Ushuaia, 4 de diciembre del 2021.- El coordinador de Articulación Interinstitucional de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Pedro Otero, comentó que “se realizó el cierre de año de la Terapia Asistida con Perros que se desarrolla en el centro comunitario del Río Pipo, con un encuentro para los niños y niñas que asisten a ese espacio y sus familias”.
Otero contó que “se compartió una hamburgueseada, hubo juegos, a los chicos se les entregó un certificado de participación en el taller y recibieron presentes”.
Por último, remarcó que “fue un cierre maravilloso que además contó con la presencia de la responsable del TAP, Lic. Constanza Cano, y de la secretaria a/c de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Sabrina Marcucci”.

Buenos Aires, 3 de diciembre del 2021.- La magnitud de la medida fue tal que en cuestión de semanas se desencadenó la llamada crisis del 2001, que llevó a la renuncia del ministro de Economía Domingo Cavallo y del presidente De la Rúa, y a una situación de disolución e inestabilidad social y política que se extendería durante varios años.

La decisión que adoptó Cavallo no fue otra cosa que «clausurar» las puertas del sistema financiero para evitar la quiebra masiva de bancos, luego que a lo largo de ese año perdieran nada menos que unos 18.000 millones de pesos/dólares de depósitos, de los cuales el 20% salieron en apenas dos días.

En la práctica lo que se restringió fue la libre disposición de dinero en efectivo proveniente de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros

Previo a esta medida, el viernes 30 de noviembre se anunciaba la implementación masiva de medios de pago electrónico, que tenían como fin disminuir el uso de efectivo, con el fin de evitar la evasión impositiva y alentar la bancarización masiva de la población.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por De la Rúa limitaba en el caso de las personas físicas o jurídicas:

1. Los retiros en efectivo que superen los doscientos cincuenta pesos ($250) o doscientos cincuenta dólares estadounidenses (u$s250) por semana, por parte del titular, o de los titulares que actúen en forma conjunta o indistinta, del total de sus cuentas en cada entidad financiera.

2. Las transferencias al exterior, con excepción de las que correspondan a operaciones de comercio exterior, al pago de gastos o retiros que se realicen en el exterior a través de tarjetas de crédito o débito emitidas en el país, o a la cancelación de operaciones financieras o por otros conceptos, en este último caso, sujeto a que las autorice el Banco Central de la República Argentina.

En tanto que las entidades bancarias tenían prohibido desde su implementación, lo siguiente:

1. Realizar operaciones activas, es decir préstamos, denominadas en pesos, ni intervenir en el mercado de futuros u opciones de monedas extranjeras, ni arbitrar directa o indirectamente con activos a plazo en pesos. Las operaciones vigentes podrán convertirse a dólares estadounidenses con el consentimiento del deudor.

2. Ofrecer tasas de interés superiores por los depósitos denominados en pesos, respecto a las que ofrezcan por los depósitos denominados en dólares estadounidenses.

Lo que se intentaba era evitar la extracción masiva de depósitos bancarios y la especulación sobre una posible salida de la convertibilidad sin detener el movimiento económico interno, que podía continuar (teóricamente al menos) a través del uso de la tarjeta de débito para la adquisición de bienes y servicios, incluso con beneficios tales como la devolución de entre 3 y 5 puntos del IVA para dichas transacciones, buscando no solo reducir las extracciones bancarias sino aumentar la recaudación de dicho impuesto -entre otros -.

El impacto de estas medidas fue de tal magnitud que posteriormente el término «corralito» se empezó a usar en todo el mundo para hacer referencia a la inmovilización de los depósitos realizada por el gobierno de cualquier país.

En cuanto al origen del término, es atribuido al periodista Antonio Laje, que en el programa programa televisivo Después de hora, conducido por Daniel Hadad, utilizó el término para referirse a la medida gubernamental.

El periodista buscó destacar mediante una analogía la forma en que el Gobierno restringía una de las libertades esenciales de los usuarios de cualquier sistema bancario: la de poder sacar sus fondos en cualquier momento.

Cómo se llegó a esta decisión

En enero de 2001 los bancos contabilizaban depósitos por u$s85.000 millones, pero en solo tres meses perdieron unos u$s5.000 millones, producto de la desconfianza de la población y de la inestabilidad económica reinante.

