(Por Lorena Uribe) No se trata de los dichos de la madre de Ruby de 5 años, sino de la misma niña que desde marzo de este año ha dejado de manifiesto que no quiere estar con su progenitor. La identidad de la nena y su mamá, nunca se difundió, a fin de no exponerlas públicamente.
El primer calvario que vivió la pequeña, fue el 8 de marzo del 2023, cuando a la salida de la escuela, en una crisis de llanto expresó “no quiero ir”, haciendo referencia a su progenitor, con quien hasta ese momento, tenía pautado un régimen de visita, debido a la separación que transitaban sus padres, y con situaciones de violencia de por medio. Sucesos que la nena, también había presenciado.
Esa misma tarde, una pediatra de un centro médico privado de la ciudad diagnosticó a Ruby: “dolor abdominal y crisis de ansiedad generalizada. Pánico”.
A unos pocos meses de este episodio, y con atención psicológica de por medio, intervención de la Dirección Provincial de Infancias y del Juez Fernando González, a cargo del Juzgado de Familia 1 del Distrito Judicial Norte, notificaron a la mamá de la nena que debe llevar a su hija a un lugar determinado, para comenzar la revinculación con su progenitor.
La mujer no comprende a que se debe esta decisión, si su hija ha dicho en más de 10 oportunidades, con distintos profesionales, que no quiere ver al progenitor. “Dictan una prohibición de acercamiento de él hacia mi, porque es un violento, pero no hacia mi hija y se la tengo que entregar en bandeja”.
El mayor temor de la mujer es que, todos los avances en cuanto a la salud mental de Ruby, se vean desmoronados a partir de la situación que deberá enfrentar, el próximo 22 de agosto.
Mientras todo esto sucede, las redes sociales, pero también las redes de Madres Protectoras del país, están atentas a lo que suceda con esta niña.
Un proyecto para evitar las revinculaciones forzadas
En septiembre del año 2022 y con el apoyo de las Madres Protectoras y otras organizaciones de la sociedad civil, la diputada nacional Mónica Macha presentó una iniciativa que tiene por objetivo la derogación de la Ley 24.270. Esta norma fue sancionada en 1993 y ya en su momento había sido discutida por abogados y especialistas, ya que habilita las revinculaciones forzadas entre infancias y progenitores abusadores o violentos.
Si bien la ley 24.270 busca preservar el vínculo paterno-infantil, en casos en que éste fuese impedido de manera ilegítima, en los hechos la aplicación de la misma ha servido para criminalizar conflictos familiares, resultando a todas luces ineficiente para los fines que postulaba.
La normativa deja en claro que se debe castigar «con prisión de un mes a un año al padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyese el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes», y suele ser usada por aquellos padres denunciados por abuso o violencia. Sin embargo, al ser mal aplicada se puede terminar encarcelando al/la progenitor/a conviviente -generalmente madres-, lo que sin dudas genera efectos negativos en el mantenimiento de la relación con el menor. Además, lleva a penalizar conductas que normalmente se refieren a conflictos entre padres divorciados y separados, y entre los cuales es claro que la ley penal no los va a resolver, sino a profundizar, tal como explica en los fundamentos del proyecto el abogado penalista Edgardo Donna. “Si bien tiene un sujeto normativo neutral, es una ley dirigida a (y utilizada para) criminalizar a las mujeres”.
“Con esta ley se termina construyendo una respuesta de cierto sector del Poder Judicial que la utiliza para encarcelar a las madres protectoras y dejar la posibilidad de que los progenitores abusadores pidan el revinculamiento -esclarece Macha-. Creo que es parte de una metodología muy usual en ciertos sectores que también implica la utilización del falso SAP o el síndrome de las memorias implantadas para desmentir a las madres protectoras, tratarlas de manipuladoras y no creer lo que cuentan los niños”.
