Matías Taborda, integrante de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), contó en declaraciones al portal Tarde pero Seguro cómo fue la reunión que mantuvieron con integrantes del Superior Tribunal de Justicia, en el marco de las medidas de fuerza que llevan adelante los dos sindicatos judiciales.
La reunión con Superintendencia
Según explicó, el encuentro se realizó el día anterior con los dos secretarios de Superintendencia, los doctores Pachman y Palma. Allí plantearon la necesidad de obtener una respuesta al reclamo salarial.
Los funcionarios les informaron que mantienen diálogo con el Poder Ejecutivo, pero que hasta ese momento no había una definición de común acuerdo para ambos sindicatos. “Quedamos que esperábamos hasta hoy por un sí o por un no”, señaló Taborda.
En cuanto a la recomposición, aclaró que el reclamo ya no corresponde al mes en curso sino a septiembre.
“Una pérdida sostenida de alrededor del 30%”
Taborda insistió ante los integrantes del Superior en que la situación de los trabajadores “ya se hace insostenible”. Explicó que arrastran desde 2023-2024 una pérdida sostenida de alrededor del 30%, que no se pudo recuperar.
Según describió, eso se refleja hoy en un faltante de dinero: los compañeros no llegan a cubrir las necesidades básicas. Para dimensionarlo, comparó la canasta básica, que ubicó en 2 millones 500 mil pesos, con el sueldo de un ingresante, que está en 1 millón 700 mil.
En la reunión también participó un integrante de la comisión directiva de Ushuaia, que aportó que allí la situación es todavía peor, porque un alquiler no baja de 900 mil o un millón de pesos.
Qué piden hasta fin de año
Consultado sobre qué esperan para lo que resta del año, Taborda indicó que vienen reclamando desde hace tiempo soluciones de mediano y largo plazo, es decir, una pauta salarial desde ahora hasta fin de año.
Reconoció que no comparten la inflación oficial, que consideran ficticia, pero sostuvo que al menos se cubran esos valores. Según planteó, eso calmaría la situación de los trabajadores y permitiría que se reduzcan las medidas de fuerza.
El cruce con el Colegio Público de Abogados
En los últimos días, el presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande aseguró que las medidas de fuerza resienten el servicio de justicia que necesita la comunidad. Sobre ese cruce de comunicados, Taborda dijo que las relaciones “siguen un poco tensas”, porque continúan las declaraciones.
El gremialista sostuvo que el servicio de justicia se encuentra garantizado, a pesar de las medidas, por los funcionarios que “lo están dando todo”. Afirmó que el trabajador judicial tiene un fuerte compromiso con su tarea: si un día adhiere a una medida, al siguiente va a querer dar curso a los expedientes acumulados y cumplir con los despachos. “No es una fábrica en la que la línea de producción se ve afectada”, graficó.
Pero lo que más le molestó, dijo, fue escuchar que “por culpa de nuestras medidas una madre no puede cobrar la cuota alimentaria”. Y agregó: “Eso me parece gravísimo y me parece tratar de poner en contra a la sociedad del trabajador”.
Audiencias suspendidas y Pronto Despacho
Taborda reconoció que se suspendieron audiencias, aunque no muchas. Según la información que maneja, en Río Grande ocurrió en el Juzgado de Familia N° 2, por una cuestión vinculada a que algunos funcionarios compensaban el período de feria. También tiene conocimiento de audiencias suspendidas en un juzgado civil de Ushuaia, cuyo magistrado, en los días de paro, decidió apoyar al trabajador, algo que dijo valorar mucho.
Además, planteó que los abogados cuentan con una herramienta para acelerar los despachos, el pronto despacho, que según indicó no se presentó. Y estimó que, en más del 90% de los casos, las madres que necesitan cubrir con urgencia las necesidades alimentarias son atendidas por la Defensoría Pública, porque quienes no pueden pagar un abogado recurren a ella.
Para cerrar, el gremialista expresó su deseo de que “las relaciones se normalicen” y de que todos puedan “trabajar en paz”.
