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Género

Elevan a juicio el caso de un suboficial de la Armada acusado de violar a una marinera

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La Justicia de Tierra del Fuego elevó a juicio oral el caso de un suboficial principal de la Armada Argentina acusado del abuso sexual de una subordinada que en 2013 era marinera en la Base Naval Ushuaia, una causa que puede sentar un precedente histórico porque ventila hechos ocurridos dentro de una institución militar, pone en juego los códigos de silencio entre miembros de la fuerza y echa luz sobre la violencia de género en ámbitos castrenses.

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El Tribunal de Enjuiciamiento de la capital fueguina dispuso que juzgará al suboficial Reinaldo Cardozo, de 55 años, el próximo 29 de junio, después de un proceso en el que la víctima, una mujer de 32 años (tenía 25 al momento de los hechos) perdió el empleo, la casa, la cobertura social y debió someterse a un tratamiento psiquiátrico y psicológico para superar lo sucedido.

«Lucía», como le pidió a Télam que se la identifique para resguardar su verdadero nombre, asegura que batalló durante siete años hasta lograr que la justicia procesara a Cardozo por los delitos de «abuso sexual simple en concurso ideal con abuso sexual agravado con acceso carnal y por pertenecer el imputado a una fuerza de seguridad, los que concurren idealmente con el delitos de amenazas coactivas y mediando violencia de género», según el expediente judicial.

Una carrera truncada por el abuso

«Ingresé a la Armada en 2011 porque ser militar era un sueño y un anhelo. Yo veía los uniformes y sentía orgullo. Creía que podía servir a la Patria. Hice el curso en Puerto Belgrano (cerca de Bahía Blanca) y volví a Ushuaia. Mi primera función fue de camarera dentro de la casa de suboficiales. Les servía la comida. Eran todos hombres», contó a Télam la mujer que sigue viviendo en Ushuaia junto a su hijo de 17 años.

Lucía narró que Cardozo era su jefe directo en 2013 cuando le dieron el pase a Tierra del Fuego, casi la doblaba en edad, estaba casado y tenía hijos.

«Desde que llegó, empezó con insinuaciones, con preguntas sobre mi vida personal. Yo trataba de eludirlo pero después comenzó a hacerme propuestas y a acosarme directamente. A mitad de ese año me hizo entrar a un depósito para sacar unas copas. Abrí con la llave, él me siguió, cerró la puerta y ahí tuvo lugar el hecho principal que está denunciado en la causa y que se demostró en el procesamiento», recuerda la ex marinera sobre la violación.

La mujer comenzó denunciando los hechos ante el superior del suboficial, un militar con el grado de teniente quien de inmediato le hizo sentir cómo sería la situación.

«Tu palabra contra la de él no tiene valor. Además la Armada te está dando trabajo, una casa, una obra social y la atención para tu hijo (que estaba siendo tratado por una enfermedad en Buenos Aires). No te conviene hacer nada», le advirtió.

Como la marinera insistía, comenzaron las «amenazas y persecuciones»: su propio abusador le bajó todos los conceptos de su legajo personal, por lo que al poco tiempo fue despedida como militar y reincorporada como personal civil.

En 2014, Cardozo fue trasladado a otro destino pero al año siguiente regresó a Ushuaia y comenzó a acosarla otra vez, con lo que, sin más opciones, la joven decidió hacer la denuncia ante la justicia.

Primero intervino la Justicia Federal, que se declaró incompetente, y después un juez provincial que no halló pruebas contra el acusado, quien fue beneficiado con dos «faltas de mérito», hasta que el expediente quedó «en reserva» por falta de nuevas evidencias.

Lucía cambió de abogado y logró que la Cámara de Apelaciones apartara al juez y designara a una jueza, María Cristina Barrionuevo, que le dio un nuevo enfoque a la investigación.

«La causa pasó de tener unas pocas fojas a nueve cuerpos. Me hicieron una batería de pericias psicológicas y psiquiátricas. No muchos testigos, pero algunos se animaron a declarar. Se realizaron cruces de llamadas telefónicas. Fue una investigación increíble entre la jueza y el fiscal Eduardo Urquiza», explicó la mujer.

También remarcó que en la Armada «nunca la escucharon y la maltrataron», y que encontró ayuda en la Dirección de Atención Temprana de la justicia provincial y en la Dirección de Políticas de Género del ministerio de Defensa.

