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Voluntarios del Instituto de la Democracia y la Equidad harán un monitoreo de las PASO en 24 distritos electorales del país

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El Instituto de la Democracia y la Equidad (Idemoe) realizará mañana un monitoreo federal del desarrollo de las PASO en los 24 distritos electorales, iniciativa que llevará a cabo un equipo conformado por «colaboradores voluntarios» y como «ejercicio de participación ciudadana», según adelantó la abogada Silvana Yazbek, directora ejecutiva de la ONG.

 

Río Grande, 11 de septiembre de 2021.- «El monitoreo no estará bajo la órbita de la Justicia Nacional Electoral; es simplemente un monitoreo ciudadano bajo la metodología de la observación electoral cuyos resultados serán recepcionados por profesionales especializados en elecciones y calidad democrática, quienes luego haremos un informe», subrayó.

 

Yazbek aclaró que en estas PASO, ante las restricciones sanitarias que fijó el Poder Judicial a la tarea de observación doméstica de elecciones, la labor del equipo estará encuadrada como una actividad institucional de la ONG realizada por especialistas en la materia, y no como un acompañamiento cívico acreditado por la Cámara Nacional Electoral.

«Lo que nosotros haremos es imprimir una mirada ciudadana, para que la gente pueda enviarnos comentarios sobre las PASO, dado que en cada uno de los distritos habrá diferentes reglas y diferentes protocolos», dijo la abogada, quien además señaló que la entidad está inscripta ante la Cámara Electoral y que en otras elecciones -sin restricciones por el Covid- realizó la tarea de observar tanto la apertura como el desarrollo y el cierre de los comicios.

Idemoe tiene un equipo de observadores conformado por abogados, politólogos y otros profesionales con experiencia en normativa electoral y algunos de sus miembros desempeñaron ese tipo de tarea durante elecciones celebradas en México, EEUU, Brasil, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana.

«El objetivo de nuestro trabajo es el perfeccionamiento de los procesos electorales, y la presencia de la mirada ciudadana que garantiza elecciones íntegras, transparentes y legitimadas. Para nosotros es fundamental la apertura a la mirada ciudadana, y eso se logra a través de la observación electoral, que en la Argentina se conoce como ‘acompañamiento cívico'», agregó Yazbek.

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Argentina trata la ley de envases

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El proyecto promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente y también sobre la población que se dedica a su reciclado.

 

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores celebraron este viernes el avance de la Ley de Envases en la Cámara de Diputados y salieron al cruce de las críticas al proyecto emitidas esta semana por empresas de EEUU que operan en la Argentina.

«Vemos con preocupación que un sector minoritario de corporaciones insista con modelos de autorregulación empresarial en la gestión de envases que han demostrado su fracaso en Argentina y otros países del mundo», señalaron en un comunicado.

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) había expresado su preocupación por la iniciativa a la que calificó de «anacrónica». Además, indicó que «no soluciona el problema de fondo y que, por el contrario, genera una mayor carga tributaria al tejido productivo, sin una clara contraprestación por los fondos que generaría este programa».

 

La ley en la cámara de diputados

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen del proyecto que promueve una gestión ecológica de los envases en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente y también sobre la población que se dedica a su reciclado.

La comisión que preside Carlos Heller (Frente de Todos) firmó el dictamen con el respaldo del Frente de Todos y otras bancadas menores que cosechó el respaldo de 27 legisladores, mientras que Juntos por el Cambio anticipó su rechazo a esta propuesta y anticipó la presentación de un dictamen de minoría que contempla un marco regulatorio sobre el reciclado de residuos.

La iniciativa del Poder Ejecutivo para la gestión ecológica de envases recibió el aval de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que preside Leonardo Grosso (Frente de Todos).

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo apunta a promover la gestión de los envases en todo el territorio nacional, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y en la salud de las personas y promover la responsabilidad de las y los productores en la gestión.

Uno de los puntos centrales es la creación de una tasa ambiental que será abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización.

Con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros objetivos.

Al defender el proyecto, el diputado oficialista Itai Hagman afirmó que “es un proyecto da cuenta de un problema que tiene la Argentina que es la gestión de los residuos y donde la tendencia al consumo ha traído un problema medio ambiental e incorpora la responsabilidad extendida del productor”.

