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Para el abogado Francisco Giménez, » Es absolutamente imposible que cualquier hombre acusado de abuso sexual pueda liberarse de una condena”

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Una vez conocido el fallo de 8 años de prisión a César Carabajal, su abogado defensor, el Dr. Francisco Giménez sostuvo que la labor de la Fiscalía fue «excelente» y sostiene que su defendido fue condenado por una «no violación» y cargó contra la víctima. Además, habló de la perspectiva de género que se aplican en este tipo de hechos, y lejos de comprender de que se trata, fustigó “juzgar con perspectiva de género no solo significa escuchar a la víctima, sino también juzgar sin prejuicios acerca la víctima. Pero también juzgar con perspectiva de género es también escuchar la versión de la otra parte y cómo lo está probando». (Ver video)

Río Grande, 3 de octubre del 2022.- Tras conocerse el fallo condenatorio del Tribunal contra el policía Cesar Carabajal, quien fue condenado a 8 de prisión, su abogado defensor, el Dr. Francisco ‘Paco’ Giménez dijo en rueda de prensa que esperará “los fundamentos del Tribunal para emitir algún tipo de opinión, pero estoy totalmente convencido de que Carabajal es absolutamente inocente”.
Esgrimió que “la versión que dio en el juicio fue lo que realmente pasó ese día, pero ha tenido otra visión el Tribunal y el Fiscal ha hecho una excelente labor profesional y esta es la sentencia que recayó sobre Carabajal, de ocho años de prisión, de los diez que había pedido el Fiscal”.
Recordó que en sus alegatos dijo que “juzgar delitos sexuales con perspectiva de género no solamente era hacer justicia condenando, sino también absolviendo. En este caso están las cámaras de seguridad del Hospital donde se ve todo el recorrido que hicieron ambos y no se ve en ningún momento la conducción por fuera de la voluntad de la señorita mayor de edad (Carabajal) no la conocía, no la había visto nunca, por lo tanto, vamos a esperar los fundamentos”, insistió el letrado.
Para el Dr. Francisco Giménez, “lo cierto es que una no violación estuvo absolutamente filmada por las cámaras del Hospital y demuestran que fue una relación consentida”.
Dijo que “evaluaremos (la sentencia) pero en el fallo el Tribunal ha hecho mención de tratados internacionales sobre la protección de personas con discapacidad, entiendo que por allí ha venido la sentencia en cuanto al consentimiento de la señora; pero lo cierto es que Carabajal no la conocía y no conocía su condición de tal (hipoacúsica) y tampoco estaba acreditado en el expediente, estamos hablando de la señorita hipoacúsica que hoy escuchaba bien; pero veremos los fundamentos, fueron dos semanas de juicio y creemos que va a estar fundada la sentencia”.
Aseguró que Carabajal entiende el concepto de consentimiento. “Cuando la mujer dice sí, es sí y cuando dice no, es no”, dijo el abogado defensor y aseguró ante la consulta que la mujer “no cambió de opinión en el transcurso de la relación” y que le consta “porque por dos semanas estuve en el juicio y hace un año soy el defensor de Carabajal”.
Giménez aseguró que en las videocámaras del Hospital “señalan a dos personas conversando, un policía y una paciente del hospital, que se van caminando por los pasillos del hospital, en ningún momento nadie corre; la chica supuestamente se fue a la casa, después del primer hecho, volvió al hospital nuevamente -que no está acreditado, la madre nunca la vio- y se la ve conversando con personal sanitario, se la ve conversar con otros policías, según los testigos, y en ningún momento manifestó haber sido abusada sexualmente”.
El letrado entendió que la sentencia se dio de esta manera “porque (el Tribunal) habrá aceptado la hipótesis del Fiscal que estaba bien fundada, debo reconocerlo”, admitió.
Giménez asegura “no entender” los motivos por los cuales la mujer llevó adelante la denuncia contra el policía. “Acá hay un problema en cómo se juzgan delitos de abuso sexual: Una persona que es acusada de (cometer) abuso sexual no solo tiene que probar su inocencia, sino también que la denuncia es mentira y cuando logra probar que la denuncia es mentira, además tiene que probar por qué la denunciante lo denuncia. Es absolutamente imposible así que cualquier hombre acusado de abuso sexual pueda liberarse de una condena”.
Insistió en “juzgar con perspectiva de género no solo significa escuchar a la víctima, sino también juzgar sin prejuicios acerca la víctima. Pero también juzgar con perspectiva de género es también escuchar la versión de la otra parte y cómo lo está probando. Entonces, ese es el inconveniente que hoy estamos viendo y que se está dando en los tribunales de Tierra del Fuego en particular y en el país en general en donde hoy, la persona denunciada por abuso sexual, la presunción de inocencia se derriba”, advirtió.
“Es una tendencia que se ha impuesto de juzgar a una persona con perspectiva de género, mal interpretada porque juzgar con perspectiva de género no significa derribar los derechos y garantías constitucionales de una persona acusada”, observó.
“Cómo hace una persona para probar algo que no hizo. En este caso particular estaba toda la secuencia absolutamente filmada”, y reparó que la mujer “ya había hecho cuatro denuncias de abuso sexual anteriores a esta, incluida una a otro policía. Esto no es un prejuicio porque bien pudo haber sufrido esos abusos, pero es un dato a tener en cuenta no solo para juzgar un caso en particular, sino para prestarle atención a la denunciante porque necesita realmente protección y de todos los organismos, sean sanitarios, de seguridad o de protección a las personas en condiciones de vulnerabilidad, para protegerla de lo que le está pasando realmente”, dijo.
“Lo que se ha pretendido acá es decir que estamos ante una persona con discapacidad cuando no lo es y es una persona con todas sus facultades mentales plenas, según manifestaron los peritos. Tenía una disfuncionalidad social, pero no cognitiva. Debemos prestar atención a cómo se están juzgando los delitos de abuso sexual. Aquél que es culpable, debe ser condenado con todo el rigor de la ley, pero condenarlo con todas las garantías constitucionales que no han sido derogadas por más que se pretenda que los hombres no tengamos derecho a una defensa justa”, postuló.