«La elevación a juicio de este caso va a marcar un precedente. Espero que muchas mujeres dentro de instituciones militares se animen a denunciar. Yo sé lo que se siente luchar contra un sistema y sentirse atada de pies y manos, pero romper las cadenas del silencio, hablar y pedir ayuda es liberador», afirmó.

Lucía tiene actualmente otro empleo y dice sentirse liberada, aunque admite que cuando ve un uniforme militar, todavía se angustia.

«No puedo evitarlo. Siento pánico. De hecho junté toda mi propia ropa militar, mi uniforme diario y el de gala, mis gorras. Junté todo y lo tiré a la basura. Fue una forma de ir cerrando esa etapa», concluyó.

Fuente: Agencia Telam

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Con la presencia de Alba Rueda se presentó en Río Grande la Agenda Nacional de Políticas de Diversidad

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El Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, junto a la Subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Alba Rueda, encabezó el acto de presentación de la Agenda Nacional de Políticas de Diversidad que se llevó a cabo en Río Grande.

 

Río Grande, 15 de octubre de 2021.- Participaron el ministro Jefe de Gabinete, Agustín Tita; el secretario de Representación Política del Gobierno, Federico Runín; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Ana Andrade; la subsecretaria de Diversidad de la provincia, Victoria Castro, además de funcionarios y funcionarias del orden nacional, provincial y municipal.

Durante su visita a la provincia el equipo de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad estará llevando a cabo encuentros con distintos actores sociales, organizaciones, sindicatos y municipios para trabajar sobre salud integral, acceso al empleo e infancias trans.

El Gobernador manifestó al inicio del acto que “hay un cambio muy largo en la historia y nosotros podemos celebrar que el cambio empezó en nuestra provincia”, al referirse al fallo que permitió el primer matrimonio igualitario en 2009, al tiempo que agregó: “desde el sur se dieron esos signos de cambio que vinieron como resultado de la militancia de tantos años de la comunidad”.

“Queremos acompañar cada iniciativa que luche por la igualdad”, dijo y añadió: “nosotros tenemos que trabajar para que todo el colectivo, todas las mujeres, cada persona desde su comunidad, tenga la oportunidad de trabajar y desarrollarse, no porque una ley nos lo exija, sino porque estamos convencidos de esa igualdad en la diversidad”.

Respecto a la presentación de la agenda, la Subsecretaria de Políticas de Diversidad de Nación, Alba Rueda, manifestó que “traducir las luchas sociales en una agenda de políticas públicas es un paso fundamental. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es, sin duda, el resultado de esa agenda comprometida en la lucha de Ni Una Menos, en lo que significa la promoción y los derechos para el empleo de las personas travestis y trans, la lucha contra los travesticidios sociales por tantos prejuicios que marcó la desigualdad”.

“Que seamos hoy las personas LGBTIQ+ parte de esta agenda de políticas públicas es un paso fundamental”, reiteró, al tiempo que aseveró que “no podemos seguir viviendo en un Estado binario donde no podemos entrar. Si el Estado no representa a nuestra sociedad, debe cambiar”.

Por su parte, Victoria Castro, subsecretaria de Diversidad provincial, expresó: “es un día de mucha emoción, es la primera vez que tenemos una Subsecretaría de Diversidad en la provincia”.

“Para esta gestión y para esta mirada política no hizo falta un cupo laboral para que ya haya personas travesti-trans trabajando en el Gobierno provincial”, remarcó y recordó que “Tierra del Fuego es una provincia vanguardista en cuestiones de inclusión”.

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“No se garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo en el Hospital Regional de Río Grande”, dijo Lucila Galkin, Directora de Género de Amnistía Internacional

Un equipo de trabajo de Amnistía Internacional Argentina, arribó a Tierra del Fuego en los últimos días a fin de realizar un relevamiento en el territorio, en torno a la implementación, accesos y barreras que tienen las mujeres y personas gestantes, a la hora de solicitar el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, amparadas en la Ley 27.610. En un diagnóstico preliminar, Lucila Galkin, Directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina, confirmó que “el Hospital Regional Río Grande no se adecuo a la nueva normativa”, y creen que, “el Hospital debe reorganizar su servicio de salud con tal de contar con profesionales que garanticen el acceso a la prestación”.