Como consecuencia de ello, José Luis Machinea presentó su renuncia como ministro de Economía y fue remplazado por Ricardo Lopez Murphy, aunque solo mantuvo el cargo por apenas dos semanas, ya que se debió alejar del mismo por desaveniencias dentro de la coalición gobernante. En su lugar asumió Domingo Cavallo, quien ocupó el puesto que mantendría hasta fines de año.

Más allá de los nombres, la situación económica y política se fue complicando y hacia mediados de año la presión de los vencimientos de la deuda era insostenible por lo que se le solicitó ayuda al Fondo Monetario Internacional y a un conjunto de bancos privados, que acordaron el denominado «Megacanje» por un total de u$s29.500 millones.

Pese a la magnitud de la cifra, la recesión iniciada en octubre de 1998 y la creciente fuga de capitales no cesaban, al tiempo que crecía el descontento social debido a las medidas de ajuste que formaban parte de las condiciones solicitadas por el FMI a cambio de su ayuda.

Ante esta situación, en julio el Congreso sancionó la Ley 25.453 de «Déficit Cero» y en agosto la Ley 25.466 de «Intangibilidad de los depósitos», que en su párrafo más significativo expresaba que «el Estado nacional en ningún caso, podrá alterar las condiciones pactadas entre el/los depositantes y la entidad financiera, esto significa la prohibición de canjearlos por títulos de la deuda pública nacional, u otro activo del Estado nacional, ni prorrogar el pago de los mismos, ni alterar las tasas pactadas, ni la moneda de origen, ni reestructurar los vencimientos, los que operarán en las fechas establecidas entre las partes».

Pese a estos y otros intentos de paliar la crisis, la realidad mostraba un grado tal de deterioro de los indicadores que no hacía otra cosa que presagiar lo que luego sucedió.

Por ejemplo, en octubre, el desempleo fue récord: 4,8 millones de desocupados, representando a un 18,3% de la población activa, un porcentaje que se elevaba al 35% si se consideraban los subocupados, con una deuda pública que llegaba a 132.000 millones de dólares.

En cuanto a los datos de noviembre, previos al estallido de la crisis, éstos eran devastadores, pues se registraron caídas del 11,6% en la industria; 18,1% en la construcción, 27,5% en la industria automotriz, etc.

En ese momento el riesgo país fue el más alto de la historia, cuando superó los 5.000 puntos básicos y la salida de depósitos alcanzó los 5.543 millones de pesos/dólares, la mayor salida mensual de toda la historia Argentina.

Cuando se publicó el DNU ese fatídico 3 de diciembre, los depósitos habían caído a u$s67.000 millones.

La consecuencia inmediata fue que al restringir bruscamente la liquidez monetaria estas medidas ahogaron todo movimiento económico, paralizando el comercio y el crédito, rompiendo las cadenas de pago y asfixiando a la «economía informal o no formal», lo cual llevó a enormes manifestaciones de ahorristas frente a los bancos, reclamando por sus ahorros.

Autoridades provinciales destacaron el rol de programas y herramientas para prevenir y erradicar las violencias contra niñas, niños y adolescentes como la línea gratuita de denuncias 102, que entre otras cuestiones permite detectar e intervenir «ante situaciones de negligencia y maltrato en la primera infancia».

Las situaciones de violencia física, sexual, emocional o de abandono se agravaron en los últimos dos años durante la pandemia de coronavirus en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) que estimó que mil millones de niños, niñas y adolescentes de entre 2 y 17 años fueron víctima de algún tipo de agresión.

En Argentina, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) acordó recientemente en la 41ª sesión del Consejo Federal (Cofenaf) con todas las provincias profundizar las políticas federales de restitución de derechos; darle volumen a las iniciativas para las adolescencias; acompañar la vuelta a la escuela de quienes han quedado afuera; atender la salud mental de las infancias y fortalecer acciones de comunicación conjunta.

En Tierra del Fuego 

El gobierno de Tierra del Fuego puso en funcionamiento en agosto la línea telefónica 102 tras un acuerdo con la Senaf y destacó a la nueva herramienta como una «decisión política del gobierno de ampliar derechos y sobre todo los de la infancia».

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Ana Andrade, agregó que en época de pandemia «necesitábamos generar diferentes estrategias que garantizaran el acceso y se pusieran en voz las diferentes situaciones de vulnerabilidad que estaban pasando las chicas, los chicos y adolescentes; por eso surgió esta línea».