El 11 de mayo de 2026, en Ushuaia, el Consejo de la Magistratura se reunió bajo la presidencia de la Dra. Edith Miriam Cristiano para analizar la polémica Acordada STJ Nº 24/2026. Esa resolución del Superior Tribunal de Justicia había marcado un hito: por primera vez en tres décadas, el máximo tribunal provincial rechazó una designación del Consejo, cuestionando la falta de criterios objetivos y razonables en el proceso de selección. La candidata afectada fue la Dra. María Elena Guerrero, esposa del titular de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), contador Oscar Bahamonde, y actual integrante del propio Poder Judicial fueguino.
El Consejo respondió con un gesto político contundente: resolvió elaborar una acordada solicitando la derogación de la resolución del STJ y reafirmar la vigencia de la Acordada C.M. Nº 674. La decisión fue firmada por la presidenta Edith Miriam Cristiano, el Fiscal de Estado Virgilio Juan Martínez de Sucre, el Ministro Jefe de Gabinete Jorge Alberto Canals, la legisladora María Victoria Vuoto, el legislador Jorge Andrés Lechman, el Dr. Alejandro Pagano Zavalía y el vicepresidente Horacio Marcelo Castelli.
El debate se dio en un marco de hermetismo. Periodistas que habían ingresado al recinto fueron invitados a retirarse, en cumplimiento del reglamento interno del Consejo. Aunque la norma prevé esa modalidad, la decisión resulta cuestionable: el órgano encargado de seleccionar y remover jueces funciona bajo un esquema cerrado, inaccesible para la ciudadanía, que rara vez comprende sus mecanismos y debates. La exclusión de la prensa refuerza la percepción de opacidad en un espacio que debería garantizar transparencia y legitimidad.
La tensión entre el Consejo y el STJ abre un conflicto institucional de alto voltaje. El Tribunal busca legitimarse como garante de imparcialidad y transparencia, mientras el Consejo defiende su autonomía y rechaza lo que considera una intromisión en sus facultades. En el medio, la sociedad observa un sistema judicial que decide sobre jueces sin participación ni acceso público, y que ahora exhibe sus internas en un escenario de confrontación política.
El trasfondo político es evidente: la Acordada 24/2026 no es solo un rechazo puntual, sino un precedente que redefine el equilibrio de poderes en la Justicia fueguina. El STJ se reserva la potestad de revisar lo que ya debatió dentro del propio Consejo, concentrando poder y generando un escenario de control cruzado que puede bloquear designaciones futuras. El Consejo, por su parte, intenta recuperar autoridad con un gesto institucional fuerte, pero lo hace en un marco de secretismo que debilita su legitimidad.
La disputa abre un interrogante mayor: ¿quién tiene la última palabra en la Justicia de Tierra del Fuego? La respuesta, por ahora, se juega en un tablero político-judicial donde las reglas parecen estar cambiando y donde la transparencia sigue siendo la gran ausente.