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(Por Lorena Uribe)  “Desde Amnistía Internacional Argentina estamos haciendo relevamientos a nivel federal sobre el estado de la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para dar cuenta de cuales han sido los avances y cuales los obstáculos en el acceso a la prestación, a 11 meses de su vigencia, esto fue con pedidos de acceso a la información pública en las 24 jurisdicciones de nuestro país y hoy tenemos misiones en distintos territorios para poder entrevistar a  autoridades, a referentes de la sociedad civil que vienen acompañando el acceso al aborto legal, como o así también  a mujeres y conocer como ha sido su recorrido y poder identificar los obstáculos que se han tenido”, aseguró Lucila Galkin, Directora de Género y Diversidad, en declaraciones a Tarde pero Seguro.

En agosto pasado, desde la misma entidad se había emitido un informe donde se referían a la situación particular de Río Grade, Tierra del Fuego, y las barreras con las que se encontraban las mujeres y personas gestantes para acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Por este motivo es que, en este trabajo territorial, arribaron a Río Grande.

“Estuvimos reunidos con la Directora del Hospital, Doctora Viviana Muller, y el Jefe de Maternidad e Infancia, el Doctor Treitel, para conocer como es el estado de situación en el acceso en el segundo nivel de atención es decir con mujeres con más de 12 semanas de gestación, y tomamos conocimiento efectivamente que no se garantiza el acceso en el Hospital Regional de Río Grande, y las mujeres necesitan acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo encuentran barreras y deben trasladarse a Ushuaia, con lo que eso implica, las inclemencias climáticas y geográficas y como esto impacta en las mujeres”.

Dicha situación de no acceso a la prestación: “No solo implica demoras, sino que pone en riesgo la salud de las mujeres, porque muchas mujeres ven difícil trasladarse, por cuestiones laborales, familiares, compromisos, muchas otras nos han dicho que deben costearse el traslado, lo que incumple con la Ley que es garantizar el acceso de modo gratuito, pero creemos que el Hospital debe reorganizar su servicio de salud con tal de contar con profesionales que garanticen el acceso a la prestación” y agregó: “la Lay establece la obligatoriedad que los efectores de salud pública cuenten con profesionales para garantizar la práctica y el Hospital Regional Río Grande no se adecuo a la nueva normativa”, aseguró Galkin.

Lucila Galkin, Directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.

“Al final de nuestro viaje, vamos a reunirnos con el Doctor Thompson, Secretario de Salud, a fin de llevar nuestros diagnostico preliminar, con lo que hemos identificado en estos días de entrevistas, con actores que están involucrados en el acceso al aborto legal y a partir de ello, haremos recomendaciones para promover el acceso a la práctica”, dijo.

Una vez que reúnan la mayor cantidad de información posible, “más hacia fin de año haremos un diagnostico a nivel nacional, dando cuenta de las particulares de lo que está sucediendo en el territorio y específicamente en Río Grande, Tierra del Fuego”.

“No se ejerce un derecho que se desconoce”

Lucila Galkin reconoce que existen avances en algunas jurisdicciones, sin embargo, a 11 meses de la sanción de la Ley 27.610, son muchas las barreras con las que se topan las mujeres y personas gestantes que buscan acceder a la práctica. Uno de los principales problemas es la falta de acceso a la información.

“Sin desconocer los avances que se han hecho en algunos lugares del país con capacitaciones y demás, el principal diagnóstico es la falta de acceso a la información, la falta de campañas sobre el acceso al aborto legal, y la verdad es que no se ejerce un derecho que se desconoce, esa es la principal barrera”.

Una web para conocer tus derechos y cómo hacer reclamos

Debido a esta falta de información y campañas publicitarias, desde Aministía Internacional se lanzó la siguiente página amnistia.org.ar/derechoalaborto/ , ya que, “se desconoce si tiene derecho a interrumpir voluntaria y legalmente el embarazo, como hacerlo, donde, con quien comunicarse, por eso es que hace poco hemos lanzado un sitio en que cuenta con información sobre cómo acceder al aborto en el sistema público y privado, y qué hacer cuando se presentan barreras, como presentar un reclamo y también pueden llenar un formulario donde nos pueden acercar cuales son los obstáculos para saber cómo acompañar a las mujeres y personas gestantes, dijo Galkin.

