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Torturas en Malvinas: las dilaciones de la causa y el peligro de la impunidad

Postergaciónes de indagatorias, excusas de salud de los acusados, falencias en infraestructura y personal judicial demoran el avance de la causa abierta en 2007 por estaqueamientos y enterramientos de tropa propia en el conflicto bélico de 1982.

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Río Grande, 18 de abril del 2021.-La causa judicial por presuntas torturas a soldados durante la guerra de Malvinas enfrenta un doble peligro de impunidad: por un lado, al intentar reconstruir hechos sucedidos hace 39 años, y por el otro, debido a las constantes dilaciones de un expediente que lleva 14 años de trámite sin que siquiera se haya indagado a la totalidad de los exmilitares involucrados.

La investigación que comenzó en 2007, con las primeras 25 denuncias presentadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes, incluye decenas de testimonios de exconscriptos sobre supuestos estaqueamientos y enterramientos en medio del conflicto bélico de 1982.

Casi todos los sucesos se relacionan con soldados hambrientos que se procuraron su propia comida, y que por ello fueron castigados a la intemperie, aun mientras se producían bombardeos enemigos.

Postergación de indagatorias

El caso se tramita en el Juzgado Federal de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, a cargo de la jueza Mariel Borruto, quien esta semana volvió a postergar las indagatorias de seis integrantes de alto rango de las Fuerzas Armadas.

La medida encendió el enojo de asociaciones de excombatientes y especialistas en el tema que siguen de cerca la investigación, para quienes la Justicia, «lejos de querer llegar a la verdad, está haciendo todo lo posible para consagrar la impunidad», según dijeron varios de esos referentes consultados por Télam.

Uno de ellos, Ernesto Alonso, integrante del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim) acusó a la jueza Borruto de «trabajar para la impunidad».

«No tenemos palabras para referirnos a estos hechos inaceptables. Si hay alguien que representa la impunidad en materia de derechos humanos en el país, es esta magistrada», afirmó Alonso en dialogo con Télam.

«Nuestra democracia, que actuó con máximo rigor contra los responsables del terrorismo de Estado por la desaparición de 30.000 compañeros, no actúa con la misma vehemencia en relación a estos delitos de lesa humanidad»

DANIEL GUZMÁN

Alonso recordó que las primeras 18 indagatorias en la causa fueron ordenadas en diciembre de 2018 por el juez subrogante del caso Federico Calvete.

Sin embargo, un año después solo declararon 4 militares, a quienes Borruto procesó en 2020 por el delito de «imposición de tormentos».

La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó tres de esos procesamientos semanas atrás, y dictó una falta de mérito, además de convalidar, por mayoría, que se trata de «delitos de lesa humanidad» y por lo tanto no sujetos a prescripción.

Borruto llamó también a otras seis indagatorias, que primero postergó por falencias de «infraestructura y personal» en el juzgado, y luego por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia.

Las declaraciones se iban a realizar esta semana, pero una de ellas, la del exgeneral de brigada Omar Edgardo Parada, se suspendió porque el exmilitar acusó problemas de salud, y las demás fueron suspendidas una vez más porque la jueza hizo lugar a un pedido del defensor oficial Guillermo Garone, de trasladarse a Buenos Aires para estar presente en las videoconferencias de sus asistidos.

«No puede ser que con citaciones realizadas con tanta antelación, la jueza acceda a un pedido de esta naturaleza. Primero el ‘acting’ de Parada y ahora esto», se quejó Alonso, miembro de la entidad que actúa como querellante en la causa.

La investigación comenzó en 2007, con las primeras 25 denuncias presentadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes

La investigación comenzó en 2007, con las primeras 25 denuncias presentadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes

 

Peligro de impunidad

Según el dirigente, «si analizamos lo que hizo Borruto desde su asunción en el cargo, todo va en un mismo sentido». Y agregó: «Es una de esas personas que dice pero no hace nada, que busca la impunidad biológica del caso».

Por su parte, el periodista de Ushuaia, excombatiente de la guerra y editor del portal especializado «Agenda Malvinas», Daniel Guzmán, coincide en que la Justicia está siendo «complaciente» con «los miembros del mismo poder militar que llevó al conflicto de 1982 las prácticas macabras utilizadas contra la población civil durante la dictadura», según señaló en diálogo con Télam.

Los tormentos a soldados fueron declarados delitos de lesa humanidad.

Los tormentos a soldados fueron declarados delitos de lesa humanidad.

Según Guzmán, el Estado argentino tiene una «deuda moral, legal y judicial» con los excombatientes, porque «no se ocupó de su contención y asistencia durante la postguerra, y tampoco de garantizar que se haga justicia por las torturas y vejaciones sufridas durante el conflicto, a manos de los propios oficiales y suboficiales».

«Nuestra democracia que actuó con máximo rigor contra los responsables del terrorismo de Estado por la desaparición de 30.000 compañeros, no actúa con la misma vehemencia en relación a estos delitos de lesa humanidad. Así, se impide la reconstrucción de los hechos históricos y se profundiza el proceso de desmalvinización», aseveró el periodista.

