Interés General

A 4 años del primer Ni Una Menos: las deudas pendientes hacia las mujeres

El lunes próximo será la quinta vez que las mujeres saldremos a las calles para decir basta a los femicidios en la Argentina.

ni una menos RG
Río Grande.- 02-06-2019.- La primera marcha multitudinaria en 2015 fue fruto de la consolidación de años de una militancia diversa y plural por los derechos de las mujeres sumada al grito de miles de mujeres cansadas de la violencia machista. Si bien su expresión más feroz son los femicidios, la discriminación por razones de género se expresa día a día de múltiples formas.
La brecha salarial, la dificultad para lograr espacios de jerarquía en partidos políticos, la imposibilidad de tener autonomía sobre sus propios cuerpos y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, los travesticidios, el abuso sexual y la sobrecarga del trabajo doméstico en los hogares son algunas de sus manifestaciones.
Sin dudas, se han logrado avances en los últimos años en nuestras leyes y en las políticas públicas dirigidas a la igualdad género. El Plan Nacional de Acción impulsado por el Instituto Nacional de las Mujeres, la sanción de la ley de paridad a nivel nacional y la creación de los registros públicos de femicidios ilustran estos avances. Sin embargo, la Argentina sostiene a la fecha una tasa de femicidios similar a la de 4 años atrás. Los registros de femicidios e investigaciones en base a fuentes sanitarias indican que, en promedio, una mujer, adolescente o niña es asesinada cada 30 horas por la violencia machista en nuestro país. Eso sin contar a las víctimas de femicidio vinculados y sus víctimas colaterales: los niños y niñas que quedan despojadas de sus madres.

¿Qué falta entonces para quebrar esta tendencia? Sin dudas, la respuesta no es lineal ni sencilla. Pero parte de ella está determinada por las transformaciones estructurales que se requieren para abordar las causas subyacentes de la violencia. En particular, nos referimos a aquellos factores que reducen las posibilidades de las mujeres de lograr su autonomía económica y física, y su autonomía en la toma de decisiones, como así también los cambios culturales que se necesitan erradicar de una cultura que somete a las mujeres a una posición social subordinada. En términos de políticas públicas, se requiere de una significativa inversión para lograr, por ejemplo, redistribuir de manera más justa las tareas de cuidado (dentro y fuera de los hogares), asegurar a todas las mujeres un acceso real a la justicia, garantizar servicios de asistencia y acompañamiento para lograr su resguardo efectivo de la violencia machista, garantizar el acceso a servicios salud, entre otras políticas de amplio alcance.
Una mujer, adolescente o niña es asesinada cada 30 horas por la violencia machista en nuestro país.

La voluntad política del Estado (en todos sus niveles) para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres deberá por lo tanto materializarse en el presupuesto. Es allí donde se reflejan las prioridades de gobierno y por eso es fundamental que se asignen partidas y se implementen y monitoreen las políticas necesarias para reducir las brechas de género que se encuentran en la base de los femicidios.

Pero además, es necesario que se incorpore un enfoque de género a las políticas económicas en su conjunto, incluyendo la política fiscal y monetaria. El Poder Ejecutivo ha logrado avances en la incorporación del etiquetamiento de gastos vinculados con la igualdad de género brindando un aporte a la transparencia presupuestaria, facilitando su seguimiento por parte de la sociedad civil. Sin embargo, la política de austeridad adoptada ha significado un impacto negativo sobre las posibilidades de las mujeres de lograr su acceso a la salud, el trabajo, la educación, el cuidado, y vidas libres de violencias, entre otros derechos.
ONU Mujeres afirma que la política tributaria, el gasto público y la gestión de la deuda afectan directamente a los recursos disponibles para fomentar la igualdad de género y conseguir que los derechos se hagan realidad. Por las características de la inserción de las mujeres en la vida social y económica, una política económica de austeridad en la que se ven reducidas las partidas presupuestarias asignadas a los bienes y servicios que brinda el Estado, junto a un aumento del pago de deuda pública, producirán sin dudas un efecto adverso mayor sobre la vida de las mujeres y niñas y sus posibilidades de lograr vidas libres y autónomas.
En este contexto, preocupa la posible discontinuidad de la moratoria previsional para aquellas que trabajaron de manera invisible en sus hogares (conocida como la “jubilación para amas de casa”). Es indispensable que se resguarde una política previsional con perspectiva de género, reconociendo el aporte social y económico que estas mujeres han hecho a través de su trabajo de cuidado.
Cuatro años después de que las mujeres salimos a las calles bajo el grito de “Ni Una Menos”, el balance del camino recorrido permanece en deuda hacia nosotras. Hasta que esto cambie, el derecho a una vida libre de violencias nos seguirá convocando para denunciar y exigir los cambios que hacen falta.
(*) Victoria Gallo es responsable del Área de Políticas de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género)

Categorías:Interés General, Notas

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