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Economía

Tierra del Fuego capital de la Electrónica: debaten un nuevo perfil para la economía del fin del mundo

El régimen promocional que favorece a los fabricantes vence en 2023 y discuten las condiciones para prorrogarlo.

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Buenos Aires, 28 de marzo del 2021.- Contra reloj y con las pulsaciones en franco aumento, autoridades nacionales, provinciales y empresas negocian una nueva matriz productiva para el régimen promocional de Tierra del Fuego. El límite es el 31 de diciembre de 2023, la fecha en la cual caducan los beneficios fiscales que favorecen a las industrias radicadas en la isla, principalmente electrónicas.

A 3.000 kilómetros de Buenos Aires y a lo largo de casi 49 años, se fueron instalando y creciendo al amparo de la ley 19.640, empresas como Newsan, Mirgor, BGH, Radio Victoria y BGH, que producen celulares, TV, acondicionadores de aire y autorradios, entre otros. En 2020, despacharon un total de 10 millones de artículos por un valor de US$1.750 millones.

“Lo que se analiza es un esquema de desarrollo económico para Tierra del Fuego y el régimen que nazca en 2023 tiene que contemplar eso y no solo el beneficio de las empresas”, dicen desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, que conduce Matías Kulfas. Esa es la cartera que se ocupa de supervisar y reglamentar las actividades industriales en la provincia más austral del país.

El debate sobre la continuidad del régimen fueguino no es nuevo y tiene tantos respaldos como críticas. De un lado están los que rescatan el derrame del sector a la zona. La industria representa casi un tercio de los 33.366 empleados del sector privado. Y les reporta una cuota importante a las cuentas públicas provinciales en tributos directos e indirectos. Entre ellos, una “tasa de verificación productiva” de entre 1 y 2%.

El principal cuestionamiento es el costo fiscal del régimen, estimado en casi $78.000 millones para este año según figura en la Ley de Presupuesto vigente. La cifra representa todos los impuestos que el Estado deja de cobrar (IVA, Ganancias y derechos de importación) si se importaran directamente los electrónicos producidos en la isla. “El costo fiscal es la espada de Damocles de Tierra del Fuego, pero la realidad difiere de los papeles”, aclara el CEO de Mirgor, José Alonso.

El alto ejecutivo alude “al derrame colosal” que la industria vuelca sobre toda la actividad, por el pago de cargas patronales, la tasa de verificación y “al gasto de los empleados directos e indirectos (unos 11.000) en servicios, comercios, supermercados y transporte, entre otras cosas”, recalcó. Alonso cree que “el régimen se tiene que extender, porque se perdería un capital enorme en inversiones y recursos humanos capacitados”.

La electrónica solamente representa el 20% del PBI fueguino. En febrero pasado, Kulfas viajó a la provincia, recorrió 4 plantas: Newsan, Mirgor, la cooperativa Audivic y Plásticos Río Chico. El viaje fue interpretado como un guiño a la continuidad del régimen y el propio gobernador, Gustavo Melella, habló de su importancia. “En Tierra del Fuego abrazamos dos banderas: una es la causa Malvinas y otra es la Ley de Promoción Industrial, que para nosotros también es soberanía”, proclamó durante la visita de Kulfas.

La mención no es casual. Kulfas se opone al régimen. En su libro «Los tres kirchnerismos», de 2016, escribió que en el último gobierno de Cristina Kirchner, “lejos de promover un cambio estructural terminaron fortaleciendo a aquellos sectores que habían consolidado los componentes de menor contenido tecnológico y se parecían mucho a una mera maquila de piezas importadas, como la electrónica de Tierra del Fuego”.

No obstante, en su ministerio hoy prevalece la idea de extender el régimen, pero con la idea de que las empresas aporten a la diversificación de la matriz productiva. Se trata de un debate amplio, con ideas que por ahora están en el territorio de las conjeturas. “Es una discusión profunda pero yo soy optimista”, aclara Alonso. En el sector coinciden. Dicen que se está pensando en crear una nueva tasa o gravamen a las empresas para invertir en infraestructura, rutas, educación y hospitales.

