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Río Grande: #19F Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto

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La Colectiva Feminista de Río Grande, se organiza para llevar adelante una movida en el marco del Día de Acción Verde por el Derecho al Aborto. La actividad será el día 19 de febrero a las 19 horas, en la Torre de Agua de la ciudad de Río Grande.

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Río Grande.- 13-09-2019.- Mediante un comunicado difundido en las redes sociales, las activistas de la Colectiva de la ciudad de Río Grande, explican: «El 19 de febrero del 2018 se realizó el primer pañuelazo federal, en un año histórico que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, específicamente;  los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Millones de personas a lo largo y ancho del país, Latinoamérica y el mundo replicaron esta acción, convirtiendo la lucha por el aborto legal en Argentina en una causa feminista mundial.
Mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y maricas nos juntamos, nos organizamos, tomamos las redes y llenamos las calles, para levantar nuestros pañuelos en señal de fuerza, unidad y solidaridad con una acción colectiva que inició hace catorce años y hoy es un símbolo del movimiento feminista internacional.

💚Este #19F todas y todes alzaremos simultáneamente los pañuelos y seremos marea».

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Activistas exigen al Gobierno de Tierra del Fuego la plena aplicación de la Ley de Interrupción del Embarazo

Integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Tierra del Fuego exigieron mediante una nota al Ministerio de Salud de la Provincia y otros organismos nacionales la plena aplicación de la Ley I.V.E -Interrupción Voluntaria del Embarazo-.

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Río Grande, 29 de julio del 2021.-Luego de más de seis meses de la promulgación de la Ley 27.610 la Regional TDF de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Regional Tierra del Fuego reclama su efectivo cumplimiento en toda la provincia.

La nota elevada al Ministerio de Salud de la Provincia, que también fue dirigida al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, a la Dirección Nacional de Salud Sexual y reproductiva y a la Subsecretaría de Políticas de Género de Tierra del Fuego, explica que “desde nuestra organización detectamos barreras que obstaculizan el acceso a este derecho en mujeres y personas con capacidad de gestar en el único hospital público de la ciudad de Río Grande, así como también falta de respuestas ante nuestros pedidos de reunión con autoridades del Hospital y del Ministerio de Salud.”

Según el documento “el Hospital Regional Río Grande no cuenta con médicos y médicas que garanticen la realización de la IVE, con lo cual derivan la atención al consultorio que se encarga de la atención primaria de salud y en situaciones donde requiere internación se deriva a la ciudad de Ushuaia.” La nota remarca que actualmente el Hospital Regional de la capital es la única institución en toda la provincia que garantiza la IVE en situaciones que requieren internación.

Sobre el consultorio descentralizado destinado a la atención de la demanda de I.V.E. en Río Grande declaran que “la solicitud de ecografías por parte del consultorio ILE/IVE también es una barrera ya que las y los ginecólogos se niegan a la práctica debiendo recurrir en muchos casos a los centros de salud municipales o al sector privado.”

Otra de las preocupaciones de la organización son los tratos que reciben las personas que quieren acceder a una Interrupción Legal del Embarazo cuando acuden al HRRG “desde la Regional tomamos contacto de manera cotidiana con mujeres y personas gestantes que fueron víctimas de malos tratos y retaceo de la información lo que se traduce en violencia institucional”, profundizaron.

Las personas integrantes de la Campaña exponen la falta de difusión de canales de acceso a este derecho “consideramos imprescindible que se realicen campañas masivas de comunicación sobre esta conquista de los feminismos en Tierra del Fuego que no se reduzcan sólo a las redes sociales sino que exista entrega de folletería y cartelería acorde en todos los hospitales y centros de salud” finaliza el documento.

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Interrupción Voluntaria del Embarazo: MuMaLá pedirá reuniones a los ministerios de Salud provinciales de todo el país

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La organización Mujeres de la Matria Latinoamericana y Libres y Diverses (MuMaLá) solicitará el jueves próximo reuniones a los ministerios de Salud de las provincias argentinas para transmitir propuestas y consultas «en el marco de la reciente aprobación y puesta en vigencia de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)».

 

Buenos Aires, 3 de Febrero de 2021.- MuMaLá sostuvo en un comunicado que, «como organizaciones del feminismo popular y disidente que acompaña, promueve y defiende los derechos de mujeres y colectivo lgbtiq+, con extensión territorial en todo el país acercaremos las siguientes propuestas y consultas», y enumera:

– Urgente información pública sobre los protocolos diseñados para la implementación de IVE, roles del 1er, 2do y 3er nivel de salud y vigentes para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE);

– Pedido de Registro Público de Objetores de Conciencia, mecanismos eficientes de derivación de situaciones, equipos de ginecología y obstetricia sin objetores de conciencia.