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Alicia Ponce: «el Poder Judicial hace años dejó de ser independiente»

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Alicia Ponce es Secretaria General del Sindicato de Empleados Judiciales de Tierra del Fuego y no es la primera vez que abunda en críticas hacia el Poder Judicial de Tierra del Fuego. Esta vez, fue consultada tras la votación del Consejo de la Magistratura, que eligió, a través de votos positivos y negativos, y con la ausencia del Fiscal de Estado, a la Dra. Edith Cristiano como Quinta vocal del Superior Tribunal de Justicia y a la Dra. Luciana Gutiérrez como integrante de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande.

Río Grande, 6 de diciembre del 2022.- En declaraciones al Cronista Urbano, que se emite por Radio Provincia, Alicia Ponce fue consultada sobre la votación de las magistradas que ahora, ocupan cargos de decisión.

“Nos interesa ver los votos, porque es un secreto a voces. En realidad, la selección era para el 15 –de diciembre- y desconocemos los motivos por los cuales se adelantó, Rodas –representante del Colegio de Abogados de Río Grande-tampoco sabía, y es representante en el Consejo. Los empleados tampoco sabían que la selección era ayer”, dijo.

“Indudablemente que esto es la manera de conducirse, pareciera ser que un sistema debiera tener la posibilidad de participar o presenciar, pero son cuestiones que estamos decididos a hacer y estamos abroquelando distintas organizaciones, para modificar el Consejo de la Magistratura”, destacó Ponce.

“Las políticas públicas de hoy, el Poder Judicial es parte de cualquier política de campaña”, criticó con dureza, “seguimos exigiendo la transparencia, fíjese que confirmaron el procesamiento de De Gamas Soler y no es que está procesado por robarle flores al vecino, es una causa de apriete, coima y de todo. Me pregunto, si esa persona sigue ese perfil de conducta, miren el daño que ha hecho en esta provincia durante toda esta época que ejerció y no hay ni un alejamiento preventivo. Es delito de lesa humanidad, yo creo que la sociedad se merece un servicio de calidad, que además le cuesta una fortuna, donde el acceso este garantizado, los jueces sean probos, pero esto tendría que ser la regla y no excepción”.

“Le pongo fichas” a Cristiano

Sobre la flamante quinta integrante del Superior Tribunal, Ponce dijo; “trabaje 8 años a para ella, y de todos los ministros que están sentados ahí, es la única que esta desde el año 94 y tiene un vasto conocimiento de todo lo que sucede en Río Grande. Voy a seguir poniendo fichas, aunque me fueron decepcionando poco a poco” y agregó “porque no se han preocupado ni ocupado, y tiene lineamientos más comprometidos, cuando en el 2001, me entreviste con la Dra. Battaini, también puse fichas y no resultaron como quería, pero se despinto en el resto del Superior, pasaron 21 años para que el Poder Judicial tomara la decisión y la toma muy presionado por las manifestaciones sociales, de tomar a otra mujer”, asegura la dirigente sindical.

