande y por qué deben llegar a la ciudad. Explicó que el cálculo no es complejo: basta ingresar a la página del Ministerio de Economía, en la sección de coparticipación, para ver cuánto envía la Nación día a día a las provincias y obtener de allí el porcentaje que corresponde a cada municipio.
Ante la previsible acusación de judicializar la política, el Secretario de Gobierno la dio vuelta: «Yo lo diría al revés, creo que no hay que utilizar la política para ahogar financieramente un municipio». Recordó que 2027 será el último año de Martín Pérez como intendente, que el Ejecutivo quiere cerrar de la mejor manera posible este ciclo de ocho años de transformación de la ciudad y que quienes miran la cuestión electoral, a su entender, buscan evitarlo. Por eso, aseguró, el municipio recorrerá todas las instancias administrativas y judiciales que sean necesarias.