Acceso al aborto legal y mujeres lejos de las ciudades

“En lugares alejados de las capitales las mujeres están teniendo barreras para acceder a la prestación porque no hay disponibilidad a los servicios de salud ni personal capacitado y la verdad se da e muchas provincias del país”, dijo la Directora de Género y Diversidad, “por ejemplo, en Catamarca, las mujeres que viven en Aldalgala tienen que viajar más de tres horas y media para encontrar un centro de salud, y no solo tiene que ver con las demoras, sino que ponen en riesgo su salud, y se reitera en diferentes lugares, de hecho en Buenos Aires, sigue habiendo numerosos municipios que a la fecha, no garantizan el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”, comentó.

“Hemos presentado pedidos de acceso a la información pública y todavía no hemos obtenido respuestas, así que estamos reiterando los pedidos para que se cumplan los plazos. De la última publicación, 36 municipios no presentaban efectores de salud que garanticen el acceso a la práctica”.

“Otro indicador es el colapso del 0800 que es la línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, donde escuchamos a mujeres que tienen dificultades para comunicarse”, por último, otro factor que impide el cumplimiento de la ley 27.610, tiene que ver con “la producción y comercialización de mifepristona en el país, que es un reclamo que se viene sosteniendo hace años, entre otras cuestiones que hacen falta para cumplir”.

En lo que resta de estos días de trabajo territorial en Tierra del Fuego, restan reuniones y entrevistas con autoridades de salud, también con mujeres y personas gestantes que han podido acceder a la interrupción del embarazo, o aquellas que no lo han logrado, debido a las distintas barreras.

Para fin de año, se espera que Amnistía Internacional posea la información de las 24 jurisdicciones y así, se emitirán una serie de recomendaciones tanto para el Ministerio de Salud de la Nación, como así también los ministerios de las provincias.

 

 

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Se llevó adelante un operativo territorial por el Programa Nacional “Mi Pieza” en los barrios populares de Río Grande

La Secretaría de Representación Política del Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en conjunto con el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Tierra del Fuego, realizó un operativo territorial en los barrios populares de Río Grande con el fin de convocar a las vecinas a inscribirse al programa nacional “Mi Pieza” y llevar adelante jornadas informativas y de inscripción.

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Río Grande, 13 de octubre del 2021.- Tras los recorridos del equipo de CuidarnosTDF en la zona sur de la ciudad, se llevaron a cabo numerosas inscripciones al programa en las instalaciones del Centro Socio Cultural Walter Buscemi y el Espacio NIDO (Núcleo de Inclusión de Oportunidades), donde se concentran los barrios RENABAP.

El programa Mi Pieza En un trabajo conjunto del CDR del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Gobierno de Tierra del Fuego AIAS en los barrios relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares. Se llevó adelante la atención a las vecinas mayores de 18 años que viven en estos barrios para informarles los requisitos para acceder al programa, con el objetivo de mejorar la situación habitacional de las mujeres.

El Articulador del CDR en Tierra del Fuego, Homero Cymes comentó sobre la recepción positiva del programa y dijo que «pudimos cumplir con el objetivo de llevar el programa Mi Pieza junto al Gobierno de la Provincia a los barrios populares de Río Grande, para que las mujeres puedan inscribirse al sorteo nacional que habilita a poder financiar las mejoras, refacciones y ampliaciones en sus viviendas. Resaltamos que el financiamiento de esta política pública se hace a través de la ley de aporte solidario por las grandes fortunas sancionada en la pandemia, lo que marca una clara política redistributiva»

Verónica Portillo, Secretaria de Integración Comunitaria agregó por su parte que “desde el Gobierno de la provincia realizamos un trabajo articulado con Nación a través del cual llevamos al territorio el programa Mi Pieza a distintas vecinas de nuestra provincia que viven en barrios populares. Entendemos que está política pública tiene el objetivo de disminuir las brechas de desigualdad, acompañando a mujeres que necesiten realizar una mejora en sus viviendas”.

Finalmente, Silvia Cardozo, Directora Provincial de Relaciones Intersecretariales destacó: “Llegamos a los vecinos del barrio con muy buena asistencia a la charla informativa. Desde nuestro espacio nos alegra poder brindarles un beneficio más para nuestro barrio y sobre todo a mujeres que desean mejorar. Cabe destacar que seguiremos informando a las que no pudieron asistir en esta oportunidad”.

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