– Solicitud de canales de comunicación locales para consultas, información y denuncia de obstaculizaciones en la implementación de IVE e ILE o mecanismos de articulación nacional eficientes y rápidas.

– Solicitud de estrategias para la inclusión en el acceso a IVE – ILE de varones trans y demás identidades gestantes.

– Información sobre disponibilidad y distribución de anticonceptivos en el territorio provincial garantizados por el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

«Como organizaciones de la sociedad bregamos desde hace años por el cumplimiento de nuestros derechos sexuales y (no) reproductivos, en absoluta sintonía con lo dispuesto en Convenios Internacionales con rango constitucional en Argentina», agrega el comunicado de la organización .

La ley 27.610 es el fruto de la lucha y el esfuerzo de varias generaciones, su aplicación se verá enriquecida con la activa participación de la comunidad. Ejercicio que sin duda fortalecerá nuestra democracia, abundó.

Hoy más que nunca “Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto Legal para no morir”, concluye MuMaLá.

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La abogada Soledad Deza pidió que «el Poder Judicial no borre con el codo lo que escribió el Poder Legislativo con la mano»

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En la tarde del 29 de diciembre de 2020, horas antes de que abortar por fuera de las causales de 1921 sea un derecho, la senadora Silvia Elías de Pérez anunciaba en conferencia de prensa que judicializarían el aborto voluntario. Otros no fueron tan directos, pero también lo dijeron o lo dejaron entrever en sus grandilocuentes discursos de moralina feudal pronunciados mirándose al espejo, pero de espaldas a la realidad. Y así, con la impunidad que sólo dan ciertos lugares de poder en la política, la parte más rancia de nuestros representantes legislativos que pugnaba para que el aborto siga siendo clandestino e inseguro y avizoraba en ese momento una derrota, también anticipaba que mudarían la disputa política al campo del Poder Judicial.

 

Por Soledad Deza, abogada feminista tucumana, integrante de la Fundación Mujeres x Mujeres, militante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y quien logró el sobreseimiento de Belén, la joven que pasó casi tres años en prisión por un aborto espontáneo.

Una vieja estrategia conservadora, para un nuevo derecho. Acudir a la justicia para volver atrás es un clásico de los antiderechos. Judicializar para desconocer los derechos que no son afines con el dogma religioso que profesan y buscan conservar, es una constante antidemocrática que ya se desplegó con la anticoncepción hormonal de emergencia, con la creación del Programa de Salud Sexual, con el Protocolo para abortos en casos de violación y peligro para la salud o vida, con las Cátedras de Aborto en universidades públicas, con la implementación de la ESI. Por eso cuando nos preguntan si nos sorprenden las acciones que intentan y están por intentar en cada provincia en contra de la IVE, respondemos no.

Invocar la Constitución Nacional para darle mayor peso discursivo al argumento que se sostiene no es nuevo. «Inconstitucional» o «anticonstitucional» son caballitos de batalla para desacreditar una ley estatal. Pero la única verdad es la realidad y no importa cuánto repitamos este mantra porque la propia Constitución Nacional explica muy bien qué es inconstitucional en el artículo 31 cuando aclara que «esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales».

La pista entonces para entender por qué la protección de la vida desde la concepción -incluida en las Constituciones provinciales- no es un argumento válido para cuestionar la ley 27.610 es precisamente esa: la supremacía de la Constitución Nacional que es la regla de juego más importante que se da un país para sí mismo y por eso las provincias deben adecuarse a ella por el bien de la República y del sistema federal.

El problema de sentencias que suspenden la vigencia de un derecho reservado al Congreso sin tener las competencias para hacerlo no son lagunas jurídicas ni oscuridades legales. El problema de la judicialización conservadora es la connivencia históricamente probable y perfectamente posible -la República de Chaco hoy lo demuestra- entre sectores religiosos y juristas confesionales que no encuentran límites éticos para hacer una cruzada con la ley.

Las feministas estamos organizadas para resistir los embates políticos de la judicialización conservadora de la soberanía sexual. Pero es una responsabilidad democrática de todos que el Poder Judicial no borre con el codo lo que escribió el Poder Legislativo con la mano. O al menos que no lo haga en nombre de la Constitución Nacional.

Fuente: Telam

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