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Sociedad

Femicidio en Faimallá: Los padres de la joven asesinada son de Río Grande

Según informan medios de la localidad de Faimallá, provincia de Tucumán, personal de la Comisaría se encuentra abocado a la investigación que intenta esclarecer el hecho que, hasta ahora, se presume como femicidio. La joven identificada como Yaneth Valladares fue ultimada de un puntazo en la zona de la clavícula. Los padres de la víctima oriundos de Río Grande, fueron asistidos por las áreas de Género de Gobierno y Municipio, logrando que ser traslados en el día de ayer, hasta aquella provincia. Hay un detenido, sería la expareja de la joven.

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Tucumán, 21 de diciembre del 2020.- La versión conocida hasta el momento, indica, según losprimeros.tv.com. que la mujer identificada como Yaneth Valladares ingresó sin vida al Hospital Parajón Ortíz, con una herida producida por un arma blanca a la altura de la clavícula.

Fuentes oficiales indicaron además, que la víctima habría sido trasladada hasta el nosocomio local por su ex pareja, para luego darse la fuga.

Por el hecho se encuentra trabajando personal de la Comisaria de Famaillá a cargo del 3er Jefe Comisario Germán Peralta, supervisado por el Comisario Mayor de la Unidad Regional Oeste (URO), Nazareno Villagra y el Comisario Inspector Luís Rondoletto Jefe de Zona II de URO.

En paralelo, la muerte de la joven toca de cerca Río Grande, ya que padre y madre de la víctima residen en la ciudad.

La intervención a tiempo de las áreas de Género y Desarrollo Social, tanto del Municipio como de Gobierno, permitieron que ambos padres puedan viajar hasta aquella provincia, a fin de continuar con los trámites necesarios para dar seguimiento a la investigación, y hacerse cargo de los tres hijos de Yaneth Valladares.

 

Hombre aprehendido

 

De acuerdo a las primeras averiguaciones, en las horas previas al crimen, el sospechoso, de 31 años, estaba en una reunión cerca de su domicilio, en el barrio San Martín de Famaillá.

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Sociedad

Margen sur: Se realizarán los operativos territoriales del programa nacional “AcompañAr”

El mismo brinda asistencia económica e integral a Mujeres y LGBTI+ que se encuentren en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género. Es impulsado por el Municipio de Río Grande, a través de las Secretarías de la Mujer, Género y Diversidad, y de Gestión Ciudadana. Los puntos de encuentro se realizarán el 20 y 21 de mayo en el gimnasio de Margen Sur.

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Río Grande, 19 de mayo del 2021.- El Municipio de Río Grande informa a la comunidad que se llevará adelante en la ciudad el operativo territorial correspondiente al programa “Acompañar”.

Dicho programa surge del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y busca asistir a víctimas de violencia de género a lo largo de todo el país. Se trata de ayuda económica y de acompañamiento legal, psicológico y social para las damnificadas, y busca promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo en contextos de violencias por motivos de género.

El programa “Acompañar” se articula entre el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, la ANSES y las Unidades de Acompañamiento, como lo es la Defensoría Municipal en nuestra ciudad. Los operativos serán acompañados por organismos nacionales tales como PAMI, ANSES, Radio Nacional, Migraciones y Ministerio del Interior.

Aquellas personas que se encuentren en situación de violencia de género y requieran ser parte del programa, pueden dirigirse a los “Operativos Territoriales del Programa Acompañar”, donde un equipo especializado les realizará una entrevista personalizada. Los puntos de encuentro se realizarán los próximos jueves 20 y viernes 21 de mayo, en el gimnasio de Margen Sur ubicado en Wonska 490.

Las interesadas en inscribirse deben asistir con la siguiente documentación e información: Documento Nacional de Identidad; CBU; número de cuenta bancaria (debe coincidir con el número de CUIL de quien se inscribe). Es importante saber que la solicitante no necesita contar con denuncia hecha, y que el programa “Acompañar” es incompatible con “Potenciar Trabajo”.

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Una efectivo policial llamó a una víctima de abuso para preguntarle el domicilio del imputado

La situación se dio el pasado 14 de mayo, cuando una joven víctima de un hecho de abuso sexual, recibió un llamado a su abonado celular privado, y una efectivo de la Comisaría de Género, que no se identificó, le consultó si sabía donde residía su abusador, ya que debían darle una notificación. La madre de la chica llamó a la misma dependencia, solicitó alguna explicación acerca de lo sucedido, y no obtuvo respuestas. La familia de la víctima analiza si realizará la denuncia ante gravísimo hecho que vulnera la privacidad de la víctima y no posee la mínima pizca de perspectiva de género.