El plan es generar las condiciones para atraer ideas y capitales para desarrollar industrias alternativas con la eventual renta empresaria de los actuales beneficiarios del régimen. ¿Cuáles? “Economía del conocimiento, alimentos, turismo, petroquímica y la instalación de un polo logístico antártico, por ejemplo”, enumeró un funcionario provincial. También destacó el potencial de la isla con la energía. “Tierra del Fuego tiene la segunda reserva de gas más importante del país, detrás de Vaca Muerta”, dijo.

Son ideas que hoy están intercambiando entre el gobierno nacional y provincial y que mantienen en vilo al tejido empresario. Dentro de la AFARTE, la cámara que representa a los fabricantes electrónicos, consideran que las reformas al régimen son auspiciosas, si se mantienen las condiciones existentes para el rubro. “Si es así, aplaudimos y acompañamos el proceso”, sintetizó su titular, Federico Hellemeyer.

Sin embargo, todavía no hay certezas. En la industria remarcan la importancia de una definición rápida, ya que al régimen le quedan 33 meses de vigencia. “Es un reloj de arena muy exiguo para comprometer inversiones en edificios y maquinarias”, dijo, con una prosa calculada. Hellemeyer cree que las discusiones se basan en dos alternativas: la primera es que la industria existente contribuya con las inversiones necesarias para la diversificación productiva. La otra es que los propios fabricantes se diversifiquen, como “Newsan con la pesca y Mirgor con el agro”, planteó a modo de ejemplo.

Newsan y Mirgor son los dos principales grupos empresarios de Tierra del Fuego. El primero está radicado en Ushuaia y es conducido por Rubén Cherñajovsky. El segundo está basado en Río Grande y el 48% del paquete accionario pertenece a la familia de Nicolás Caputo, “el amigo del alma” de Mauricio Macri. Fue creado en 1983 como autopartista y a lo largo de los años creció y se diversificó en forma notable.

Es socio estratégico de Toyota y otras automotrices (aires y radios) y también produce celulares para Samsung, y LG. Mirgor acaba de comprar Brightstar, tiene 5 plantas, más de 3.700 empleados y factura anualmente unos US$1.000 millones.

Fuente: Clarín
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«Comenzar a producir netbooks es una noticia muy importante para la industria fueguina»

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Así lo expresó el Secretario de Industria y Promoción Económica, Juan Ignacio García, luego del anuncio del Presidente de la Nación sobre la puesta en marcha del Plan Federal “Juana Manso” que financiará la entrega de más de 600 mil netbooks para estudiantes de escuelas secundarias, parte de las cuales serán producidas en Tierra del Fuego.

Ushuaia, 4 de mayo de 2021.- Los anuncios del Gobierno Nacional sobre la fabricación de 633 mil netbooks en el marco del plan federal Juana Manso y con una inversión de 20.000 millones de pesos, le abrió las puertas nuevamente a la industria de Tierra del Fuego para la fabricación de netbooks que se había discontinuado en los años anteriores.

Al respecto, el Secretario de Industria y Promoción Económica, Juan Ignacio García, informó que desde principios de año la empresa Newsan manifestó su intención de presentarse a la licitación, lo que despertó una gran expectativa ante la posibilidad de recuperar la fabricación de un producto que fue icónico en los años previos a 2017, cuando la eliminación de aranceles a la importación significó la cancelación de la producción nacional.

“En principio las computadoras que se van a fabricar en Tierra del Fuego serían cerca de 100 mil, esto va a permitir 4 meses de producción con 100 personas trabajando en la línea de las netbooks, así que la verdad es una gran noticia” indicó.

Asimismo, el funcionario se refirió a la relevancia política y económica de la medida y dijo que “este programa nacional, además de promover una política de igualdad educativa y social, también utiliza las compras públicas para traccionar la producción en el país”.

“Hoy poder disponer de una computadora se volvió un elemento realmente esencial, es una herramienta imprescindible para transitar los procesos de aprendizaje, los sectores más vulnerables, en este contexto de pandemia han tenido serias dificultades para acceder a la virtualidad, profundizando las diferencias sociales” reflexionó.

En relación a la posibilidad de que esta iniciativa impacte en la creación de nuevos puestos de trabajo en la provincia, García explicó que eso “va a depender de lo que vaya a pasar con las distintas líneas de producción, con la demanda, con la pandemia, pero en principio lo que está previsto es un volumen de fabricación de netbooks muy importante y para poder producir eso, con los niveles de integración que tiene, la empresa seguramente tendrá que incorporar gente”.

