Así resultó del proyecto presentado por el legislador Pablo Villegas (MPF), que en sesión fundamentó respecto de los índices que aportó recientemente la organización Amnistía Internacional. En este sentido, desde la Cámara legislativa se buscará aplicar la norma en los centros sanitarios fueguinos.
En la fundamentación de la Resolución, el Legislador sostiene que, en Río Grande, la aplicación del texto se ve imposibilitado “dada la negativa de algunos profesionales de la salud en ampararse en la objeción de conciencia establecida en la norma”. En este punto refiere a que, aunque los médicos cuentan “con la infraestructura necesaria, persisten obstáculos que impiden el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo”.
“La objeción de conciencia, reconocida por la ley, permite los profesionales abstenerse de realizar un aborto por razones religiosas o personales. No obstante, esto no exime al Estado de su responsabilidad de garantizar el acceso al aborto en el marco legal establecido”. Asi, sostiene que la realidad “ha llevado a que mujeres que superan las 12 semanas de gestación y no pueden acceder al aborto en el hospital sean derivadas a otros lugares, generando aủn más complicaciones”.
Villegas señaló que la responsabilidad del Estado, a través del Ministerio de Salud, es “administrar los mecanismos necesarios para asegurar que exista un equipo médico capacitado y dispuesto a brindar los servicios requeridos en cada una de las ciudades de nuestra Provincia”.
