Los acuerdos de colaboración y asistencia financiera firmados entre el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y sus pares provinciales de Tierra del Fuego y La Rioja tienen el objeto de fortalecer la estructura institucional de cada provincia mediante el diseño, desarrollo y ejecución de políticas públicas destinadas a la readaptación social de las personas en conflicto con la ley penal que hayan agotado su condena o están bajo libertad condicional.
El financiamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación destinado a estas dos provincias alcanza los $2.501.175 y prevé que tanto el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de La Rioja como el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Tierra del Fuego incorporen profesionales de las carreras de trabajo social, abogacía, psicología y sociología con el objeto de promover la formación académica de las personas que accedan al programa.
Los convenios estipulan que las partes implementarán mecanismos efectivos de supervisión y asistencia de condenados, liberados condicionales y personas que hayan agotado su pena.
En lo que va del 2023, la cartera nacional de Justicia y Derechos Humanos celebró otros 14 convenios de estas características con las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Río Negro, San Juan, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Salta, Tucumán, Chaco, Córdoba, Santa Cruz, Misiones y Neuquén. Con los convenios de Tierra del Fuego y La Rioja, el Ministerio alcanza un total de $55.969.066 destinados a fortalecer las instituciones de patronatos de liberados en 16 provincias de todo el país.
