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“Prácticamente pareciera ser una pena de muerte encubierta”: la defensa de Oscar Ávila cuestionó la condena a 30 años

Río Grande, 13 de agosto del 2026.- El defensor oficial Mariano Sardi, quien representó a Oscar Antonio Ávila —condenado a 30 años de prisión por abusar sexualmente de sus dos hijastras—, cuestionó con dureza el fallo del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte y adelantó que la considera "desproporcionada, irracional, inhumana".

Consultado sobre la lectura de la sentencia, Sardi no ocultó su sorpresa: “Me sorprendió un poco, me sorprendió porque estamos hablando de una persona de 60 años, ¿no es cierto? Y una pena de 30, bueno, prácticamente pareciera ser una pena de muerte encubierta, ya al momento de que cumpla la pena, teniendo en cuenta la falta de beneficios y todo, con respecto a este tipo de delitos, va a estar en estado total de vulnerabilidad, o sea, la pena en sí misma no cumple su fin, la pena tiene fines resocializadores, por eso está el tratamiento penitenciario y todas las cuestiones plasmadas en los tratados internacionales, en las convenciones de los derechos humanos.”

El defensor apuntó además contra la precisión temporal de la acusación, al considerar que el período imputado —de 2011 a 2025— fue demasiado extenso para permitir una defensa eficaz: “No, la verdad que no, y más en una acusación que ha sido totalmente imprecisa, porque decir, desde el año 2011 hasta el 2025, sin fijar pautas claras como para poder ejercer una defensa eficaz, torna en una condena desproporcionada, irracional, inhumana.”

Cuestionamientos a la prueba

Sobre la carga probatoria del juicio, Sardi sostuvo que el peso principal de la condena recayó en el testimonio de las víctimas, y planteó que una pena de esa magnitud debería sustentarse en un análisis más profundo de la prueba: “La carga de la prueba principalmente ha sido la prestada por la declaración de las víctimas, no digo que hay que descartarla, pero sí, cuando uno pone una pena tan grande, también tiene que ser más estudiada la prueba.”

Respecto al embarazo de una de las víctimas —hecho que la fiscalía incorporó como prueba genética de los abusos, dado que el ADN del hijo coincide con el del condenado—, el defensor relativizó su valor probatorio y llegó a plantear una calificación alternativa de los hechos: “La menor tenía 16 años, o sea, hay un ADN que tal como dije en los alegatos, prueba que hubo una relación, lo que no prueba un ADN es si hubo consentimiento o no, cómo pasó, incluso por las mismas declaraciones de la otra chica que hablaba de una relación de pareja, de último podríamos estar hablando de un estupro, pero no de un abuso.”

Al ser consultado sobre la extensión de una década de abusos que tuvo por probada el Tribunal, Sardi hizo un cálculo aproximado de días y particularizó su reparo sobre la cantidad de hechos que la acusación sostuvo como reiterados: “Hacia las dos víctimas, bueno, saquen la cuenta, yo lo hice en los alegatos, pero sería en una 6.200 y pico días, en la otra 3.600 y pico, y si decía en reiteradas oportunidades, estaríamos que tuvieron relaciones por más de 20.000 veces en 10 años.”

Los planteos de la defensa contrastan con los argumentos de la fiscal de género Vanina Cantiani, quien había solicitado la misma pena que finalmente impuso el Tribunal, al considerar acreditado “un daño psíquico enorme” en las víctimas, calificado como “trauma grave” por los peritos del Poder Judicial. El Tribunal —integrado por la jueza Verónica Marchisio y los jueces Eduardo López y Juan José Varela— declaró abstracto el planteo de prescripción de la defensa. Los fundamentos del fallo se conocerán el 27 de agosto.

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