Representantes de las carteras laborales de las provincias de Buenos Aires; Tierra del Fuego; La Pampa; La Rioja; Santiago del Estero y Formosa alertaron que las reformas que impulsa el presidente Javier Milei representan un “avasallamiento” de derechos sociales y laborales, por lo que se comprometieron a trabajar coordinadamente “a fin de evitar la sanción de toda norma” que atente contra los trabajadores.
“El contenido del DNU 70/2023 en su Título IV denominado “Trabajo” así como el proyecto original de la denominada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en su Capítulo IV “Empleo Público” colisionan definitivamente con los derechos constitucionales de los trabajadores”, destacaron en el comunicado.
Y puntualizaron: “Implican una regresión inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico e institucional, marcado a fuego por el Principio de Progresividad”.
“Advertimos, a más de cuatro meses de asumido el nuevo Gobierno nacional, que las condiciones materiales de vida de los sectores merecedores constitucionalmente de tutela diferenciada se han visto ostensiblemente deterioradas”, agrega el comunicado.
Para los ministros y secretarios de las carteras laborales provinciales que firmaron el documento “no se trata solamente de la situación inflacionaria, sino de la ausencia de todo tipo de mecanismo de control respecto de precios en bienes esenciales, tarifas en servicios, alquileres o la provisión de medicamentos”, señalando además que “el espíritu desregulador ha avanzado en todas las áreas de la actividad económica, pero pone un único techo, y paradójicamente, es a la recomposición salarial, a la negociación colectiva y a las paritarias”.
“A este escenario de inflación descontrolada, salarios congelados, parálisis deliberada de la actividad estatal se suma la paralización de la obra pública y el desguace sin criterio ni razón que pueda explicarlo, de innumerables organismos estatales con la consiguiente ola de despidos o cesantías que condenan a familias enteras a la desesperación y la indigencia”, cuestionaron.
En este contexto, y remarcando que las provincias son “el territorio natural donde acontecen e impactan las decisiones que a golpes de Decretos de Necesidad y Urgencia se adoptan desde el Ejecutivo Nacional”, se menciona que las jurisdicciones “se ven desfinanciadas al borde de poner en crisis su accionar básico, el pago de sueldos y la compra de insumos que permitan cumplir con funciones estatales impostergables”.
“No hay sector de la sociedad que no esté padeciendo por alguna de las situaciones descriptas, y reiteramos, con flagrante violación de nuestra carta Magna, graves e innecesarios perjuicios, de quizá imposible reparación ulterior”, reprocharon.
Por último, las provincias que firmaron el documento señalaron que “mientras estas líneas son escritas se profundiza el daño y se ha liberado el precio de la telefonía celular y de los servicios de telecomunicaciones, esenciales para la vida cotidiana, y ha comenzado a circular un nuevo proyecto de “Ley Bases” que en nada subsana el actual estado de cosas”.
“En este estado de situación, las carteras laborales provinciales nos comprometemos a trabajar coordinadamente a fin de evitar la sanción de toda norma que indique un avasallamiento de los derechos sociales y laborales reseñados que redunde en la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador”, concluye el comunicado.
El documento lleva las firmas de Julio Valdez (Subsecretario de Trabajo de Formosa); Julia Comán (Secretaria de Trabajo de Santiago del Estero); Sonia Castiglione (Ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego); Marcelo Pedehontaá (Secretario de Trabajo y Promoción del Empleo de La Pampa); Myriam Espinosa (Secretaria de Trabajo de La Rioja) y Walter Correa (Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires).
