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Contrapuntos por la creación de Río Grande Activa

Río Grande, 30 de Octubre.- Los concejales sesionaron por octava vez en el año y aunque había diferentes proyectos de los bloques el que concentró la atención fue el de la creación de la Sociedad del Estado ‘Río Grande Activa’.

El proyecto fue presentado presentado por la concejal María Eugenia Duré el jueves de la semana pasada y fue aprobado en primera lectura con los votos afirmativos de Duré, de sus pares Alejandro NogarRaúl von der Thusen y Paulino Rossi. En tanto votaron en contra las concejalas Miriam ‘Lali’ Mora y Verónica González.

El proyecto indica la creación de  una Sociedad del Estado municipal – como ya existe en Ushuaia- que habilita la participación de empresas privadas y el propio Municipio de Río Grande en la prestación de servicios esenciales, y aquellos que por su condición alcancen la mediana y gran escala.

El Dr. Gastón Díaz, uno de los responsables de la transición municipal designado por el intendente electo, Martín Perez, aseguró en Tarde pero Seguro que el proyecto no modificará la situación laboral de los trabajadores en las empresas que prestan los servicios de transporte y recolección de residuos.

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Díaz detalló que “después de 12 años de sancionada la Carta Orgánica, vamos a poder contar con una herramienta que fue prevista por los primeros convencionales, que prevé la creación de empresas municipales o mixtas”, aunque recordó que para su aprobación se requiere el procedimiento de “doble lectura” en el Concejo Deliberante y una aprobación con mayoría agravada, es decir los dos tercios de los concejales presentes.

El letrado señaló que el proyecto de Sociedad del Estado “es una herramienta para intervenir en el desarrollo económico de la ciudad y permite desarrollar proyectos productivos genuinos que a los privados no les interesa llevar adelante”.

Una Sociedad del Estado tiene, entre sus objetos, prestar servicios, pero de ninguna manera cambia la condición de empleado municipal a empleado privado y viceversa“, aclaró.

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Por su parte, la concejal Verónica González  habló de una “avanzada” y  que el proyecto es “una copia y pegue” del de la ciudad de Ushuaia y que además “se está desvirtuando la cuestión, estamos frente a un proyecto de ordenanza que va a dejar a futuro en manos de pseudo empresarios locales, el dominio de servicios públicos municipales que bien puede seguir haciéndose cargo el Estado municipal”.

González planteó sus dudas en el recinto argumentando que “los servicios son derechos y entiendo que van a dejar de ser derechos para transformarse en mercancías en manos de solapadas sociedades anónimas”.

De acuerdo a lo que dicta la Carta Orgánica, los ediles tras la aprobación de la iniciativa en primera lectura deben convocar a audiencia pública en un plazo no menor a los 15 días. Dicha audiencia tendrá carácter no vinculante.

Posteriormente los concejales tienen que volver a sesionar y  con los votos de los dos tercios de los presentes se aprobaría definitivamente la propuesta. Es posible que el proyecto pueda debatirse en la última sesión del presente período, el martes 26 de noviembre próximo.

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