En el título “Bioeconomía” del decretazo del presidente Javier Milei se deroga la Ley de Tierras, poniendo en venta en el mercado mundial gran parte del territorio nacional: tierras cultivables; recursos naturales como litio, cobre y otros minerales; hasta el agua y los glaciares. Un amparo judicial frenó la vigencia de ese capítulo, pero la propuesta libertaria ya cosecha tanto adherentes como detractores.
El sueño del dueño de IRSA
La decisión de Milei de incluir ese capítulo en el DNU 70/23 confirma el grado de afinidad del Presidente con el imperio de Eduardo Elsztain, dueño de IRSA. Alejandro Elsztain, hermano de Eduardo, es el CEO de Cresud, que con Brasil Agro gestiona los agronegocios del magnate: manejan 800 mil hectáreas en 24 campos propios y tienen una concesión a largo plazo.
Adherentes
En su mensaje ante la comisión bicameral del Congreso, el abogado ambientalista Enrique Viale señaló a Elsztain, a Mauricio Macri con las firmas Socma y Finca Yuto y al actual ministro de Economía, Toto Caputo, como beneficiarios de la flexibilización del desmonte. Durante su gestión, Macri amplió por decreto los límites a la extranjerización que impone la Ley de Tierras.
Pasman explicó que “no hay tierras disponibles en la zona núcleo” y agregó: “Los extranjeros por ahora han elegido zonas de campos mixtos y la diferencia es que ellos vienen con capital para hacer mejoras, poner riego y generar infraestructura”. El martillero aseguró que la derogación de la ley “generó interés de compradores internacionales”, pero reconoció que “tampoco explotaron los teléfonos”. Capitales estadounidenses son los que más tierras tienen en Argentina, le siguen italianos y españoles.
“Hay campos que aquí valen ocho, diez y hasta 15 mil dólares la hectárea. Esa misma calidad de campo en Estados Unidos vale el doble o el triple, lo mejor que puede pasar es el libre comercio”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, al anotarse en la lista de apoyo a la extranjerización libre de la tierra nacional.
El reservorio en disputa
Argentina es el cuarto reservorio mundial de tierra negra; el primero es Rusia, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Una hectárea en la zona maicera de Estados Unidos, en Iowa o Illinois está valuada entre 25.000 y 30.000 dólares. El campo con mejor calidad productiva de Argentina, en la zona núcleo, se cotiza en u$s15.000.
Consultado por Letra P, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, aseguró que “es un error derogar la Ley de Tierras. Es peligroso porque quedan expuestos los recursos naturales (minería, petróleo) y los acuíferos de agua dulce y reservorios como los glaciares. Tampoco sería adecuado vender tierras estatales”, dijo el dirigente gremial empresario. Achetoni afirmó que la ley “permitía el 15% de tierras en manos extranjeras y hay un 6% en esa condición, sin embargo generan una posibilidad de compra irrestricta de tierras”.
La Ley de Tierras en discusión limita a un 15% la cantidad de tierras en manos de extranjeros. Allí lidera el ranking el Grupo Benetton y le siguen Joe Lewis y Ted Turner, el grupo chino Heilongjiang Beidahuang, la compañía inglesa Walbrook, Somuncura Patagonia S.A. y el rabino Elimeir Libersohn, entre otros.
“El DNU de Milei permite la multiplicación infinita de los casos de Joe Lewis”, ejemplificó Brenda Junín, presidenta de la Fundación Pedemonte de Valle de Uco, en Mendoza, en referencia al magnate británico y poseedor de una de las mayores fortunas del mundo que en 1999 compró la Estancia de Lago Escondido, de 18 mil hectáreas en Río Negro. La escrituración de esas tierras, se intentó hacer con la Ley 22.737 en vigencia y fue judicializada.
Junín afirmó que “esto sucede en Argentina, donde tenemos la segunda pampa húmeda en extensión del planeta y ya sabemos que pasó la primera pampa húmeda mundial que está en Ucrania”.
También el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) se manifestó en contra de la derogación de la Ley de Tierras: “El territorio es vida, no mercancía”, manifestó la organización católica y agregó: “La limitación a la titularidad y posesión de privados extranjeros de la tierra está profundamente relacionado con la problemática territorial de los pueblos indígenas”.
