“Queremos saber con precisión qué controles se están realizando, qué organismos
intervienen y cómo se están articulando las competencias nacionales y provinciales en
materia ambiental. La intervención del Puerto no puede generar vacíos de control ni impedir
conocer cómo se están protegiendo nuestros recursos naturales”, señaló Colazo.
El pedido surge luego de que el Gobierno provincial informara que equipos técnicos del
Ministerio de Producción y Ambiente intentaron ingresar en tres oportunidades al Puerto
para realizar tareas de fiscalización vinculadas con la gestión ambiental, los residuos y los
recursos hídricos, sin poder concretar las inspecciones.
Para Colazo, la situación requiere información clara y documentación respaldatoria.
“Tierra del Fuego tiene un marco constitucional y legal muy claro en materia ambiental.
Nuestra Constitución establece una protección especial del agua, el suelo y el aire,
reconoce competencias provinciales sobre nuestros recursos naturales y establece el poder
de policía provincial sobre los puertos de su jurisdicción. Tenemos que saber cómo se están
ejerciendo hoy esas responsabilidades y cómo se coordinan con la autoridad nacional que
interviene el Puerto”.
La iniciativa solicita información sobre las inspecciones ambientales realizadas desde el
inicio de la intervención, el estado de las certificaciones correspondientes, la gestión y
trazabilidad de los residuos alcanzados por la normativa ambiental, los controles sobre
transportistas y operadores habilitados y las fiscalizaciones vinculadas con obras, drenajes,
modificaciones de costa, amarraderos y otras intervenciones que puedan afectar los
recursos hídricos.
También requiere conocer las actuaciones administrativas y judiciales impulsadas por el
Ejecutivo provincial ante los impedimentos denunciados para el ingreso de sus equipos
técnicos.
“Este pedido no busca anticipar conclusiones sobre la existencia de incumplimientos. Lo
que estamos pidiendo es información para poder ejercer nuestra función de control y
garantizar que, independientemente de quién administre circunstancialmente el Puerto, las
normas ambientales se cumplan y los controles puedan realizarse de manera efectiva,
continua y verificable”, explicó la legisladora.
Colazo remarcó además el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia y su
vinculación con la actividad antártica.
“Ushuaia es la principal puerta de entrada marítima hacia la Antártida y un nodo
fundamental para la logística, la ciencia, el turismo y las operaciones antárticas. Esa
condición estratégica exige los más altos estándares de gestión ambiental y mecanismos
claros de prevención, fiscalización y trazabilidad”.
Finalmente sostuvo: “La discusión sobre la intervención nacional del Puerto tiene distintas
dimensiones administrativas, judiciales y políticas. En materia ambiental nuestra
responsabilidad es concreta: garantizar que no existan vacíos de fiscalización, que las
autoridades competentes puedan ejercer sus funciones y que la ciudadanía pueda conocer
cómo se protegen la Bahía de Ushuaia, el Canal Beagle y los recursos naturales de Tierra
del Fuego”.