 

“La elección de la camarista me excede todos los comentarios”, dijo Ponce sobre Luciana Gutierrez

Otro párrafo le dedico a la selección de la Dra. Luciana Gutiérrez como integrante de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Río Grande.

“La elección de la camarista me excede todos los comentarios, porque es un atropelllo, Luciana Gutiérrez es la esposa de Runín y ella es secretaria del Juzgado de Cristiano”, y agregó, “siempre hay ayuda, nadie hoy puede decir que no tiene apoyo, no son cuestionados, aun los que tiene que hacerlo, el Dr. Bocardo del juzgado civil, no puede tener menos mérito que un prosecretario del Juzgado Civil y acá, no tiene que ver la cuestión de género, hay muchísimas mujeres para ocupar esos cargos, y saben que no tienen el apoyo político”, resaltó.

“San Martin abogando porque estuviera ganando espacio la mujer, ya sabe perfectamente el espacio donde ella decide, eso me ofende como mujer, porque creo que muchas estamos muy lejos de toda esa payasada”, criticó también a la Dra. Gabriela San Martín, que es la representante del Colegio de Abogados de Ushuaia ante el Consejo de la Magistratura.

Asimismo, Ponce se preguntó, y cuestionó el accionar de otros de los consejeros, “¿Que les pasará esos legisladores, para emitir esos votos?, por eso, vamos a buscar adeptos, porque cada vez son más los perjudicados con esos sistemas”, volvió a referir sobre una posible modificación al Consejo de la Magistratura.

 

“Hoy a todos nos importan las elecciones”

Sobre la independencia del Poder Judicial, Alicia Ponce dijo, “En el 94 a nadie le importaba quien ganaba las elecciones, hoy a todos nos importa, hay gente que está ligada a la política y entra por la ventana, y se eyectan a cargos de decisión en menos de 7 años”, cuestionó.

“El año pasado cuando se hizo el concurso, cuando ganó el pariente de Loffler, también estaba Boccardo, y la Dra. Cianferoni, con un vasto conocimiento y capacitación contaste y continua, que hace 5, 6 años estaba dentro de la estructura y él gano el concurso”.

“Las ultimas designaciones de los últimos 10 años, han sido con estas características, y te preguntas, de donde salió, y ahí decís, a esta es la relación”, ejemplificó acerca de los parentescos entre funcionarios del poder político y las designaciones posteriores de jueces.

“Todos sabíamos que se iba a designar a Pelegrino, que hace 8 o 9 meses antes, ya estaba renunciando a las causas”, mencionó al juez de Competencia Integral de la ciudad de Tolhuin.
“Hay que ponerlo en discusión, estamos tratando de poner un proyecto que tiene que ver con el servicio de justicia, buscando el momento político, a lo que hemos llegado, el Poder Judicial hace años dejó de ser independiente, y muchos actores del Poder Judicial queremos volver a esa independencia”.

En este sentido, Ponce siguió ejemplificando con otros funcionarios judiciales y situaciones irregulares dentro de la Justicia. “No es que nadie sabía cuándo vino De Gamas Soler. Para desprenderse de Guzmán, trabajaron hasta un domingo, pero no han sacado ni un comunicado sobre la situación de De Gamas Soler, pero es discrecional porque al que afectaba era a Loffler –Ernesto-, mando un mail institucional, pidiendo colaboración a todos los funcionarios judiciales para erradicar la violencia de género”, explicó sobre lo que había sucedido tras la denuncia pública contra Marcelo Guzmán, quien era Relator del Poder Judicial y dependía directamente del juez Loffler.

 

La cuestión edilicia

“No hay más espacio, hay gente compartiendo oficinas sin luz natural, sin ventilación, aún con la inauguración de los tres juzgados, para que vas a crear tres estructuras más, y mantenes la misma estructura en el Ministerio Público, se preguntó y agregó, “¿La misma cantidad de Defensores públicos que no dan abasto?”, cuestionó Ponce.

“Nosotros pagamos a lo pavote, viajes constantes fuera del país, sobre la primera jornada de no sé qué, la tercera jornada de no sé cuánto. El sindicato siempre apostó a todos los Ministros, lo mismo vamos a hacer con la Dra. Cristiano, que sabe todas las falencias y conoce todas las estructuras, pero creo que la Dra. Va a tener que trabajar arduamente para modificar estas cuestiones”, dijo para concluir, Alicia Ponce.

