Silvia Verón, técnica en minoridad y familia, estudiante avanzada de Trabajo Social y con una extensa trayectoria en áreas vinculadas a la niñez y adolescencia, fue una de las postulantes excluidas. Su currículum incluye haber sido jefa del Departamento de Adolescentes en conflicto con la ley penal, directora de corresponsabilidad en Tolhuin y actualmente estar a cargo del Departamento de la línea 102. Además, se desempeña como personal del Gobierno provincial desde 2005, con experiencia en programas sociales y contratos previos.
En diálogo con Periodismo por Radio Provincia, relató: “Formo parte de este casi 80% de personas que supuestamente no acreditamos la residencia mayor a los 5 años en la provincia.”
Verón explicó que presentó su DNI renovado en 2020, donde figura su domicilio en Tierra del Fuego, y recordó que trabaja en el Estado provincial desde hace más de dos décadas. Aun así, fue rechazada. “Hablamos de igualdad, no la hubo. Hablamos de transparencia, tampoco la hubo.”
La postulante cuestionó que a algunos candidatos se les permitió subsanar errores en la documentación, mientras que a otros —como ella— se los dejó afuera sin posibilidad de defensa: “En el acta número 3 ellos tienen la consideración con siete personas y les dan un plazo hasta el 8 de junio para subsanar la situación. ¿Por qué los demás no corrimos con la misma oportunidad?”
Un cargo clave aún sin definición
La figura del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes está prevista en la Ley Nacional 26.061, pero Tierra del Fuego aún no la implementó. Silvia subrayó la importancia del rol: “Me preocupa y me interesa mucho todo lo que tiene que ver con respetar de manera puntual los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Creo tener la idoneidad para hacerlo y todavía estoy en posibilidades de crecer desde el conocimiento.”
También advirtió sobre las vulneraciones que sufren los chicos en la provincia: “Nos desgarramos las vestiduras diciendo respetamos los derechos de los niños, pero nos encontramos con niños que lamentablemente no pueden acceder a un montón de cosas, desde no tener acceso a Internet, desde no poder hacer prácticas deportivas por distintas razones, ¿Cuánto de la vulneración de los derechos de nuestros niños es el propio Estado que termina vulnerando estos derechos?”, se preguntó.
La Comisión Evaluadora sostiene que las decisiones se basaron en criterios objetivos y que aún no se definió el orden de mérito. Sin embargo, las denuncias de arbitrariedad, la falta de notificaciones formales y la exclusión de postulantes con trayectoria sólida como Silvia Verón mantienen abierto el debate sobre la legitimidad del concurso.
