Con un promedio de cinco sesiones anuales, culminan su mandato quince legisladores y legisladoras que recordaremos porque votaron sin explicación, y en plena pandemia de COVID, la ampliación del Superior Tribunal de Justicia y como broche de oro, en su última sesión y sobre tablas, decidieron la necesidad de una reforma constitucional en un tercio de su contenido.
No es un dato irrelevante que, además, los legisladores y legisladoras que lideraron la oposición durante los últimos cuatro años fueron reelectos, ahora como oficialistas. Todo ello sin toser ni despeinarse.
Llamativamente, ayer se lograron los “consensos”. Esos mismos que no se consiguieron para tratar los proyectos de paridad, interpelar a las autoridades de la obra social para que expliquen porque los afiliados y afiliadas de OSEF no cuentan con las coberturas necesarias para resolver los más elementales problemas de salud, enfermedades crónicas y tratamientos de altos costos, o para sentarse a discutir con las organizaciones de la diversidad la adhesión parcial o total a la Ley Nacional de cupo laboral travesti-trans. Pero para la reforma constitucional si hay “consensos”…
Estas acciones no hacen más que confirmar nuestra percepción sobre la situación institucional actual: la legislatura y sus legisladores y legisladoras se comportan como una escribanía de las prioridades del Gobierno Provincial, y nadie parece estar dispuesto a incomodar. Mucho menos a romper los acuerdos corporativos.
Al leer la enumeración de los artículos de la pretendida reforma nos preguntamos: ¿qué problemas quiere resolver el Gobierno de la Provincia encabezado por Melella?
Sin lugar a la argumentación, discusión ni negativa, se aprobaron todos los proyectos de ley presentados por el Gobierno. Sólo existieron algunas disidencias silenciosas. Varios de los proyectos no tratados son fundamentales para la ciudadanía, la democracia y la institucionalidad fueguina.
Como es de público conocimiento, se aprobó una reforma sin precedentes de la Constitución Provincial: la ley sancionada establece la pronta modificación de 70 artículos constitucionales que van desde la forma de gobierno, los límites, pasando por la Capital de la provincia,los obsequios a funcionarios/as, hasta la reforma de las atribuciones de la Legislatura, el Gobierno, las Municipalidades, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal de cuentas, los derechos de la ciudadanía, de los y las trabajadoras, de las mujeres, de la previsión social, la salud, la protección del ambiente, la educación, y el régimen económico.
Desde el Partido Social Patagónico expresamos nuestro repudio al modo antidemocrático, arbitrario e irresponsable del Gobierno Provincial y de la Legislatura provincial toda al permitir el desarrollo y la aprobación sin discusión ni promoción pública de un proceso que podría haber sido legítimo, valioso y transparente, pero que en el marco de ajuste, desolación y preocupación social por la garantía y protección de los derechos que nos amparan no puede ser más que interpretado como un juego político que no pretende atender las necesidades del pueblo que deberían representar. ¿Cuál es el objetivo de llevar adelante una reforma constitucional de tamaña envergadura en este contexto?¿Con el apoyo de quiénes?¿Para resolver las necesidades de quién?
El derecho a la información pública es uno de los múltiples derechos que sistemáticamente está siendo vulnerado. Discutir derechos laborales, de salud, educación y de las mujeres frente al triunfo nacional de un color político que solo busca flexibilizar las condiciones del trabajo y eliminar el reconocimiento y responsabilidad estatal frente a la garantía de derechos básicos para las mujeres, disidencias, adultos y adultas mayores e infancias se nos presenta, cuánto menos, de una irresponsabilidad absoluta y contradictorio con los discursos que llevaron a muchos y muchas de las representantes a ocupar los cargos que ocupan.
Se trata, en suma, de una gestión legislativa para el olvido en términos de transparencia y participación, pero para recordar en términos políticos: por las prácticas y omisiones antidemocráticas que no pueden ser admitidas, y que sin embargo, fueron sostenidas a lo largo de estos cuatro años.