“La empresa nos informó que realizará las inversiones necesarias para restablecer la capacidad de inserción de placas necesarias para cumplir con el proceso productivo. Esta capacidad que en algún momento se construyó, pero luego, con la caída que sufrió la industria a partir de 2016, la empresa fue perdiendo, desprendiéndose de algunas líneas de inserción automáticas, que deberá reponer para poner nuevamente en funcionamiento ese sector”, explicó.

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«Los 730 millones que adeuda el Gobierno Provincial dificulta seguir sosteniendo las medidas sanitarias frente al COVID»

El concejal Walter Abregú se refirió a la deuda de coparticipación e impositiva que alcanza los 730 millones de pesos que el Gobierno de la Provincia adeuda al Municipio de Río Grande.

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Río Grande, 28 de abril del 2021.-Aseguró que «la gestión del Intendente Martín Perez, durante la pandemia, ha hecho y sigue haciendo mucho en lo que respecta a la cuestión sanitaria. La deuda que el gobierno de Gustavo Melella tiene con el Municipio de Río Grande pone en riesgo que se sigan ejecutando estas medidas sanitarias que tiene como objetivo cuidar la salud de todas y todos los riograndenses».

Abregú remarcó que «con lo que debe el Gobierno, el Municipio podría construir 15 centros de salud, es realmente importante el monto de la misma que ha alcanzado niveles históricos». Además, remarcó que «para que se sigan sosteniendo los testeos masivos, el funcionamiento del Laboratorio que procesa los hisopados, y también de otros servicios sanitarios, como controles médicos y de rehabilitación, lo que implica una gran presencia del personal sanitario municipal ampliado permanentemente».

En este sentido enfatizó que «es necesario que el Gobierno se ponga al día con los fondos de coparticipación».

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«La deuda del Gobierno Provincial con Río Grande es de $730 millones»

Lo afirmó el secretario de Finanzas del Municipio de Río Grande, Diego López. Además, adelantó que, ante el atraso de coparticipación que se traduce en 611 millones de pesos, peligra que los haberes de los trabajadores municipales estén acreditados el primero de mayo. Si a este monto se le suma la deuda tributaria, el mismo asciende a 730 millones de pesos.

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Río Grande, 28 de abril del 2021.-El atraso de coparticipación que el Gobierno de la Provincia mantiene para con el Municipio de Río Grande es de 35-40 días promedio, y asciende a 611 millones de pesos. Asimismo, se adeuda a la fecha el 40% del mes de marzo y el 100% del mes de abril.

A raíz de ello, el secretario de Finanzas Públicas, Diego López, afirmó que “ante este pico histórico de deuda de coparticipación, no está garantizado el pago de haberes de los trabajadores y trabajadoras municipales para el próximo primero de mayo”.

El funcionario ejemplificó que «lo se adeuda equivale al 100% del Plan de Obra proyectado para la ciudad; y que estamos ejecutando con fondos municipales gracias a una gestión responsable y transparente de nuestros recursos. Son casi tres meses de sueldos de empleados municipales; 1,5 veces el presupuesto anual del Concejo Deliberante; 6 meses de servicio de recolección de residuos y tratamiento final; 60 meses del subsidio al transporte público de pasajeros; y la construcción de tres doble vía de la Av. Santa Fe, 100 cuadras de pavimento, 10 canchas de césped sintético similares a la del Centro Deportivo y 15  Centros de Salud Municipal».

Además, informó que si a este monto se le suma la deuda tributaria, el mismo asciende a 730 millones de pesos, y agregó que “al día de la fecha no se han remitido las liquidaciones correspondientes al día 22 de marzo de la coparticipación federal”. Asimismo, señaló que “estos fondos que el Gobierno de la Provincia recibe del Gobierno Nacional, fueron recibidos por el Ejecutivo Provincial hace más de 35 días”.

Por otra parte, López explicó que, en tan solo un año, la deuda se triplicó. “Cuando iniciamos la gestión, la deuda de coparticipación existente rondaba los 207 millones de pesos” y, desde ese momento, “fue creciendo hasta llegar a los 611 millones de pesos que hoy el Gobierno de la Provincia le debe a todos los vecinos y vecinas de Río Grande”.

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