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Río Grande, 18 de mayo del 2021.- “Una agente u oficial de la Comisaría de Género y Familia, repito Género y Familia, llamó a mi hija para preguntarle su sabía dónde podían encontrar a su abusador para notificarlo, porque no lo encontraban”, escribió en redes sociales, Yesica, mamá de la joven víctima, e integrante de la agrupación Madres en Lucha-Yo Sí te Creo

“Esta manera brutal, torpe, falta de respeto y revictimizante de manejarse de la Policía de esta sección, no es la primera vez que sucede dentro del grupo de familias en Luchas y muchas personas más”, denunció la mujer.

“La comisaría que debería dar el ejemplo sobre trato digno a las víctimas, y estar en total manejo del desempeño con la Ley Micaela, es la primera en desobedecer la Ley. Y desobedecer al sentido común y la lógica, claro”, expresó Yesica en la misma publicación.

“La oficial no quiso identificarse cuando la llame, y me cortó el teléfono cuando le mencione la Ley Micaela. Me dijo que entonces, a tono de burla, la iba a ver, y después me llamaba y me cortó”, asegura la madre de la chica.

La denuncia hasta este momento, es de carácter público, aunque la familia analiza si realizará una presentación ante la Justicia.

Durante el fin de semana, estuvieron esperando alguna respuesta por parte de la Comisaría de Género, a cargo de la Comisario Verónica Vega, quien hasta este momento, no mantuvo comunicación alguna con esta familia, cuando menos, para pedir las disculpas del caso.

Yesica, al igual que su hija, poseen los números telefónicos agendados, como así también las capturas de pantalla de los mensajes recibidos por parte de la efectivo que se comunicó y no se identificó. Estos elementos los mantienen a resguardo, a fin de una posible denuncia en sede judicial.

El caso

La denuncia por abuso sexual en la infancia fue radicada en noviembre del 2019. Un año y 5 meses después, el 5 de mayo de este año concretamente, llegó el procesamiento del sujeto, al que ahora, la policía no puede encontrar para notificarlo.

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La cuota alimentaria, un derecho difícil de ejercer sin justicia con perspectiva de género

Mientras un proyecto que puede cambiar el panorama discriminatorio espera tratamiento en el Senado, especialistas del tema insisten en que esta realidad requiere de reformas judiciales con perspectiva de género.

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Buenos Aires, 16 de mayo del 2021.-

En Argentina no hay criterios uniformes para fijar la cuota alimentaria para hijas e hijos y son las madres las que deben negociar el acceso a ese derecho en un proceso legal engorroso y costoso, donde la violencia económica dice presente.

Es una realidad que requiere de reformas judiciales con perspectiva de género, según profesionales que investigan el tema, mientras en el Senado espera tratamiento un proyecto que puede cambiar este panorama discriminatorio para mujeres, niñas y niños.

La legislación argentina establece que, tanto la madre como el padre tienen el derecho y la obligación de criar a sus hijos e hijas, alimentarlos y educarlos, lo que debe mantenerse cuando la pareja ya no conviva.

Pero allí aparece la cuota alimentaria, que se convierte en un problema que tiene múltiples derivaciones, impactando en la vida de la madre, hijas e hijos, en procesos que suelen ser humillantes donde la mujer debe presentar ticket de la comida que compró para alimentar a la niña o de la peluquería donde se cortó el pelo el niño.

Eso ocurre a pesar de que toda persona sabe que tener un hijo o una hija tiene un costo económico siempre, que no cesa cuando hay una separación.

“Las mujeres no encuentran respuesta por parte del Poder Judicial, por eso hay que construir un Poder Judicial con perspectiva de género”

MARIANA GRAS – PARTIDO IDENTIDAD

Estas problemáticas cotidianas suceden porque “el sistema de cuotas alimentarias en nuestro país se fijó alrededor de la judicialización, basado en un esquema antiguo o diferente a la economía que existía en Argentina, donde si la persona no cumple con la obligación de cuota alimentaria, se le debe embargar un sueldo, pero para eso tiene que existir trabajo registrado, o bienes a su nombre, que no siempre aparecen”, explicó en una entrevista con Télam la abogada feminista Sabrina Cartabia.

Entonces aparece el primer obstáculo que “es difícil y a veces imposible” de salvar y por lo tanto impide ejecutar la cuota alimentaria.

Según datos oficiales, entre el 35 y el 40 por ciento de las personas tienen empleos no registrados en el país.

Si bien hay posibilidades de que la madre y el padre acuerden de manera privada un monto en una negociación que involucre a profesionales del derecho o a través de una mediación, estas situaciones son las menos, y entonces llega la judicialización.

¿Quién se hace cargo del proceso judicial? La mujer.

“Las mujeres no encuentran respuesta por parte del Poder Judicial, por eso hay que construir un Poder Judicial con perspectiva de género y que entienda que detrás de cada expediente hay un derecho que no se ejerce, porque un derecho judicializado es un derecho que no se ejerce”, dijo a Télam Mariana Gras, de la Mesa Nacional del partido Identidad que integra el Frente de Todos.