“Esta ley es una manera de completar las políticas ambientales para buscar eliminar los basurales a cielo abierto”, destacó y explicó que “la tasa ambiental que puede ser cero o puede llegar hasta un 3 por ciento con un criterio de variabilidad”.

El legislador oficialista resaltó que este proyecto busca “desincentivar el uso de envases mas contaminantes y la promoción de puestos de trabajo vinculados al reciclado o formalizar trabajos y potenciando”.

Desde la oposición, el macrista de Juntos por el Cambio Luciano Laspina señaló que “es un un mal proyecto” con un “impuestazo porque no es una tasa ya que no se contempla una contraprestación, con lo cual es un impuesto de asignación especifica”.

“Vamos a presentar un dictamen de minoría donde vamos a establecer un marco regulatorio”, agregó.

Por su parte, la Cámara Argentina de la Industria de las Bebidas sin Alcohol emitió un comunicado en el cual expresa que “compartimos la necesidad de contar con una Ley de Envases y aceptamos el principio de Responsabilidad Extendida y compartida del Productor. Sin embargo, no coincidimos con que el método para abordar este problema sea agregando a todos los productos envasados una mayor carga tributaria -actualmente del 50% para el sector de Bebidas”.

Agrega que “las experiencias de países como Colombia, España, Brasil, Chile y México demuestran que los sistemas más eficientes para lograr aumentar los porcentajes de reciclado son sistemas colectivos administrados por privados y controlados por el Estado”

Vía: https://noticiasambientales.com/

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Tierra de Fuego participó de la 41° Sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia

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La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, Ana Andrade, participó en Buenos Aires de la 41° Sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.

Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2021- El Consejo se realizó en la sede del Centro Garrigós de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y fue encabezado por el secretario nacional, Grabriel Lerner, la secretaria ejecutiva del Cofenaf, Gisela Clivaggio, funcionarios y funcionarias de la SENAF y representantes de las provincias.

Durante el encuentro, se trabajó en tópicos tales como el funcionamiento de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; políticas para la primera infancia; los avances sobre la implementación del Registro Único Nominal en todo el país; el proyecto de modificación del decreto de reglamentación del Programa de Asistencia al Egreso (PAE); el Plan “Volvé a la escuela”, a implementarse desde el Ministerio de Educación; el relevamiento federal de servicios de salud mental para niños, niñas y adolescentes; la presentación del Programa Nacional de Derecho a la Participación Ciudadana y Consejo Consultivo de Adolescentes y el Informe de gestión y desafíos de la post pandemia en políticas para las infancias y adolescencias, a cargo del secretario nacional, Gabriel Lerner.

Finalmente, se dio la palabra a los consejeros y consejeras, que presentaron las perspectivas y problemáticas abordadas desde las respectivas jurisdicciones.

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Corte Suprema: Cómo se elige al o la reemplazante de Highton de Nolasco

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La renuncia de la jueza de la Corte Suprema abre una vacante que debe ser cubierta según determinadas características. Además, para cumplir con la norma de paridad de género, todo indica que será una mujer. El presidente Alberto Fernández deberá presentar a su candidata y lograr la aprobación del Senado.

 

La designación de los ministros de la Corte es una atribución que le corresponde al Presidente de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto, de conformidad con el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional.

Esta facultad fue reglamentada por medio del decreto 222/03 del Poder Ejecutivo de la Nación de junio de 2003, que establece ciertos criterios para la selección del candidato propuesto. Entre ellos, dispone atender a las circunstancias relativas a la composición general de la Corte en cuanto a diversidades de género, especialidades profesionales e integración regional y federal, así como también a los requisitos atinentes a la integridad moral e idoneidad técnica y el compromiso con la democracia y la defensa de los derechos humanos que deben reunir los postulantes.

El artículo 110 de la Constitución Nacional consigna que los jueces de la Corte conservan su empleo mientras dure su buena conducta. El sistema constitucional argentino consagra, como garantías de la independencia del Poder Judicial –y, por consiguiente, de la seguridad jurídica del pueblo de la República- la inamovilidad de los jueces y la irreductibilidad de sus remuneraciones.

La reforma constitucional de 1994 introdujo una modificación al artículo 99 de la CN, por la cual será necesario un nuevo acuerdo para los magistrados –ya sean de la Corte Suprema o de tribunales inferiores- una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años. Dicho nombramiento se hará por cinco años y podrá ser repetido indefinidamente.

