El documento, fechado el 14 de mayo de 2026, advierte que en una democracia republicana las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas, recurridas o debatidas a través de los mecanismos constitucionales y procesales previstos por la ley. Sin embargo, remarcan que “lo que no puede naturalizarse es el agravio público, la descalificación política ni las insinuaciones sobre eventuales ‘consecuencias’ dirigidas hacia una juez que aún no ha resuelto la cuestión sometida a su decisión”.
Las organizaciones señalaron que resulta particularmente grave que este tipo de manifestaciones provengan de un integrante del Consejo de la Magistratura, ya que exceden la legítima crítica jurídica y pueden interpretarse como una forma de presión institucional incompatible con el principio republicano de división de poderes y con la autonomía que debe resguardar el ejercicio de la función jurisdiccional.
En otro tramo del comunicado, se enfatiza que la independencia judicial “no existe para proteger personas, nombres propios ni fallos determinados. Existe para garantizar que jueces y juezas puedan decidir con libertad, sin condicionamientos políticos ni institucionales provenientes del poder de turno”. Asimismo, se rechaza la idea de que el control judicial constituya un obstáculo para la democracia o la voluntad popular, recordando que el sistema republicano se sostiene en el equilibrio entre poderes y en el sometimiento de todos los actos del Estado al control de constitucionalidad y legalidad.
Finalmente, tanto la AMyF como la UEJN reafirmaron su compromiso con la defensa irrestricta de la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y el respeto institucional, en un contexto de tensión política que vuelve a poner en debate los límites entre la crítica política y la preservación de la autonomía judicial en Tierra del Fuego.
El jefe de Gabinete provincial, Jorge Canals, cuestionó la decisión de la jueza electoral de dar intervención al Ministerio Público Fiscal en lugar de avanzar con el cronograma electoral. Afirmó que “no existe ninguna duda jurídica” y acusó a la magistrada de obstaculizar el proceso constituyente previsto para 2026.
El ministro jefe de Gabinete de la provincia, Jorge Canals, expresó la “profunda preocupación del Ejecutivo” por la decisión de la jueza electoral Mariel Zanini de correr vista al Ministerio Público Fiscal en lugar de emitir el cronograma correspondiente al proceso constituyente convocado para 2026.
En ese marco, el funcionario calificó la medida como “inaceptable” y sostuvo que la magistrada está generando “incertidumbre artificial” y “trabando deliberadamente” un proceso electoral ya convocado mediante decreto del gobernador.
“Esto no es un capricho del Ejecutivo. Hay un decreto legítimo, hay una ley sancionada que sigue todos los pasos constitucionales y hay una sentencia firme desde octubre del año pasado”, enfatizó Canals al defender la legalidad del proceso.
Asimismo, fue contundente al referirse al recurso de queja que aún tramita ante la Corte Suprema. “Que la jueza nos venga con que hay un recurso pendiente es una excusa sin fundamentos. En lo civil, la queja no suspende nada. Eso lo sabe cualquier abogado recién recibido. La sentencia que habilita el proceso está firme desde el 16 de octubre de 2025”, aseguró.
Por otra parte, Canals cuestionó la referencia realizada por la magistrada a una ley aprobada por la Legislatura que todavía no fue promulgada ni vetada. “Una ley que no está promulgada no es ley. No puede basarse en un proyecto aprobado que aún está en período de publicación o veto para frenar un proceso electoral. Eso no es prudencia institucional, eso es activismo judicial mal entendido”, sentenció.
En la misma línea, consideró que la actitud de Zanini “no es ingenua”, sino que responde a una “lógica obstructiva” que pone en riesgo el normal funcionamiento institucional. “La jueza no tiene ninguna presentación de partidos políticos solicitando que se detenga el proceso. Actuó de oficio. Fue a la Corte a investigar, leyó los diarios y con eso armó un despacho que lo único que hace es usar al Ministerio Público Fiscal como escudo para no definirse”, afirmó.
Consultado sobre los pasos a seguir, el jefe de Gabinete ratificó que el Ejecutivo defenderá la convocatoria realizada por el gobernador. “No vamos a permitir que una jueza, con argumentos que no existen jurídicamente, paralice la voluntad popular. Estamos evaluando todas las herramientas institucionales, políticas y judiciales para garantizar que se respete el cronograma”, indicó.
Finalmente, Canals sostuvo que “la democracia no se construye con jueces que le tienen miedo a su propia firma. La democracia se construye con certezas, con plazos y con respeto a las instituciones”. Y concluyó: “Lo que hizo la jueza Zanini es un acto de irresponsabilidad institucional. Y si no lo corrige, deberá hacerse cargo de las consecuencias políticas de retrasar la Constitución que los fueguinos nos merecemos”.