 

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Condenan a Cristina Kirchner a 6 años de prisión por corrupción

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Un tribunal criminal en Argentina condenó este martes a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a 6 años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2015).

Buenos Aires, 6 de diciembre del 2022.- Sin embargo, la vicepresidenta fue absuelta del cargo de ser jefa de una asociación ilícita. La sentencia también inhabilita a la exmandataria a ocupar cargos públicos de por vida. Kirchner niega los cargos y afirma ser víctima del «lawfare» o guerra jurídica.

Es la primera vez en la historia del país que un vicepresidente en funciones es juzgado y condenado por la justicia.

No obstante, el fallo no supone que la vicepresidenta entre inmediatamente a la cárcel, ya que primero debe ser ratificado por la Cámara de Casación y la Corte Suprema, lo que podría tardar años.

Kirchner goza además de fueros que impiden que sea arrestada hasta el 10 de diciembre de 2023, cuando concluye su mandato, y podrá presentarse a elecciones para un nuevo cargo en los comicios del año próximo, lo que podría extender su inmunidad.

La exmandataria fue acusada de haber otorgado obras viales millonarias a un socio y presunto testaferro, quien también fue condenado, al igual que otros diez exfuncionarios kirchneristas.

Aquí te explicamos la causa, qué dice la defensa de Kirchner y qué pasará ahora con la vicepresidenta argentina.

De qué se acusó a CFK

La exmandataria fue condenada por haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, que Néstor Kirchner gobernó durante más de una década antes de llegar a la presidencia y donde aún mantiene su residencia la vicepresidenta.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dijeron que los Kirchner «instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que, lamentablemente y tristemente, se hayan desarrollado en el país».

El fiscal titular Diego Luciani durante su alegato final.

FUENTE DE LA IMAGEN,PODER JUDICIAL DE ARGENTINA

Pie de foto,El fiscal titular Diego Luciani había pedido una condena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner.

La acusación aseguró que, días antes de asumir la presidencia, en 2003, crearon una empresa constructora, llamada Austral Construcciones, a la que luego le fueron adjudicadas la mayoría de las obras viales que se realizaron en Santa Cruz.

Según los fiscales, pusieron al frente de la constructora a un socio comercial y amigo de la familia, que actuó como testaferro: Lázaro Báez, un exgerente del Banco de Santa Cruz que, según el Ministerio Público, no tenía experiencia en el rubro de la construcción.

Báez, que el año pasado fue sentenciado a 12 años de prisión por lavado de dinero, también fue condenado en este juicio, junto con otros once exfuncionarios kirchneristas, incluyendo al exsecretario de Obras Públicas, José López, quien ya está detenido por otras causas de corrupción luego de que se lo descubriera arrojando bolsos llenos de dólares a un convento, en 2016.

Según Luciani y Mola, Austral Construcciones recibió licitaciones para construir 51 obras, el 79% de las obras de la provincia de Santa Cruz durante el período en el que los Kirchner gobernaron el país.

Pero solo dos fueron finalizadas a tiempo y la mitad nunca se terminaron. Además, dijeron que la empresa fue favorecida con sobreprecios millonarios.

«Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el Estado nacional», acusaron, estimando que la maniobra de corrupción perjudicó al Estado por más de US$1.000 millones, dinero que -pidieron- sea decomisado de los bienes de los condenados.

Durante su alegato, los fiscales detallaron que las irregularidades en favor de Báez se multiplicaron en 2007 y 2011, años de elecciones nacionales (que ganó el kirchnerismo), y aseguraron que esto se debió a que la asociación ilícita buscaba recaudar para las campañas electorales.

Lázaro Báez durante una audiencia judicial

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

Pie de foto,Lázaro Báez era gerente del Banco de Santa Cruz antes de convertirse en el principal empresario de la obra pública de esa provincia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Austral Construcciones dejó de operar en diciembre de 2015, momento en que Cristina Kirchner dejó el poder, un hecho que -para la Fiscalía- también demuestra que había un vínculo entre la constructora de Lázaro Báez y los Kirchner.

Qué dice la vicepresidenta

La principal base de la defensa de la exmandataria fue que la Fiscalía no produjo evidencias -ni un solo documento o mensaje- que vincularan directa y personalmente a la entonces presidenta con el otorgamiento de obras a Lázaro Báez.

