El documento, presentado en mayo de 2026, dimensiona por primera vez con datos oficiales la magnitud real del fenómeno. A nivel nacional, sobre más de 8,2 millones de causas penales registradas en 17 jurisdicciones, las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total, es decir, una cada 1.098 expedientes. El falso testimonio es todavía más marginal: 0,025%, una cada 3.940 causas.
En Tierra del Fuego, el dato es aún más contundente: solo nueve casos en dos años. Aunque más de la mitad de ellos se vinculan a violencia de género o intrafamiliar, el número absoluto es tan reducido que no puede interpretarse como un fenómeno de escala. El OVG advierte que el verdadero problema es el subregistro de los delitos de género, no la proliferación de denuncias falsas.
Las organizaciones feministas de la provincia y del país celebraron el informe como una confirmación de lo que vienen sosteniendo desde hace años. “El mito de las falsas denuncias es una construcción política y cultural que busca deslegitimar a las víctimas y desalentar la denuncia”, señalaron desde la Campaña Nacional contra las Violencias hacia las Mujeres. En Tierra del Fuego, colectivos como Madres Protectoras y Mundanas ya habían advertido que el discurso sobre las falsas denuncias funciona como una estrategia de encubrimiento.
La evidencia externa refuerza esta conclusión. La Encuesta de Prevalencia de Violencia de la Iniciativa Spotlight (UE, 2022) mostró que el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia de pareja alguna vez en su vida, pero el 77% nunca denunció. El Segundo Estudio Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (MJyDDHH, 2019) reveló que cerca del 20% sufrió violencia sexual en su vida adulta, y el 88% de ellas no realizó ninguna denuncia. El Comité CEDAW, en sus observaciones finales al 8º informe periódico de Argentina (2026), fue categórico: “El Comité recomienda al Estado Parte que retire la propuesta de modificación del Código Penal relativa a las denuncias falsas en casos de violencia de género, y garantizar que las modificaciones legislativas no creen barreras a la denuncia ni desalienten a las víctimas de buscar protección”.
El contraste con otras provincias refuerza la lectura. Salta reportó 4.307 casos, el 57% del total nacional, aunque su propio Ministerio Público aclaró que se trata de una particularidad de su sistema de registro. Buenos Aires registró 1.673 casos, de los cuales apenas el 7% se vincula a violencia de género. En CABA, sobre 108 casos, el 39% se relaciona con ese contexto. En este mapa, Tierra del Fuego aparece con un número absoluto ínfimo, lo que confirma que las falsas denuncias no constituyen un problema relevante en la provincia.
El debate legislativo que continúa en el Congreso sobre el proyecto de reforma penal que busca agravar las penas por falsas denuncias queda atravesado por esta evidencia. El OVG lo señala con precisión: “No existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal”. Para las organizaciones feministas, el informe oficial es una herramienta clave: confirma que el discurso de las falsas denuncias es una construcción que busca deslegitimar a las víctimas y desalentar la denuncia.
En Tierra del Fuego, el dato de nueve casos en dos años, frente a miles de causas penales ingresadas, refuerza la conclusión de que se trata de un fenómeno marginal. La política pública, insisten las organizaciones, debe enfocarse en garantizar el acceso a la justicia y en fortalecer las redes de acompañamiento, no en agravar penas sobre un fenómeno estadísticamente irrelevante.