Sabrina Cartabia, abogada feminista.

Sabrina Cartabia, abogada feminista.

La ex titular del extinto Instituto Nacional de las Mujeres vuelve a la escena pública con un partido que se define “nacional, popular y feminista” y donde la problemática de la cuota alimentaria “surgió como una demanda en un universo de mujeres transversal a todos los sectores sociales que no está teniendo, a nuestro criterio, la visibilización que requiere”.

Lo que visibilizan la mujeres que atraviesan estos proceso judiciales son instancias largas -mientras las y los hijos deben seguir comiendo-, intrincadas, que implican pagar un asesoramiento legal que, muchas veces, es mas costoso que el monto de la cuota alimentaria que obtienen.

“Hay baches en la legislación que los cubren las mujeres, y que generan un empobrecimiento de las mujeres”, analizó Cartabia.

En cuanto a los baches legislativos, espera tratamiento en el Senado un proyecto de la diputada Cristina Álvarez Rodríguez (FdT) aprobado en la Cámara Baja, para que las obligaciones alimentarias queden exceptuadas de la prohibición de actualización dispuesta por la Ley 23.928 del año 1991 que prohíbe la actualización monetaria.

Con esta iniciativa “aseguramos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cada vez que erradicamos una desigualdad, estamos dando un paso más hacia la justicia social”, definió en diálogo con Télam la legisladora.

“La introducción de la perspectiva de género sabemos que es un mandato constitucional y de derechos humanos, el tema es cómo incidimos en los operadores jurídicos para que cumplan con esto”

SABRINA CARTABIA

Las madres “que son quienes en su mayoría inician los juicios de alimentos en favor de sus hijos o hijas podrán solicitar a los jueces o juezas que fijen pautas de actualización. En consecuencia, se le ahorra a la mujer atravesar de nuevo la situación del juicio, las discusiones, los honorarios de abogados o abogadas. Pero, además y centralmente, se evita las repercusiones que la litigiosidad genera en los hijos o hijas”, destacó Álvarez Rodríguez.

Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional del FdT.

Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional del FdT.

Para tener un panorama un poco mas claro hay que detenerse en la situación de las madres, sobre todo en este contexto de pandemia por coronavirus.

La Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género que está a cargo de Mercedes D’Alessandro elaboró un informe que detectó que el 69% de las personas en situación de pobreza en el país son mujeres.

Citando la misma fuente, Gras aportó que “6 de cada 10 hogares monoparentales, es decir que están a cargo de mujeres, son pobres en Argentina, y de esos 6 hogares monoparentales sabemos que 3 de cada 4 no perciben la cuota alimentaria aunque les correspondería”.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) aportó otras cifras el año pasado en un informe que reveló que 8 de cada 10 madres no conviven con el padre de sus hijos e hijas y que sólo 1 de cada 4 cuenta con los ingresos de la cuota alimentaria.

“Hay baches en la legislación que los cubren las mujeres, y que generan un empobrecimiento de las mujeres”

SABRINA CARTABIA

El sistema judicial “tiene varios problemas, la introducción de la perspectiva de género sabemos que es un mandato constitucional y de derechos humanos, el tema es cómo incidimos en los operadores jurídicos para que cumplan con esto y cómo los evaluamos en su desempeño previo, antes de asumir, en los concursos, en los exámenes”, aseguró Cartabia.

La especialista se refirió también a la responsabilidad de profesionales del derecho. “Tuve varios casos donde el abogado del varón les aconsejaba ejercer violencia económica para que las mujeres, asfixiadas económicamente, sin poder hacer frente a las obligaciones, negociaran una cifra a la baja. He visto cómo les cortaban el gas en pleno invierno por falta de pago en el medio de una negociación para que las mujeres cedieran”, contó.

Y la violencia económica y patrimonial definida en la ley 26485 de Protección Integral a las Mujeres “está presente en estas situaciones, porque si se tiene un hijo y no se hace cargo de ese hijo, se ejerce violencia contra la mujer y les hijes”, afirmó Gras.

Para la dirigente “hay que construir leyes que regulen y normen y le saquen esta carga a las mujeres, y por otro lado construir políticas públicas que formalicen las redes de cuidado y que permitan que el Estado esté presente, para que las familias monoparentales puedan salir a buscar trabajo”.

Gras anticipó que desde ‘Identidad’ van a organizar conversatorios para “sentar a todos los sectores de organizaciones y poderes del Estado y empezar a construir políticas públicas a la altura de las circunstancias”.

También que van a desarrollar una aplicación “para estar conectadas virtualmente, donde las mujeres estemos en contacto, contemos experiencias y sea un lugar de escucha”.

Fuente: Télam
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