«Entre la Presidencia de la Nación y las obras denunciadas existen doce instancias administrativas de carácter nacional y provincial», detalló la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, donde refutó muchos de los argumentos que presentaron los fiscales.

La defensa también sostuvo que la Justicia no tiene potestad para juzgar cómo un gobierno, elegido democráticamente, distribuye la inversión pública.

Kirchner también señaló que no se puede responsabilizar a un jefe de Estado por cómo se manejan las licitaciones públicas.

«El que ejecuta el presupuesto es el jefe de Gabinete, no el presidente o presidenta de la nación», observó, agregando con ironía que en todo caso el Tribunal tendría que juzgar a quien fue el primer jefe de gabinete del kirchnerismo entre 2003 y 2008: el actual presidente Alberto Fernández, quien solo declaró en la causa como testigo de la defensa y ha sido uno de los más vocales partidarios de su vicepresidenta.

Por otra parte, la vicepresidenta remarcó que otro Poder del Estado, el Congreso, aprobó esas inversiones cuando sancionó la ley de presupuesto, incluso con algunos votos del macrismo.

Cámara de Diputados de Argentina

FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

Pie de foto,El Congreso argentino, con mayoría kirchnerista, aprobó la financiación de las obras adjudicadas a la constructora de Lázaro Báez.

Y defendió el otorgamiento de fondos a la provincia donde reside, afirmando que «la inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003».

En tanto, señaló que las 51 obras cuestionadas ya habían sido investigadas por la Justicia de esa provincia, que no halló evidencias de corrupción, y que para este juicio solo se peritaron 5 «obras testigo».

«Lawfare»

Pero además de desestimar las acusaciones en su contra, Kirchner ha mantenido que la llamada «causa Vialidad», que se inició por una denuncia presentada por la oposición en 2008 (durante su primer gobierno) y llevó a su procesamiento en 2016, durante el primer año de gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, es parte de una persecución política, mediática y judicial orquestada por su rival político.

En ese sentido, siempre se ha comparado con su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, elegido en octubre pasado para un tercer mandato, luego de haber pasado un año y medio en prisión por una condena de corrupción que luego fue anulada (y que evitó que se postulara en las elecciones de 2018 que ganó Jair Bolsonaro).

Cuando Kirchner declaró como indagada en la causa Vialidad en diciembre de 2019 -días antes de volver al poder como vicepresidenta de Alberto Fernández- se negó a responder preguntas de la Fiscalía y criticó duramente a los magistrados que la estaban juzgando.

«Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mi me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia», sentenció ante los tres jueces, a quienes ella misma había designado durante su gobierno.

En las otras dos oportunidades que tuvo para expresarse durante el juicio, durante su alegato final y la semana última, al cierre del proceso, -en ambas ocasiones habló por videoconferencia y se trasmitieron sus palabras en vivo- la vicepresidenta endureció sus acusaciones.

«Cuando hablé del lawfare fui muy generosa; más que un tribunal de lawfare es un verdadero pelotón de fusilamiento«, dijo al Tribunal, días antes de que la condenaran.

Cristina Kirchner en el Senado

FUENTE DE LA IMAGEN,REUTERS

Pie de foto,Cristina Kirchner dice que el juicio busca sacar del poder al kirchnerismo, fuerza que hoy gobierna como parte de una coalición peronista encabezada por Alberto Fernández.

La funcionaria afirmó que el juicio busca proscribir al kirchnerismo.

«Esta suerte de pelotón de fusilamiento tuvo como objeto, desde el principio, estigmatizar a un espacio político y fundamentalmente a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio» -dijo en referencia a sí misma- «para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos nosotros», señaló, enumerando algunos de los «logros» de los 12 años en los que gobernaron ella y su difunto marido, incluyendo varias estatizaciones.

También comparó el accionar de la Justicia con el del régimen militar de los años de plomo.

«El Partido Judicial vino a sustituir al viejo Partido Militar que impedía expresarse libremente a la voluntad popular, que condicionaba la democracia… hoy el Partido Judicial también cumple este rol (…) viene a estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina», afirmó.

En agosto pasado Kirchner había pedido la recusación del fiscal Luciani y de uno de los jueces, Rodrigo Giménez Uriburu, luego de que el diario Página 12 revelara que ambos jugaban en el mismo equipo de fútbol, y que en el pasado participaron en un torneo en la quinta del expresidente Macri, pero el pedido fue denegado.

En sus últimas palabras ante la corte dijo que los fiscales «inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron y mintieron», y los acusó de generar las condiciones para que se concretara un atentado contra su vida el pasado 1 de septiembre.

