En la noche del lunes , cerca de las 23 horas, se presentó en la alcaidía central de Ushuaia el interno David Ezequiel Pereira Yedro, quien estaba desaparecido desde el viernes pasado. El recluso cumple una condena de dos años de prisión por lesiones y amenazas, con vencimiento recién en febrero próximo.
La ausencia de Pereira Yedro se produjo durante una de las denominadas “salidas extraordinarias”, autorizadas por el juez de Ejecución de Sentencias, Isidoro López. Estas medidas no están previstas en la Ley Nacional 24.660 de Ejecución de la Pena, que sólo contempla las salidas laborales y transitorias, siempre bajo evaluación de un gabinete interdisciplinario.
En este caso, la salida fue otorgada sin esa evaluación técnica, lo que derivó en un nuevo incumplimiento por parte de un preso beneficiado. No es el primer episodio: otras “salidas extraordinarias” concedidas por el mismo magistrado ya habían generado situaciones similares, con internos que no regresaron en tiempo y forma.
La situación expone un vacío institucional: mientras la ley establece criterios claros y restrictivos para las salidas de condenados, el juzgado de Ejecución aplica un mecanismo paralelo que carece de sustento normativo. El resultado es un sistema penitenciario debilitado, con internos que se ausentan sin control y un Poder Judicial que habilita prácticas fuera de la ley.
