El estudio revela que el 61,9% de la población considera que el “Caso Agostina” refleja un problema generalizado de violencia contra las mujeres, mientras que un 35,4% cree que no y un 2,7% no supo responder. La diferencia por género es contundente: 74,7% de las mujeres lo ven como un síntoma de la violencia extendida, frente a 49,3% de los varones.
Cuando se consulta sobre la violencia contra las mujeres en general, el 72,2% la define como un problema estructural de la sociedad, mientras que un 21,4% la reduce a casos aislados. Apenas un 3,6% sostiene que no es un problema relevante. Aquí también la brecha de género es clara: 84,2% de las mujeres la reconocen como estructural, contra 60,1% de los varones.
El informe indaga además sobre la creación de un registro público de ofensores sexuales: la propuesta cuenta con un 92,6% de apoyo social, con diferencias mínimas entre géneros (95,2% de mujeres y 90,3% de varones).
Los datos muestran que la violencia machista es reconocida como un problema estructural por la mayoría de la sociedad, pero también evidencian resistencias culturales más marcadas en los varones. La perspectiva feminista permite leer estos porcentajes como un llamado urgente: la ciudadanía exige medidas concretas, registros de ofensores y un compromiso institucional real.
En Tierra del Fuego, donde las marchas de Ni Una Menos han sido masivas en Río Grande y Ushuaia, estos números refuerzan la necesidad de fortalecer redes comunitarias y garantizar justicia con perspectiva de género.
El informe de Zuban Córdoba y Asociados confirma que la violencia contra las mujeres es percibida como un problema estructural y generalizado, y que la sociedad reclama acciones inmediatas. A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, la deuda del Estado con las mujeres y diversidades sigue vigente.





