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Tierra del Fuego sostuvo el acceso al aborto legal con presupuesto propio: 593 interrupciones en el sector público durante 2025

Río Grande, 28 de septiembre del 2026.- El reporte anual de proyecto mirar ubica a la provincia entre las 13 que compraron insumos con fondos propios ante la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra. Ocho efectores públicos garantizan la práctica en el territorio fueguino.

Tierra del Fuego registró 593 interrupciones voluntarias y legales del embarazo (IVE/ILE) en el sector público durante 2025, según el Reporte Anual 2025 de proyecto mirar, titulado “El reto de sostener el aborto legal en Argentina”. El informe fue elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en alianza con Ibis Reproductive Health, a partir de pedidos de acceso a la información pública. La provincia figura entre las 16 jurisdicciones que respondieron.

Los números de la provincia

  • 593 IVE/ILE en el sector público en 2025. Es una cifra absoluta: el reporte no publica una tasa provincial de abortos por mujer.
  • 8 efectores públicos garantizan el acceso a IVE/ILE. Eso equivale a una tasa de 16 efectores cada 100.000 mujeres en edad fértil, en el segundo cuartil (el segundo más bajo) entre las provincias relevadas.
  • 25% de las mujeres asistidas por IVE/ILE egresó con un método anticonceptivo de larga duración (implantes subdérmicos, sistemas o dispositivos intrauterinos), entre las 12 provincias que informan este dato.

Insumos con fondos provinciales

El Ministerio de Salud de la Nación discontinuó la compra de insumos para los servicios de aborto. Frente a esa decisión, 13 provincias compraron insumos con presupuesto propio: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Según el detalle del reporte, la provincia compró misoprostol y/o mifepristona y figura, junto con Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Santa Cruz y Misiones, entre las seis jurisdicciones que adquirieron tratamientos combinados (mifepristona y misoprostol).

Mariana Romero, médica epidemióloga e investigadora del CEDES y del CONICET, explicó: “Frente a la decisión del Estado nacional de discontinuar la compra de mifepristona y misoprostol, el acceso se mantiene con mucho esfuerzo en 13 provincias que lo sostienen con presupuesto propio”.

El panorama nacional

En 20 provincias se realizaron 87.603 abortos en el sector público durante 2025, sin cambios significativos respecto de 2024. La tasa nacional se mantiene prácticamente igual a la de 2023: 7,45 abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años, frente a 7,49. Buenos Aires (41.446), Córdoba (9.341) y la Ciudad de Buenos Aires (9.458 situaciones asistidas) concentran el 72% del total informado.

El país cuenta con 1.846 efectores públicos que garantizan IVE/ILE, una cantidad estable frente a los 1.862 de 2023. Según el informe, alrededor del 70% son del primer nivel de atención, lo que facilita el acceso y, junto con la consulta temprana, explicaría que 9 de cada 10 abortos se realicen dentro de las 12 semanas de gestación en las jurisdicciones que reportan ese dato.

Desfinanciamiento de la anticoncepción

El reporte también señala que el gasto del Programa Desarrollo Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación cayó alrededor de 57% entre 2023 y 2026. Como consecuencia, la cantidad de personas cubiertas con métodos anticonceptivos pasó de más de 1,2 millones en 2024 a unas 63 mil proyectadas para 2026, una disminución del 93%.

Marco jurídico estable

La Ley 27.610 continúa vigente y sin modificaciones. Desde su sanción en 2020 se iniciaron 38 causas judiciales en su contra: 35 fueron rechazadas y 3 permanecen en trámite ante la Corte Suprema. Entre agosto de 2025 y julio de 2026 se identificaron 75 proyectos legislativos vinculados a la salud sexual y reproductiva en las jurisdicciones analizadas. Los que buscaron limitar la aplicación de la ley, presentados en Buenos Aires y Santa Fe, no obtuvieron dictamen ni tratamiento en el recinto.

Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES, afirmó que, “a pesar de las enormes dificultades” del contexto actual, la política “ha encontrado respaldo en muchas provincias, pasados cinco años de sancionada la Ley 27.610”.


Fuente: Reporte Anual 2025 “El reto de sostener el aborto legal en Argentina”, proyecto mirar (CEDES e Ibis Reproductive Health), finalizado el 4 de septiembre de 2026.

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