También señaló que actuaron «no conforme a derecho sino cual editorial de Clarín o del diario La Nación», en referencia a los dos principales medios de Argentina, muy críticos con el kirchnerismo.

En una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo, publicada el pasado domingo, la vicepresidenta se mostró segura de que sería condenada y dijo que no era casual la fecha del fallo.

«El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir», señaló.

«La tapa de ‘Cristina condenada’ y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto», afirmó en referencia al CEO del Grupo Clarín.

Cristina Kirchner sosteniendo una portada del diario Clarín

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Pie de foto,El Grupo Clarín, que publica el diario más leído del país, ha sido el gran antagonista de Cristina Kirchner, desde que el medio se opuso a un aumento de impuestos sobre la exportación de soja que propuso la exmandataria a comienzos de su primer gobierno.

Qué pasará ahora

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.° 2, integrado por Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, dará a conocer los argumentos de su sentencia el 9 de marzo de 2023, luego de las vacaciones judiciales de verano.

En ese momento, los abogados de la vicepresidenta podrán apelar el fallo ante la Cámara Federal de Casación.

Si ese tribunal ratifica la sentencia, la defensa aún podrá apelar ante la Corte Suprema de Justicia.

Mientras tanto, Cristina Kirchner estará libre y podrá presentarse a elecciones en los comicios generales de octubre de 2023.

Si eventualmente su condena queda firme y ella ocupa un cargo en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo, para que vaya a prisión primero deberá ser destituida a través de un juicio político.

De ocurrir, Kirchner podría eventualmente cumplir una pena de prisión domiciliaria ya que en febrero próximo cumplirá 70 años, la edad a partir de la cual se puede exigir ese beneficio.

Además de la causa Vialidad -la primera que llegó a juicio- la exmandataria también está procesada en otra «megacausa» conocida como «los cuadernos de la corrupción», en la que se le acusa de recibir sobornos de empresarios de la obra pública.

La causa fue elevada a juicio en 2019 pero el proceso -en el que también están acusados exfuncionarios y varios empresarios, entre ellos un primo de Mauricio Macri- aún no tiene fecha de comienzo.

Kirchner también fue sobreseída en otras tres causas, antes de que se iniciaran los juicios, entre ellas en la llamada «Hotesur/Los Sauces», en la que se la acusaba, juntos a sus hijos, de haber utilizado hoteles para lavar dinero proveniente de empresarios de la obra pública como Lázaro Báez, quien alquilaba habitaciones en las propiedades de los Kirchner, supuestamente para los empleados de su constructora.

Fuente: BBC Mundo

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Profesionales de la abogacía elegirán a su representante en el Consejo de la Magistratura

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El lunes 12 de diciembre, entre las 8 y las 14 horas se llevará adelante el acto electoral, en el Salón de Usos Múltiples de tribunales, oportunidad en la que profesionales de la abogacía del Distrito Judicial Norte (DJN), elegirán a su representante en el Consejo de la Magistratura.

En el Distrito Judicial Norte se oficializaron dos listas: la Lista Nº1 integrada por el Dr. Abdo Rafael González Saber (candidato titular) y la Dra. Rosa Mandina Andrade (candidata suplente) y la Lista Nº2 integrada por el Dr. Rafael Carlos Diez (candidato titular) y la Dra. Gabriela Masset (candidata suplente).

Para elección se utilizará el Sistema de Boleta Única Electrónica (BUE), por lo que en el siguiente link se encuentra un un simulador https://juzgadoelectoraltdf.votar.com.ar/

En tanto, en el Distrito Judicial Sur se oficializó la Lista Nº3 integrada por la Dra. María Gabriela San Martín (candidata titular) y el Dr. Santiago Martín D’Angelo (candidato suplente).

Cabe mencionar que en el caso del DJS y en virtud de la presentación de una sola lista, el Juzgado Electoral resolvió prescindir el acto electoral y adjudicar los cargos de consejeros titulares y consejero suplente a la Lista Nº3.

El padrón definitivo se puede consultar en el siguiente link https://eleccionesmagistratura.justierradelfuego.gov.ar/

Ante cualquier consulta, comunicarse al Juzgado Electoral y de Registro Provincial, ubicado en Gobernador Paz Nº602 (Ushuaia), de lunes a viernes de 8 a 14 horas, o bien comunicarse al teléfono 02901 – 441584, o por mail a juzelectoral@justierradelfuego.gov.ar

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