Requisitos

Para ser juez de la Corte se requiere ser abogado, con un mínimo de ocho años de ejercicio en la profesión, una edad mínima de 30 años, y las demás calidades necesarias para ser senador (art. 111 CN), a las que se añaden las condiciones establecidas por el decreto 222/03.

Deben publicase el nombre y los antecedentes de quien se considere idóneo para la cobertura de la vacante en un plazo máximo de 30 días de producida en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional durante tres días, así como en la página oficial del Ministerio de Justicia.

El postulante debe presentar una declaración jurada de sus bienes en los términos indicados en la ley de Ética de la Función Pública (ley 25.188).

Pondrá también de manifiesto ciertos aspectos de su desempeño profesional con las limitaciones que imponen las normas de ética vigentes.

Todos los ciudadanos se encuentran facultados para presentar observaciones respecto de los candidatos, así como las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones profesionales, entidades académicas y de derechos humanos, quienes las hacen llegar al Ministerio de Justicia y pueden ser abordadas en la audiencia pública que se lleva a cabo en el Senado luego de la propuesta formulada por el Poder Ejecutivo.

En cuanto a su remoción, de acuerdo con el art. 53 de la CN, es la Cámara de Diputados la que ejerce el derecho de acusar ante el Senado a los miembros de la Corte Suprema por causas de mal desempeño, por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, por voto de la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes. A su vez, el art. 59 de la CN establece que corresponde al Senado juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados. El fallo requiere también de dos tercios de la mayoría de los miembros presentes y tiene como único efecto la destitución del acusado al que puede declarar incapaz de ocupar empleo alguno de honor, de confianza o a sueldo en la Nación (art. 60 CN).

El presidente de la Corte y el vicepresidente serán elegidos por mayoría absoluta de votos de los ministros del Tribunal y durarán tres años en el ejercicio de sus funciones (art. 79 del Reglamento para la Justicia Nacional).

El presidente de la Corte integra la línea de sucesión presidencial en caso de acefalía. Asimismo, presidirá la Cámara de Senadores en los casos en que la Cámara de Diputados formule acusación en juicio político al presidente de la República.

Composición de la Corte Suprema

En lo que respecta a la composición y residencia de la Corte, la Constitución Nacional de 1853 dispuso, en su artículo 91, que el Poder Judicial de la Nación sería ejercido por una Corte Suprema de Justicia compuesta por nueve jueces y dos fiscales. Posteriormente, la reforma de 1860 suprimió la residencia obligatoria en la Capital, como también lo referente a la cantidad de jueces, para que el Congreso fijara el número que considerara adecuado.

En 1862, la Ley Orgánica de la Justicia Federal –Ley 27- determinó que la Corte estaría integrada por cinco miembros y un procurador general.

En 1960, por ley del Congreso de la Nación, se llevó a siete el número de jueces, hasta que en 1966 se volvió a la composición anterior de cinco jueces y un procurador general, integración que se mantuvo hasta 1990, cuando se elevó nuevamente el número a nueve (ley 23.774).

La ley 26.183, aprobada en ambas Cámaras y promulgada el 15 de diciembre de 2006, dispone la reducción del número de jueces de la Corte Suprema a cinco.

Cómo fue la designación de los últimos dos jueces

A días de asumir, en diciembre de 2015, el entonces presidente Mauricio Macri intentó designar por decreto a los dos jueces para los puestos que estaban vacantes en la Corte. Finalmente, envió los pliegos al Senado y en junio de 2016 se aprobó el ingreso de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti al máximo tribunal de Justicia. En ese entonces, para lograr el guiño de los dos tercios de la Cámara alta, el oficialista Juntos por el Cambio necesitó del acompañamiento de algunos legisladores del Frente de Todos, como Miguel Ángel Pichetto. Finalmente, la Corte tuvo cinco miembros gracias al voto favorable de 58 senadores, contra 12 negativos.

Así, se designó a Rosenkrantz, rector de la universidad privada de San Andrés, doctor en Yale y exasesor del Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989), de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), aliada del partido liberal Propuesta Republicana (PRO), de Macri. Y a Rosatti (flamante presidente de la Corte), que fue ministro de Justicia del Gobierno de Néstor Kirchner entre 2004 y 2005, hasta que renunció.

Decreto 222/03 – Corte Suprema de Justicia

Con información de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. ElDiarioAr

 

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