Aunque ni la jueza Borruto ni otros funcionarios del Juzgado Federal de Río Grande aceptaron hasta el momento dar explicaciones sobre las constantes dilaciones en la causa, puertas adentro hay funcionarios que admiten las críticas al accionar judicial.

“Nadie se pone del lado de las víctimas»

«Siento vergüenza por lo que está pasando. No se puede conceder el viaje del defensor a Buenos Aires, justo en el momento de mayor contagio de Covid-19», reconoció un vocero del juzgado consultado por Télam.

Desde el Cecim insisten en que mientras la justicia contempla todas las alternativas que presentan los imputados, «nadie se pone del lado de las víctimas».

«Hace casi cuarenta años que un grupo de soldados espera justicia. Y lo que reciben es dilaciones e impunidad, como si la que estuviera detenida, pero en el tiempo, fuera la investigación judicial», concluyó Alonso.

Fuente: Télam

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Buscan crear un archivo audiovisual y oral de las memorias de excombatientes de Malvinas

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 La Legislatura provincial analizará –en el marco de la Comisión de Malvinas N° 7- el proyecto de Ley para la creación del archivo audiovisual y oral de las memorias de nuestros excombatientes de Malvinas. El encuentro será este martes 11 desde las 14 h en el Recinto de Sesiones y Comisiones con la presidencia del legislador Federico Sciurano (UCR).

 

Ushuaia, 11 de Mayo de 2021.- Se trata del asunto N° 378/20 que fue tomado por las cinco bancadas legislativas y se cursó invitación al presidente de la subcomisión Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia (CEMU) – Herederos de la Causa Malvinas, Carlos Cabrera.

 

Desde los fundamentos esgrimidos por la organización, sostienen  que el archivo  recopilará las “historias, experiencias y sus vivencias en primera persona de lo ocurrido en el conflicto bélico del 2 de abril, que defendieron con bravura, honor y gloria”. Agregan que “es muy importante crear un archivo general donde nuestros excombatientes y familiares de caídos, podrán contarnos y transmitirnos sus historias y sobre todo a las generaciones futuras y así saber lo que significó la guerra de Malvinas, es por eso que entendemos que es una forma más de malvinizar”.

 

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Buscan crear un archivo audiovisual y oral sobre el conflicto de 1982

La Legislatura provincial analizará –en el marco de la Comisión de Malvinas N° 7- el proyecto de Ley para la creación del archivo audiovisual y oral de las memorias de nuestros excombatientes de Malvinas. El encuentro será mañana martes 11 desde las 14 h en el Recinto de Sesiones y Comisiones con la presidencia del legislador Federico Sciurano (UCR).

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Río Grande, 10 de mayo del 2021.-Se trata del asunto N° 378/20 que fue tomado por las cinco bancadas legislativas y se cursó invitación al presidente de la subcomisión Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia (CEMU) – Herederos de la Causa Malvinas, Carlos Cabrera.

 

Desde los fundamentos esgrimidos por la organización, sostienen  que el archivo  recopilará las “historias, experiencias y sus vivencias en primera persona de lo ocurrido en el conflicto bélico del 2 de abril, que defendieron con bravura, honor y gloria”. Agregan que “es muy importante crear un archivo general donde nuestros excombatientes y familiares de caídos, podrán contarnos y transmitirnos sus historias y sobre todo a las generaciones futuras y así saber lo que significó la guerra de Malvinas, es por eso que entendemos que es una forma más de malvinizar”.

 

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Advierten que podría «caerse» toda la causa de torturas a soldados en Malvinas

El fallo que convalida que no son delitos de lesa humanidad implicaría la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada.

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Río Grande, 6 de mayo del 2021.- El fallo dictado este miércoles por la Cámara de Casación Penal convalidando que no son delitos de lesa humanidad las presuntas torturas cometidas por militares argentinos contra soldados de su propia tropa, durante la guerra de Malvinas, podría “tener un efecto dominó y caerse toda la investigación” que se desarrolla desde 2007, reconocieron hoy fuentes judiciales.

“Si el criterio no es revertido por la Corte Suprema y aun hasta que ello ocurra, el juzgado Federal de Río Grande, donde se investiga el caso, podría suspender todas las actuaciones en trámite”, admitieron los voceros consultados por Télam.

En la práctica, ello implicaría la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

Resolución del 2009

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y enterramientos de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, analizaron los voceros judiciales.

El pronunciamiento del Cecim

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

El pronunciamiento del Cecim califica a la resolución judicial como “una vergüenza” y acusa a los jueces Barroetaveña y Petrone de “reproducir una épica militar y patriarcal” que “no aprobaría un examen de derecho constitucional y/o de derecho penal en una universidad pública”.

Más intenten silenciarnos o desalentarnos, más activarán la inteligencia colectiva en aras de que logremos, en conjunto, escribir el Nunca Más de Malvinas”, asevera el comunicado de la entidad de excombatientes.

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