De esta forma, la Corte parece alejarse de la conformación que tuvo entre 2004 y 2014, cuando con las presencias de Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay como Ministras, hubo dos mujeres entre los siete integrantes de la instancia superior del Poder Judicial argentino.
Esta situación puso en alerta a diferentes organizaciones de mujeres en la Justicia, que expresaron su rechazo, como la Asociación de Mujeres Juezas y el Colectivo de Mujeres del Derecho.,
También sumaron sus voces de reprobación diferentes espacios feministas y de derechos humanos, como Amnistía Internacional, el Cels, ACIJ, ELA, Feim, CEJIL, Mujeres en Igualdad, GQual y Fundación Siglo 21 que sacaron comunicados de repudio.
Estas organizaciones sostienen que la decisión del presidente Javier Milei es contraria a tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional en Argentina, como la “Convención contra toda forma de discriminación contra la Mujer”, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y la Convención Americana de Derechos Humanos.
Además, sostienen que la iniciativa oficial pasa por alto el artículo 37 de la Constitución y el decreto 222/2003 sobre la designación de las y los ministros de la Corte, que en su artículo 3 establece que “al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general del Máximo Tribunal con el propósito de posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal”.
La doctora en Derecho y docente de la UBA Marisa Herrera aseguró a Somos Télam que el decreto 222 “tuvo una aceptación unánime por parte de la comunidad jurídica” porque “se trataba de receptar reglas claras y a tono con la responsabilidad que implica un cargo como éste, en el marco de un sistema cuasi-vitalicio”.
Y por eso, “entre los requisitos se encuentra la diversidad de género” en virtud del “pluralismo que debe atravesar a las instituciones en clave democrática, muy especialmente, a la Corte Federal”, remarcó Herrera.
“¿Cómo es posible erradicar la desigualdad de género para poder alcanzar sociedades realmente igualitarias si las máximas instancias de decisión son integradas en su totalidad por varones, es decir, cuando se silencia y ningunea a la mitad de la población que son mujeres? No se trata (en el caso de la Corte Suprema) de una subrepresentación, sino directamente, de su no representación con lo que ello significa en términos de calidad democrática y de beneficio para la sociedad en su conjunto”, observó la jurista.
Y agregó: “Sentencias emblemáticas de la Corte como el resonado caso FAL, Sisnero o decisiones de política judicial como la creación de la Oficina de Violencia de Género y la Oficina de la Mujer -por citar algunas- no son casualidad sino causalidad de un Máximo Tribunal integrado por mujeres, con vivencias personales y profesionales muy diferentes a la de los varones que no solo amplían y enriquecen las funciones de la Corte, sino que también las complejiza e interpela a la vez en clave de igualdad de géneros”.
La Corte comenzó a funcionar en 1863 y su primera integrante mujer fue Margarita Argúas, una doctora en jurisprudencia y docente que fue designada en 1970 por el presidente de facto Roberto Levingston.
Pero la novedad no duraría mucho tiempo, porque Argúas renunció en 1973 y habría que esperar nada menos que 30 años para que se produjera un nuevo ingreso femenino, que, por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, fue por partida doble.
Tras el juicio político a dos integrantes de la Corte menemista y la renuncia de otros tres para evitar ese proceso, el santacruceño propuso a Argibay y Highton de Nolasco para ocupar dos de los puestos vacantes.
Esta cuota de equidad que se había asegurado en la Corte durante una década, sufrió un retroceso en 2014 con el fallecimiento de Argibay y siete años después, con la renuncia de Highton. En 2021, el cuarto piso del Palacio de Tribunales volvió a ser un territorio sólo poblado por magistrados hombres.
En diálogo con Somos Télam, la exletrada de Argibay, Flora Acselrad, aseguró que la escasa presencia de mujeres en los 161 años de historia de la Corte “deja en claro que no se trata de una cuestión coyuntural”.
“No es algo sólo de las preferencias de este nuevo Presidente, sino que se trata de una cuestión más compleja, estructural que requiere una reflexión más profunda. Se trata de la persistencia de los prejuicios y estereotipos en torno a las condiciones para acceder a esa instancia, donde las cualidades en torno a lo culturalmente asignado a lo masculino y su jerarquía, tienen preeminencia a la hora de pensar en la elección del candidato”, subrayó Acselrad. Seguí leyendo aquí.
Fuente: Somos Télam
