Según explicó el abogado de Ushuaia, Jorge Hernández, la norma alcanza a los adolescentes de entre 14 y 18 años que cometan un delito, sin importar la gravedad del hecho. Por eso consideró necesario que su alcance se explique tanto en las escuelas como en los hogares.
El letrado graficó que hechos que antes podían tomarse como una torpeza propia de la adolescencia —amenazas, peleas con lesiones u otros conflictos— ahora sí tendrán consecuencias penales si constituyen delito. Aclaró que la ley también incluye delitos graves, como homicidios o robos armados, pero remarcó que no se limita a esos casos: abarca toda conducta tipificada como delito.
Sin lugares para alojar a los detenidos
Uno de los puntos más críticos, según Hernández, es la falta de centros especializados para adolescentes privados de su libertad. La ley exige que no compartan espacio con detenidos adultos, pero el abogado advirtió que Ushuaia no tiene hoy un lugar adecuado para cumplir esa exigencia, en una ciudad que ya enfrenta problemas de espacio en el sistema penitenciario de mayores.
Ante esa falta de espacio, el abogado fue directo: remarcó que hoy no existe un lugar especializado donde alojar a esos adolescentes.
Para Hernández, la aplicación del régimen es hoy “inviable” en la provincia: además de un espacio de detención diferenciado, hacen falta jueces especializados, fiscales, defensores, psicólogos, trabajadores sociales y supervisores preparados para intervenir con adolescentes. La ley también prevé mediación, reparación del daño, pedidos de disculpas y acuerdos con las víctimas, instancias que requieren una estructura coordinada entre el adolescente, sus padres, la víctima, el fiscal, el juez y distintos profesionales, algo que —remarcó— hoy no existe dentro de la Justicia fueguina.
Sin campaña de difusión previa
El abogado también cuestionó que no se haya hecho una campaña de difusión suficiente antes de la entrada en vigencia de la norma, pese a que fue aprobada meses antes. Señaló que desde el segundo año del secundario los adolescentes ya pueden responder penalmente, y que es poco probable que el tema haya sido incorporado este año a la currícula escolar.
Por eso pidió que el contenido de la ley se enseñe en las escuelas y se discuta también en las familias, para que los jóvenes sepan que una amenaza, una agresión o una pelea con lesiones puede terminar en una causa judicial.
Falta capacitar a la Policía
Hernández señaló, además, que la implementación del nuevo sistema exigirá capacitar al personal policial, adaptar los procedimientos de intervención con menores y evaluar su compatibilidad con el régimen provincial de flagrancia.
“La ley ya está votada y vigente. Ahora tenemos que discutir cómo la difundimos y cómo la implementamos dentro de un sistema judicial que hoy no está preparado”, concluyó.
