El DNU anunciado por el Gobierno pone en peligro la elaboración de distintos medicamentos, como son los casos del misoprostol y la mifepristona, que constituyen el procedimiento recomendado para la interrupción voluntaria de embarazos (IVE).
“Como estamos creados por una ley provincial, en teoría y en principio estaríamos amparados por la autonomía de las provincias. Pero por supuesto que en alerta porque, si a nivel nacional las políticas van en detrimento de la producción pública, lógicamente puede afectar al laboratorio público de la provincia”, sostuvo la directora.
Hasta ahora, la distribución del misoprostol se encuentra garantizada en todo el país a partir de la producción pública que realiza el LIF que se distribuye a través del programa nacional Remediar, el cual brinda acceso y cobertura de medicamentos esenciales a través de su distribución directa a los centros de salud, al tiempo que y el laboratorio estatal Profarse produce este medicamento para la provincia de Río Negro.
La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva adquirió este medicamento desde el LIF por primera vez en 2021, lo que significó “un ahorro del 54.9%, con respecto al precio del laboratorio privado al que había comprado en 2020”, según un informe de la Anlap. En tanto, la mifepristona es producida por el LIF para la provincia de Santa Fe y en 2022 el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires firmó un convenio con la Universidad de la Plata para su producción.
En el artículo 48 del DNU se establece que “las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas”. LA CAPITAL.
